Descarada violación a la ley electoral Impacto

Una burla la elección de “coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía” * Es una manera nada disimulada de hacer fraude, de aparentar que se respeta la ley, pero haciendo trampa. Lo sabe Dios, lo sabe el mundo, de esos “coordinadores” salen sus candidatos a elecciones

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

Pronóstico reservado.

Ya muy viejita, tía Rebeca, de las de Autlán, contó que una vez le dijo a su marido, tío Macro, un gigantón temido y muy atravesado, por qué no decía nada de que sus cinco hijas fueran unas güilas redomadas y que él contestó, “cada quien sus calzones”, y ella entonces agregó “entonces no te molesta” y tío Macro muy tranquilo, soltó: -… mientras no cobren… porque en esta casa, putas, no -eran sus ideas.

ASOCIACIONES DELICTUOSAS

A ver, sin apasionarse, sin aplaudir antes de tiempo, en frío: el movimiento (que no partido, no todavía, tal vez nunca) llamado Morena y el gobierno (el federal y no todos, pero no pocos, de las entidades) son asociaciones delictuosas.

No se trata de insultar a nadie, se trata de revisar dónde estamos y a dónde vamos. Habrá gente de buena fe en el movimiento y el gobierno, sin duda; gente inteligente, por supuesto; pero eso no cambia la naturaleza de ambas entidades, son organizaciones delictivas.

Importa advertir que, conforme a nuestras leyes, no son delincuencia organizada, ni Morena ni el gobierno, pero sí asociaciones delictuosas.

Dice la Constitución Política (Artículo 16, párrafo 9) que es delincuencia organizada cuando tres o mas personas se organizan para cometer los delitos previstos en el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, por ejemplo: terrorismo, lavado de dinero, narcotráfico, otros muy feos… y delitos en materia de hidrocarburos.

Así, los políticos y funcionarios corruptos y tramposos no son delincuencia organizada, pero los que están metidos en lo del huachicol fiscal, sí.

Morena y el gobierno son asociaciones delictuosas como las define el artículo 164 del Código Penal Federal que a la letra dice: “Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir (…)”.

No excluye delitos, cualquier delito y peor: no se necesita cometer un delito, basta el solo hecho de “formar parte de la asociación”.

Pero hay que hilar fino porque no toda violación a la ley es delito. A brocha gorda, en México es delito lo que sanciona el Código Penal.

Lo demás puede ser infracción o falta administrativa, por los que nadie se va al bote. Quedamos.

Una advertencia: los grupos de funcionarios que se coluden para robar del erario no hacen de Morena y el gobierno asociaciones delictuosas; ellos, los coludidos, serán asociaciones delictuosas, cada grupo por su lado, pero no todo el gobierno ni Morena, aunque haya más que varias de esas asociaciones para delinquir en el gobierno, nada más piense en esa enormidad de organización gubernamental para lo del huachicol fiscal o en la obvia complicidad-colusión de algunos gargantones con el crimen organizado.

Lo que hace de Morena y el gobierno asociaciones delictuosas es su descarada violación a la ley electoral.

El partido guinda, con el cinismo que los caracteriza y la seguridad que les da saberse impunes, publicó su convocatoria para seleccionar “a las y los Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía”; esto, lo entiende cualquier tenochca debidamente destetado, es la precampaña de quienes busquen ser candidatos a gobernador en los 17 estados en que habrá elecciones.

Es una manera nada disimulada de hacer fraude a la ley electoral, de aparentar que se respeta, pero haciendo trampa. Lo sabe Dios, lo sabe el mundo, de esos “coordinadores” salen sus candidatos a elecciones.

Algunas violaciones a la ley electoral están sancionadas con cárcel en el Código Penal, por lo que son delitos. Así, Morena y el gobierno son asociaciones delictuosas.

Y no lo dude, el artículo 406 del Código Penal, receta hasta seis años de cárcel al funcionario partidista o al candidato que (fracción VII) eche mano de dinero proveniente de actividades ilícitas para su campaña electoral; y esas actividades ilícitas, no se sorprenda, incluyen las del crimen organizado.

Aparte, el artículo 407 fracción III, obsequia con hasta nueve años “a la sombra” a quien apoye a un partido político o candidato con dinero del erario o bienes del gobierno; y si hace eso, pero no es funcionario, si es de un partido político o es de los que organizan campañas, le tocan los mismos nueve años de hospedaje pagado en alguna cárcel.

Y si lo anterior fuera poco, los que acuerden o preparen la realización de estos delitos (artículo 13, I) no alcanzan libertad provisional. Es cosa seria y todo eso hacen Morena y el gobierno. Todo.

De estos descarados actos anticipados de campaña, la ley electoral dispone sanciones que llegan a la cancelación de la candidatura y del registro del partido. No lo veremos.

No lo veremos y no lo vimos, por ejemplo, con doña Sheinbaum Pardo, que podía empezar legalmente su precampaña hasta el 20 de noviembre de 2023, pero -bajo la batuta del entonces Pejecutivo- la empezó a mediados del año 2022, cuando nos pintaron el país entero con eso de “Es Claudia”; luego en 2023 ya realizó giras nacionales y eventos masivos, hasta llegar a la fecha oficial.

Se anticipó unos 16 meses y se gastaron carretadas de dinero. ¿Y?… y nada, igual que en las elecciones de gobernadores del 2021, cuando aparte de esas triquiñuelas, el crimen organizado -de manera abierta- operó electoralmente, a su violento estilo, en favor de los candidatos de Morena.

En rigor la autoridad electoral debió cancelar la candidatura de doña Sheinbaum (aparte de auditar de dónde salió esa catarata de dinero).

No pasó, claro que no, pero eso no quita el origen ilícito de su candidatura y su elección. ¿Y?… y nada, ya quedamos.

Ahora como Morena y el gobierno ya conocen el caminito, están repitiendo esa estrategia de burlarse de la ley electoral, nada más que las cosas han cambiado, no poco, aunque no se note.

De aquí a las elecciones intermedias de 2027, el problema no será que los partidos políticos opositores documenten todo eso y lo informen al Instituto Nacional Electoral (INE) y luego al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en donde los mandarán a volar, sino que el Tío Sam está muy atento a que no siga creciendo en México esa Hidra de siete cabezas de la influencia política del narco. Y eso es de pronóstico reservado.

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