La crisis energética golpea con más fuerza a los países en desarrollo MPV
La escalada del conflicto en Oriente Medio está elevando los precios de la energía y amenaza con provocar un incremento en el costo de los alimentos, reducir la producción agrícola y agravar la presión financiera sobre los países de menores ingresos, advierten nuevos informes de organismos internacionales.
La incertidumbre generada por el conflicto en Oriente Medio comienza a extender sus efectos mucho más allá de la región. Dos recientes informes elaborados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) alertan que el aumento sostenido de los precios del petróleo podría tener consecuencias especialmente severas para los países en desarrollo, afectando la producción de alimentos, las finanzas públicas y la calidad de vida de millones de personas.
Los especialistas advierten que el encarecimiento de los combustibles repercute directamente en el costo de los fertilizantes, un insumo indispensable para la agricultura moderna. Si los elevados precios de la energía registrados durante la primera mitad de 2026 se mantienen, la producción mundial de cereales podría disminuir un 0,9 % en 2027, según las proyecciones del informe conjunto de la FAO y la OCDE.
Las consecuencias serían aún más profundas para los países de bajos ingresos. En estas economías, donde la agricultura representa una fuente fundamental de empleo y abastecimiento de alimentos, las cosechas podrían reducirse hasta un 1,7 %. La menor disponibilidad de fertilizantes afectaría los rendimientos agrícolas y, al mismo tiempo, las mayores dificultades para importar alimentos complicarían la capacidad de compensar las pérdidas de producción nacional.
El informe señala que este escenario tendría un impacto directo sobre los hogares más vulnerables. Ante el aumento de los precios de los alimentos y la disminución del poder adquisitivo, muchas familias se verían obligadas a reducir su consumo y sustituir productos ricos en proteínas, como carne, huevos o lácteos, por alimentos básicos de menor costo y menor valor nutricional, incrementando así el riesgo de inseguridad alimentaria y malnutrición.
A pesar de este panorama, las proyecciones de largo plazo continúan siendo moderadamente optimistas. La FAO y la OCDE estiman que la producción agrícola y pesquera mundial podría crecer un 13 % hacia 2035 gracias a mejoras en productividad, innovación tecnológica y prácticas agrícolas más eficientes. Sin embargo, advierten que estas previsiones dependen de la estabilidad de los mercados internacionales y podrían verse alteradas por nuevos conflictos, crisis energéticas o interrupciones en el suministro de fertilizantes.
El estudio también advierte sobre la creciente vulnerabilidad económica del sector agrícola. Existe una probabilidad cercana al 25 % de que, para 2035, los ingresos agrícolas por trabajador sean inferiores a los actuales si continúan repitiéndose las perturbaciones económicas y geopolíticas registradas durante los últimos años.
En paralelo, un segundo informe divulgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo pone el foco en las finanzas públicas. El organismo estima que los subsidios destinados a contener el precio de los combustibles fósiles podrían alcanzar este año los 1,1 billones de dólares, una cifra que supera en aproximadamente 410.000 millones de dólares la registrada en 2025.
El PNUD advierte que, si el precio internacional del petróleo llegara a promediar los 110 dólares por barril, el gasto mundial en subsidios energéticos podría elevarse hasta 1,43 billones de dólares. Muchos gobiernos de ingresos bajos y medios han recurrido a subsidios, reducciones fiscales, controles de precios y otras medidas para amortiguar el impacto sobre consumidores y empresas, pero estas decisiones implican un elevado costo para las finanzas públicas.
Según el organismo, los recursos destinados a contener el aumento de los combustibles limitan la capacidad de los Estados para invertir en sectores estratégicos como educación, salud, infraestructura y energías renovables. El administrador del PNUD, Alexander De Croo, advirtió que recursos que deberían utilizarse para construir escuelas, hospitales o impulsar la transición energética están siendo destinados simplemente a sostener el funcionamiento de las economías frente al aumento de los costos energéticos.
La situación resulta aún más delicada debido al creciente endeudamiento de numerosas economías emergentes. El informe calcula que el país mediano en desarrollo destinará este año el 9,53 % de sus ingresos públicos únicamente al pago de intereses de su deuda, el nivel más elevado registrado en los últimos 25 años y prácticamente el doble del observado hace una década.
De acuerdo con el PNUD, cerca de la mitad de los países más pobres ya enfrenta una situación de sobreendeudamiento o presenta un alto riesgo de caer en ella. En este contexto, el incremento de los precios de la energía representa una doble amenaza: por un lado, reduce la disponibilidad y el acceso a los alimentos y, por otro, limita la capacidad de los gobiernos para proteger a sus poblaciones mediante programas sociales e inversiones que impulsen un desarrollo sostenible.
Los organismos internacionales coinciden en que la estabilidad de los mercados energéticos será determinante para evitar que la actual crisis se transforme en una nueva emergencia alimentaria y financiera para los países más vulnerables. Asimismo, insisten en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, acelerar la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y mejorar la resiliencia de los sistemas agrícolas frente a futuras perturbaciones globales.
