(AMP) Justicia de EEUU rechaza embargar activos a la selección española en el Mundial por impagos a renovables

La Justicia de Estados Unidos ha blindado a la selección española de fútbol de las amenazas de embargo durante el Mundial que se está celebrando en el país por los acreedores que pleitean con el Reino de España por el cobro de las indemnizaciones por los recortes a las renovables en 2013.

Así, en un fallo emitido el pasado 22 de junio por el juez John D. Bates al que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha estimado la petición de España y ha ordenado modificar las citaciones judiciales (conocidas como "subpoenas") con las que acreedores como el fondo Blasket buscaban obtener información financiera de los proveedores del equipo nacional en el torneo.

El demandante, Blasket Renewable Investments, obtuvo un fallo final a su favor por más de 47 millones de dólares (unos 41,45 millones de euros) contra el Reino de España para reconocer un laudo arbitral extranjero y en sus esfuerzos por cobrar la deuda (descubrimiento de bienes postjuicio), emitió citaciones a terceras empresas con sede en Estados Unidos que prestan servicios a la Selección Nacional de Fútbol de España en el marco de su participación en el Mundial de la FIFA 2026.

No obstante, el Reino de España presentó una moción para anular o modificar estas citaciones y, a pesar de que Blasket argumentó que España no tenía legitimación para oponerse a citaciones dirigidas a terceros, el juzgado resolvió que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la selección nacional no son "alter egos" del Estado.

NO SON "ALTER EGOS".

Así, el juzgado estima en su fallo que para poder investigar los activos de una entidad instrumental de un país soberano, se debe demostrar que es un "alter ego" ampliamente controlado por el Estado.

En concreto, según el fallo, se constató que la Federación opera con independencia presupuestaria y es gestionada por un presidente y una asamblea general electos.

Por su parte, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico valoraron que el fallo del juzgado ordena a Blasket que elimine a la Real Federación Española de Fútbol y a la selección nacional, así como al Banco de España, de su definición de España, y que modifique las "subpoenas", según sea necesario, "para que se ajusten a las órdenes previas del Tribunal en este caso, incluida la orden de confidencialidad de 9 de junio de 2026".

DOCUMENTOS EXIGIDOS POR BLASKET A TERCEROS, IRRELEVANTES.

A este respecto, destacaron que, en su fallo, el juez Bates considera que España ha demostrado que los documentos que Blasket exige a terceros proveedores del Mundial de Fútbol "son, en gran medida, irrelevantes para identificar los bienes embargables de España, al considerar a la RFEF y a la selección nacional como entidades independientes que no pueden considerarse como "alter ego" del Reino de España".

Además, señalaron que la orden sostiene que España "tiene legitimación para solicitar la anulación de las "subpoenas" alegando que estas acosan a la selección nacional y a la RFEF al recabar información privada sobre sus finanzas que no guarda relación con España para ejecutar su sentencia de reconocimiento del laudo, calificando estas subpoenas como excesivamente amplias y una carga excesiva".

Esta sentencia da al Gobierno español aire en su "batalla" con los acreedores por los impagos de los laudos arbitrales internacionales por los recortes a las renovables en 2013, que habían llegado a ofrecer un acuerdo para constituir una fianza ante los tribunales estadounidenses para suspender las medidas de ejecución que afectaban a activos e intereses del Estado, y con la que amenazaba ahora en pleno Mundial de Fútbol 2026.

España tiene actualmente pendientes de pago cerca de treinta laudos arbitrales internacionales derivados de los cambios retroactivos introducidos en su régimen de energías renovables.

En Estados Unidos, los inversores han obtenido hasta siete sentencias federales firmes a su favor, por un importe total cercano a los 700 millones de euros. Además, los acreedores han logrado resoluciones favorables o mantienen procedimientos activos en jurisdicciones como Bélgica, los Países Bajos, el Reino Unido, Australia y Singapur.

La deuda total de España con estos acreedores por los recortes a las renovables ascienden a más de 2.330 millones de euros, de los cuales unos 553 millones de euros son en concepto de intereses de demora, costas judiciales y otros recargos.

Hasta la fecha, España solo ha satisfecho uno de los laudos, correspondiente al caso JGC. Permanecen, por tanto, unas 28 decisiones arbitrales pendientes de ejecución y en situación técnica de impago.