Cállense El Imparcial
Denise Dresser
Todos vimos el video. Cuesta trabajo olvidarlo. Hombres vestidos de negro, algunos encapuchados, descienden con rifles de asalto y chalecos tácticos frente a una casa en Nanchital, Veracruz. Derriban la puerta. Gritan órdenes. Los hijos lloran. La familia suplica. A Roxana Berenice Guzmán Ramírez la golpean, y se la llevan mientras aseguran que “va a la comandancia”. Durante unos segundos resulta imposible distinguir si quienes irrumpieron son policías o sicarios. Tal vez porque, en demasiados lugares de México, esa diferencia hace tiempo dejó de ser evidente.
Después vino el vacío. Semanas de incertidumbre. La búsqueda desesperada de su familia. Luego la detención de policías municipales y presuntos integrantes del crimen organizado. Y finalmente, la noticia que nadie quería escuchar: Todo indica que Roxana fue asesinada. Falta saber quién dio la orden y por qué. Pero el mensaje sí quedó perfectamente claro: Cállense.
Hoy ese mensaje llega con balas, con desapariciones y también con leyes. Mientras en Veracruz desaparecen periodistas, en San Luis Potosí se perfecciona otro método para conseguir exactamente el mismo resultado. La llamada “Ley Serrano” nació con un argumento atendible: Regular el uso malicioso de la inteligencia artificial. Nadie niega que los deepfakes representan un problema. Nadie discute que la tecnología puede destruir reputaciones o manipular procesos electorales. El problema no es regular; el problema es legislar para perseguir.
La reforma de San Luis Potosí utiliza conceptos tan imprecisos como “alarma social”, “afectación” o “uso indebido” que dejan en manos de la autoridad decidir qué publicación merece una investigación penal. Y esa discrecionalidad es usada en un Estado donde periodistas ya fueron detenidos por publicaciones incómodas, donde el propio diputado que promovió la ley denuncia a comunicadores críticos y donde el Gobernador descalifica como inteligencia artificial aquello que políticamente le perjudica. La censura del siglo XXI ya no necesita quemar periódicos. Le basta criminalizar periodistas.
Y tampoco termina ahí. Desde Palacio Nacional se construye otra forma de disciplinamiento. En las conferencias mañaneras -a pesar de precedentes jurídicos ya asentados- Luisa María Alcalde sigue difamando a periodistas, sigue desacreditando investigaciones y sigue señalando supuestas mentiras para descalificar a quienes documentan aquello que el poder preferiría mantener oculto. En días recientes volvió a ocurrir con una investigación difundida por el portal de Carmen Aristegui sobre 165 mil barriles diarios desaparecidos en Pemex. El “Detector de Mentiras” gubernamental busca generar sospechosismo social sobre quienes revelan lo incómodo y lo real.
No es casualidad que todo esto ocurra al mismo tiempo. En un país donde una parte importante de las agresiones contra periodistas provienen del propio Estado y donde proliferan las investigaciones sobre autoridades locales infiltradas o asociadas con organizaciones criminales, controlar la información se vuelve una prioridad política. Porque quien investiga estorba. Quien documenta incomoda. Quien pregunta desordena la narrativa oficial. Por eso el nuevo autoritarismo mexicano ya no tiene un solo rostro. Conserva el autoritarismo analógico: El de los hombres armados que irrumpen de madrugada, el de las desapariciones, el de las amenazas, el de periodistas asesinados como Roxana Guzmán. Pero ahora suma un autoritarismo digital y burocrático: Leyes ambiguas, fiscalías utilizadas para intimidar, campañas de estigmatización desde el poder y conferencias mañaneras convertidas en tribunales donde el Gobierno decide quién informa y quién “miente”.
Un régimen seguro de sí mismo no necesita silenciar periodistas. Sólo los gobiernos que temen a la verdad convierten la crítica en delito y el periodismo en enemigo. Porque el objetivo de la “Ley Serrano” no es regular la inteligencia artificial. No es combatir la desinformación. No es proteger a la ciudadanía. El objetivo es mucho más sencillo: Que nadie vea, que nadie pregunte, que nadie publique, que nadie hable. Y cuando el poder exige silencio y el crimen organizado lo hace cumplir, ya no estamos frente a episodios aislados de censura. Estamos viendo cómo se construye, pieza por pieza, un país donde la verdad se vuelve clandestina y decirla puede costar la libertad o la vida.
