Revelaron los resultados de las pericias a los celulares de los acusados de matar a una nutria en Bahía Blanca Infobae
En medio de la investigación por el brutal asesinato de una nutria en Bahía Blanca, el secretario de la Fiscalía General, Santiago Garrido, informó que se encontró “información parcial” de lo que buscaban los investigadores, tras la inspección de los teléfonos celulares de Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre.
A partir del análisis forense, se logró recuperar el video original y completo del ataque animal, que fue grabado a principios del mes pasado. Previo a esto, algunos fragmentos de esa grabación se habían viralizado en redes sociales y fue el motor que impulsó el inicio de la investigación penal.
“Obtuvimos una información parcial de lo que buscábamos”, aseguró Garrido, tras confirmar que “el video completo se encontró en el teléfono de Bravo”. En línea con esto, explicó que esa prueba “sirve para corroborar toda la información que teníamos y garantizar su incorporación probatoria sin posibilidad de cuestionamiento por parte de la defensa”.
Ante las sospechas de que pudiera haber más personas involucradas en el hecho, los peritos no lograron identificar en ninguno de los dispositivos mensajes hacia una tercera persona. Sin embargo, los investigadores sospecharían que un posible encubridor habría transportado a la nutria muerta desde el lugar del hecho hacia otro destino, pero no se hallaron pruebas de esto.
Previo a que se abrieran los teléfonos, Garrido había planteado: “Buscamos mensajes con terceras personas que fueron las que concurrieron ese sábado a la mañana para llevarse el cuerpo del coipo, momentos antes de que llegue la Policía Ecológica para trasladar el cuerpo y hacer la autopsia”.
De acuerdo con la información obtenida por La Nueva, el secretario de la Fiscalía General señaló que, ante la falta de indicios en los teléfonos, en los próximos 15 días los dispositivos serán sometidos a un análisis técnico más exhaustivo. Para esto, se utilizará el sistema UFED (Universal Forensic Extraction Device) para intentar recuperar posibles mensajes eliminados que pudieran aportar información sobre el presunto encubrimiento.
En paralelo, los peritajes de los dispositivos revelaron que los acusados recibieron más de tres mil amenazas luego de que se viralizara el video. Según los datos provistos por La Brújula 24, este hallazgo derivará en la apertura de una causa paralela, que aún estaría pendiente de ser asignada a otra Fiscalía.
En esta nueva línea de investigación, las autoridades buscarían identificar a los autores de las amenazas y determinar si esos mensajes constituyen delitos. Por esto, los especialistas analizarán el contenido, las cuentas emisoras y la gravedad de cada intimidación.
La apertura de la causa por amenazas en contra de Bravo y Santerre ya había sido solicitada por sus abogados, quienes apuntarían a que las personas que logren ser identificadas enfrenten consecuencias penales.
Cabe destacar que el Código Penal establece que los delitos de amenazas pueden ser considerados más graves que los de maltrato animal. Por ello, de comprobarse la existencia de amedrentamientos, algunas personas quedarían expuestas a sanciones judiciales superiores a las que enfrentan los propios acusados por la muerte de la nutria.
El caso
El sábado 6 de junio, un video en el que Bravo acorraló y golpeó a una nutria en la vereda de Paraguay al 500, en Bahía Blanca, se viralizó rápidamente en redes sociales. La grabación también permitió identificar a Santerre como quien capturó la secuencia con un teléfono móvil.
Durante el registro audiovisual se escucha a uno de los jóvenes decir: “Vamos a matarlo y lo hacemos escabeche”, mientras ambos debaten si el animal era una nutria o un carpincho. El ejemplar, de color marrón y unos 60 centímetros de largo, había sido localizado días antes por personal municipal de Zoonosis, que intentó rescatarlo sin éxito.
La Fundación Grupo Alianza Animal recibió el video después de que una usuaria etiquetara a la organización para visibilizar el caso. A raíz de ello, Morena Loncaric, presidenta de la organización, reunió pruebas y presentó una denuncia penal por maltrato animal seguido de muerte.
Loncaric relató que no pudo ver completo el video debido al impacto de las imágenes y remarcó que el hecho debía tener consecuencias judiciales. Tras la difusión, se multiplicaron en redes los pedidos de datos personales y domicilios de los jóvenes. Ante esa escalada, la titular de la entidad entregó la información únicamente a la Policía para evitar que el caso se desbordara fuera del ámbito judicial.
Como consecuencia, los acusados cerraron sus perfiles en redes, mientras las autoridades solicitaron colaboración a testigos presenciales, considerándolos piezas clave en la causa. La fundación señaló la posible participación de más personas o testigos y enfatizó que corresponde a la Justicia determinar las responsabilidades.
En tanto, la Municipalidad de Bahía Blanca anunció que se presentará como particular damnificado y que trabaja junto al fiscal Garrido para avanzar en la investigación. Desde el municipio subrayaron que “la violencia hacia los animales nos interpela como sociedad y exige una respuesta firme por parte del Estado”, insistiendo en que estos episodios “no pueden ser relativizados ni naturalizados”.
