Navarrete ve posible que EE.UU. actúe directamente si México no atiende solicitudes de entrega Editorial Aristegui Noticias
Carlos Navarrete, expresidente del Senado de la República y exdirigente nacional del PRD, sostuvo que los señalamientos provenientes de autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre actividades ilícitas, financiamiento político y redes de contrabando de combustibles representan una situación de alta presión para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el también integrante del Consejo Consultivo del partido Somos México, afirmó que la información que ha surgido desde Estados Unidos sobre operaciones vinculadas al huachicol y posibles flujos de recursos ilegales hacia campañas políticas forma parte de un proceso que, dijo, se ha venido acumulando durante los últimos años.
“Estamos frente a las consecuencias de una herencia maldita heredada del anterior sexenio encabezado por Andrés Manuel López Obrador”, declaró. Según el exlegislador, la información que autoridades estadounidenses han dado a conocer “va hilando puntada a puntada elementos, informaciones, indicios que en México son de sobra conocidos”.
Navarrete consideró que la presidenta enfrenta limitaciones políticas para tomar decisiones frente a este escenario y aseguró que existe una presión creciente derivada de la información que posee el gobierno estadounidense.
“No me gusta ni tantito la injerencia norteamericana en México”, señaló. Sin embargo, agregó que “las presiones se derivan de información precisa” y sostuvo que las autoridades de ese país han reunido información a partir de investigaciones y testimonios de personas actualmente bajo su jurisdicción.
En ese contexto, planteó que la mandataria deberá definir una ruta de actuación. “Creo que tendrá que llegar el momento (…) en que tenga que tomar una decisión o defiende al país, o defiende su gobierno o protege en este pacto de impunidad a quienes ella sabe perfectamente que están en su gabinete, que están en las cámaras de Congreso, que están en su partido”.
En torno a los requerimientos de las autoridades estadounidenses para la entrega de personas reclamadas por la justicia de ese país, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios estatales a quienes señala de cargos relacionados con el narcotráfico, Navarrete afirmó que no descarta escenarios de intervención directa si no se atienden dichas solicitudes.
“No dudo absolutamente ni un momento que una intervención para extraer personajes señalados por la justicia norteamericana es totalmente posible”, dijo. Más adelante añadió: “No la deseo, no la invoco, pero no descarto que en cualquier noche, cualquier mañana (…) aparezcas con la noticia de que en la noche hubo una extracción”, señaló a la periodista Carmen Aristegui.
El exdirigente perredista vinculó esta situación con los señalamientos recientes sobre el robo y contrabando de combustibles, y la alerta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que refiere operaciones financieras sospechosas por más de 7 mil millones de dólares relacionadas con esquemas de huachicol y organizaciones criminales.
Navarrete sostuvo que las dimensiones del presunto contrabando de combustibles implican la participación de múltiples instancias gubernamentales y actores económicos.
“Son barcos cargados con millones de litros, son facturaciones, interviene el SAT, intervienen aduanas, interviene la Guardia Nacional, interviene el ejército, intervienen gobernadores, intervienen los del territorio”, afirmó.
También señaló que las autoridades estadounidenses han identificado estructuras financieras y operativas relacionadas con estas actividades y consideró que las consecuencias políticas de esas investigaciones aún no han concluido.
“Los norteamericanos cada momento nos van dosificando información”, dijo. A su juicio, ello ha generado preocupación dentro de sectores del gobierno y del movimiento gobernante.
Navarrete aseguró que funcionarios federales rechazan los cuestionamientos sobre estos temas porque, sostuvo, carecen de elementos para rebatirlos públicamente: “Todos los voceros del gobierno, empezando por la presidenta de la República, se niegan totalmente a dar la menor credibilidad a datos duros, a cifras, a información incluso oficial del propio gobierno porque saben lo que está detrás de ello”.
El exsenador concluyó que la presión derivada de las investigaciones sobre huachicol, financiamiento político y operaciones financieras transfronterizas continuará creciendo y advirtió que, si no se toman decisiones, “más temprano que tarde” la situación podría escalar políticamente para el gobierno federal.
