Destrucción del patrimonio arqueológico El Sur de Acapulco
Rubén Aguilar Valenzuela
El ahora presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, cuando fue coordinador de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en la península de Yucatán, sobornó con 200 mil pesos a comisariados ejidales y comisarios de bienes comunales, para garantizar que las comunidades firmaran las actas de aceptación, para que sobre sus tierras pasara el Tren Maya.
Esto lo convirtió en un aliado estratégico del presidente López Obrador (2018-2024), cabeza en la destrucción de la selva en esa zona del país, donde se tiraron 20 millones de árboles, y se destruyeron cuevas, cenotes, ríos subterráneos y también se hizo un daño irremediable al patrimonio arqueológico del país, por ese trabajo López Obrador lo premió haciéndolo presidente de la SCJN, en la elección de los acordeones.
Arqueólogos, como Fernando Cortés de Brasdefer, reconocen como un crimen de lesa arqueología lo que hizo López Obrador, y aseguran que 200 vestigios arqueológicos fueron destruidos en las obras a lo largo de la ruta del Tren Maya, en Campeche y Quintana Roo, donde estos fueron mutilados, separados de sus contextos originales y luego recolectados en nuevos sitios, que son los Parques de la Memoria, una aberración y un crimen al método de trabajo de la arqueología.
El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, sobre esta aberración científica ha dicho: “lo que vemos a través de inspecciones, videos y fotografías es desolador. El traslado de fachadas y otros elementos para formar los llamados Parques de la Memoria son muestras de lo que no se debe de hacer”.
Hasta ahora el INAH, no ha dado a conocer un informe de la dimensión del crimen de lesa arqueología que la misma institución encabezó, avaló y justificó. La arqueóloga Noemí Castilla sostiene que “hubo falta de ética de quienes trabajaron en esta obra, el colmo es esta mentira que nos venden como parque”. El arqueólogo Jesús E. Sánchez, el primero que realizó un dictamen sobre los daños, se pregunta quien dentro del INAH fue el que autorizó el crimen, y todo remite al que en ese entonces era su director, el arqueólogo Diego Prieto, que desde un principio de la obra se sometió a López Obrador.
El nuevo director del INAH, el arqueólogo Omar Vázquez, ha asumido, como parte del gobierno de Morena, la defensa del crimen de lesa arqueología, y la aberración arqueológica de la construcción de los Parques de la Memoria, como la única posibilidad de “salvar” lo ya destruido, con el aval del propio INAH. El oficialismo defiende también el trabajo del arqueólogo, Manuel Pérez Rivas, director del Proyecto de Salvamento Arqueológico Tren Maya, que en realidad fue uno de los líderes de la destrucción del patrimonio milenario.
@RubenAguilar
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