La esposa de Pedro Sánchez está acusada de corrupción. Eso podría beneficiarlo Infobae

A primera vista, el juicio a Begoña Gómez parece un posible tiro de gracia para el presidente español, pero los analistas dicen que se está convirtiendo en una ventaja para su sobrevivencia política.

Los casos de corrupción siguen acumulándose en torno al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y afectan a sus aliados políticos, colaboradores y exministros. Incluso su esposa, Begoña Gómez, tenía que entregar su pasaporte este miércoles después de que un juez le ordenara comparecer en un juicio por corrupción.

A primera vista, el juicio a Gómez podría parecer un tiro de gracia para Sánchez, el líder de izquierda que más tiempo lleva en el cargo en Europa y que ha ganado relevancia internacional por plantarle cara al presidente Donald Trump en temas como Irán y la migración. Pero los analistas dicen que el presidente, conocido por su capacidad de supervivencia, está convirtiendo el caso contra su esposa en una vía de resistencia política.

El gobierno sostiene que el caso es una campaña difamatoria llena de fallas por parte de un juez obsesionado, cuya sentencia comparó al gobierno de Sánchez con "regímenes absolutistas". A Gómez se le acusa de usar indebidamente su influencia para favorecer la adjudicación de un contrato público a empresas con las que tiene vínculos personales y profesionales. Ella niega la acusación, y quienes la apoyan han acusado al juez de hacer de ella una víctima para perjudicar a su esposo.

Los analistas dicen que, al presentar a la familia Sánchez como víctima de una campaña de desprestigio desmesurada, el gobierno busca enturbiar todas las aguas judiciales. Esa táctica, si tiene éxito, podría mitigar el daño a la reputación que causaron los otros casos, incluida una condena de 24 años por corrupción dictada esta semana contra un aliado clave de Sánchez, según Pablo Simón, politólogo de la Universidad Carlos III de Madrid.

Simón dijo que la estrategia parece ser que dé la impresión de que se trata de un juicio contra el gobierno mismo.

Cuando se le pidieron comentarios, una vocera del gobierno se mostró indignada ante la insinuación de que el caso de Gómez le haya dado ventaja política a su marido.

Pero en privado, altos cargos del gobierno y del partido de Sánchez dicen que el caso contra su esposa fue una herida que sus oponentes se autoinfligieron. Al igual que sus enfrentamientos con Trump, el juicio de su esposa le ha dado un tema con el que movilizar a los votantes de izquierda poco entusiastas.

El miércoles por la mañana, Sánchez reconoció la preocupación que ha generado la oleada de casos, pero insistió en que su gobierno había erradicado la corrupción y que la justicia debía seguir su curso. También dijo que era necesario examinar "la anatomía" de los casos para disipar lo que él llamó un intento de "confundir" creado por sus oponentes políticos.

A continuación, se refirió a los "casos abiertos contra mi familia, contra mi esposa y contra mi hermano", quien también está siendo juzgado por tráfico de influencias. Fue interrumpido cuando dijo que le costaba hablar de los casos porque "afectan a personas que quiero y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas".

Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición conservadora, habló justo después de Sánchez e intentó meter el caso de Gómez en el mismo saco que los demás para crear una sensación general de culpabilidad.

"Esto no son piedras en el camino; esto es su corrupción", dijo Feijóo, quien exigió nuevas elecciones. "Pero, hombre, justificar todo esto, eso es imposible", dijo mientras leía una lista de casos.

Gómez ha estado bajo investigación desde 2024, cuando un grupo conservador que se autodenomina anticorrupción presentó una denuncia contra ella. El fin de semana pasado, un juez ordenó que fuera a juicio por los cargos de malversación, corrupción, tráfico de influencias y apropiación indebida.

A ese juez, Juan Carlos Peinado, los conservadores le han mostrado su aprecio a las puertas de su oficina. Pero altos cargos del gobierno lo han acusado de parcialidad.

Óscar Puente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, dijo que se trataba de "una obsesión enfermiza por parte de Peinado por llevarse por delante a la mujer del Presidente del Gobierno". Patxi López, un líder del Partido Socialista Obrero Español en el Parlamento, dijo que "no tendría que ser juez". Otros, en defensa de la esposa de su jefe, han sacado a relucir los vínculos entre la esposa e hija de Peinado y políticos conservadores en Madrid. "No deja de ser tampoco una casualidad perversa", dijo Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.

Los analistas han especulado con que el juez, que en septiembre cumplirá 72 años --la edad de jubilación obligatoria--, está llevando a cabo una última cruzada política.

Peinado no respondió a una solicitud de comentarios y tampoco se ha pronunciado en ningún otro sitio sobre las críticas.

Quienes critican al juez, además de encontrar fallas en su sentencia de 84 páginas, se han enfocado en el hecho de que tribunales superiores ya habían desestimado anteriormente algunas de las iniciativas de Peinado contra Gómez, y las calificaron de infundadas. Los sindicatos de la Policía Nacional han rechazado el argumento del juez para confiscar el pasaporte de Gómez, en el que insinuaba que los agentes de policía asignados a su protección podrían "facilitar esa fuga".

Las tensiones en torno a Gómez y otros casos de corrupción han dividido a la sociedad y, según los analistas, han minado la confianza de la gente en los políticos y en el poder judicial.

Todas estas disputas políticas en torno a los tribunales, dijo Simón, han creado el peligro de una mayor polarización y la erosión de las instituciones. Es algo que cada vez se ve más, añadió.

Carlos Barragán colaboró con reportería.

Jason Horowitz es el jefe del buró en Madrid del Times; cubre España, Portugal y cómo vive la gente en Europa.

Carlos Barragán colaboró con reportería.