¿El Gobierno quiere quedarse con Velotax? Denuncia de Paloma Valencia expone a la SuperTransporte Minuto60
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Durante años, Velotax fue vista como una de las empresas más sólidas y representativas del transporte terrestre colombiano, pues sus buses conectaron al Tolima con buena parte del país y su modelo cooperativo permitió reunir a cientos de asociados alrededor de una marca que se convirtió en símbolo regional. Hoy, esa misma compañía está en el centro de una batalla jurídica, económica y política que ya llegó a los más altos niveles del debate nacional.
La controversia se intensificó luego de que la senadora Paloma Valencia denunciara este 19 de junio que la Superintendencia de Transporte estaría desconociendo los alcances de una sentencia de la Corte Constitucional al asumir un papel determinante en la administración de la empresa. Sus declaraciones encendieron las alarmas entre sectores empresariales y políticos que ven en el caso un posible precedente para futuras intervenciones estatales.
El Gobierno estaría presuntamente apoderándose del manejo de Velotax, una reconocida empresa de transporte, a pesar que la Corte Constitucional no lo permite.
Paloma Valencia
"Habrían designado un gerente desde la SuperTransporte presuntamente sin permitirle a la empresa que lo hiciera, tal como ordena la Corte", agregó.
¿Qué pasó con Velotax?
La raíz del conflicto no nació con el actual Gobierno y la historia se remonta varios años atrás, incluso antes de la muerte de Pedro Pablo Contreras, fundador de la empresa y considerado una de las figuras más importantes del transporte terrestre colombiano.
Tras décadas de liderazgo casi indiscutido, la desaparición de Contreras en 2015 dejó al descubierto diferencias internas que venían acumulándose entre distintos sectores de la cooperativa. Las disputas giraron alrededor de la legitimidad de algunas asambleas y de las decisiones tomadas por los órganos de dirección.
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Con el paso del tiempo, esas diferencias terminaron en procesos judiciales y administrativos que pusieron bajo la lupa varias decisiones corporativas. Algunas asambleas fueron cuestionadas y determinadas actuaciones fueron aclaradas ineficaces por problemas en los procedimientos de convocatoria.
Fue en ese contexto cuando la Superintendencia de Transporte decidió intervenir administrativamente la compañía y designar un gerente para encabezar un proceso de reorganización institucional.
La decisión generó resistencia entre trabajadores y sectores de la cooperativa que consideran que la empresa continúa operando normalmente y que no existe una crisis financiera que justifique una intervención tan profunda y de hecho, durante los últimos meses se han realizado plantones y manifestaciones en Ibagué para exigir explicaciones sobre el proceso. Los empleados han insistido en que las rutas siguen funcionando con normalidad y que cientos de familias dependen de la estabilidad de la organización.
Resolución 2004 del 2026
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Velotax cuenta con cerca de mil asociados, genera alrededor de 1.500 empleos directos e indirectos y mantiene presencia en departamentos como Tolima, Bogotá, Caldas, Valle del Cauca, Boyacá, Meta, Santander y Norte de Santander.
Minuto60 consultó con la Superintendencia de Transporte y solicitó una respuesta formal al respecto, sin embargo, al momento no existe un pronunciamiento oficial.
La sentencia de la Corte que ahora alimenta la controversia
Según la congresista, la sentencia C-276 de 2025 estableció que las empresas sometidas a control de la Superintendencia conservan la facultad de nombrar a sus administradores y que la entidad estatal solo podría intervenir directamente cuando la compañía no ejerza esa función dentro de un plazo razonable.
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La senadora sostiene que en el caso de Velotax no se habría permitido que la cooperativa desifnara su propio administrador y que la Superintendencia terminó nombrando directamente a quien hoy ejerce la gerencia.
Desde su perspectiva, esto podría constituir una vulneración de la autonomía empresarial y una interpretación excesiva de las facultades estatales.
El caso ha comenzado a despertar interés en distintos sectores económicos porque toca uno de los temas más sensibles para cualquier inversionista y es la seguridad jurídica. Además, la discusión de fondo ya no se concentra únicamente en quién administra Velotax o quién tiene la razón dentro de la cooperativa, sino que plantea el debate de los límites de la intervención estatal y de las garantías que tienen las empresas frente a las decisiones de los organismos de vigilancia y control.
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Para quienes respaldan la actuación de la SuperTransporte, las medidas buscan resolver una crisis de gobernabilidad que se arrastra desde hace varios años y garantizar los derechos de todos los asociados.
Quienes cuestionan la intervención sostienen que el Estado estaría asumiendo facultades que podrían exceder lo permitido por la Constitución y por la propia Corte Constitucional.
¿Qué viene para Velotax?
El futuro inmediato dependerá de las decisiones que adopten los organismos de control y de la respuesta que entregue la Superintendencia de Transporte frente a los cuestionamientos planteados por la oposición.
También será determinante el resultado de los recursos jurídicos que siguen en curso y la manera en que se interpreten los alcances de la sentencia de la Corte Constitucional que hoy ocupa el centro de la controversia.
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