Bloqueo de UIF cae en juzgado

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya realiza bloqueos de cuentas bancarias a ciudadanos en Aguascalientes ante la presunción de actividades ilícitas, bajo criterios relacionados con posibles operaciones de lavado de dinero, movimientos financieros atípicos e inconsistencias fiscales.
El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado concedió un amparo a un ciudadano afectado por un bloqueo de la UIF, al determinar que, en este caso, la inmovilización de recursos vulneró el principio de seguridad jurídica.
La sentencia, emitida por el juez Óscar Osorio Álvarez, resolvió a favor del quejoso luego de considerar que el bloqueo ordenado por la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, careció de sustento constitucional, al haberse basado únicamente en investigaciones y datos de origen nacional, sin fundar ni motivar debidamente el acto.
El caso se originó en diciembre de 2025, cuando el ciudadano intentó realizar una compra de gasolina con su tarjeta de débito y la operación fue rechazada. Posteriormente, la institución bancaria le notificó que sus cuentas habían sido inmovilizadas por instrucciones directas de la UIF, lo que derivó en la promoción de un juicio de amparo.
Como parte de su defensa, la UIF argumentó que detectó múltiples operaciones presuntamente irregulares. Entre ellas, destacó retiros millonarios en efectivo sin justificación comercial aparente, depósitos elevados poco tiempo después de la apertura de cuentas bancarias y movimientos financieros incompatibles con los ingresos reportados por el ciudadano.
Asimismo, la autoridad financiera señaló posibles estrategias de lavado de dinero, incluyendo la compra de un vehículo de alta gama y la presunta triangulación de recursos mediante cheques de caja. También refirió inconsistencias fiscales, entre ellas la ausencia de declaraciones anuales y posibles irregularidades en domicilios registrados.
Como efecto del amparo, la UIF deberá cancelar el bloqueo aplicado específicamente a este ciudadano y notificar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que las instituciones financieras liberen de inmediato el acceso a sus recursos, una vez que la sentencia cause ejecutoria.
El juez precisó que la UIF conserva plenamente sus facultades de investigación, por lo que podrá continuar con las indagatorias financieras y, en caso de encontrar elementos suficientes, presentar las denuncias correspondientes.