Gastó ICE 700 millones de dólares en 7 almacenes. Ahora quiere deshacerse de ellos El Diario de Chihuahua
La idea tenía como objetivo potenciar el plan de deportación masiva del presidente Trump.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) compraría más de una docena de almacenes vacíos en todo Estados Unidos para ampliar masivamente su capacidad de detención de personas consideradas indocumentadas, lo que a su vez dispararía las deportaciones. Un año después de que el Sr. Trump asumiera el cargo, había adquirido 11 instalaciones por un costo de mil millones de dólares.
Sin embargo, en un giro inesperado, la agencia planea deshacerse de siete almacenes comprados por más de 700 millones de dólares, ya sea entregándolos a otras agencias federales o vendiéndolos directamente, según documentos obtenidos por The New York Times.
La decisión de reducir drásticamente el plan de los almacenes representa un rechazo a una iniciativa emblemática de la anterior secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien amplió los límites de las acciones del gobierno para detener con rigor a posibles deportados. El nuevo secretario, Markwayne Mullin, quien había expresado en privado su escepticismo sobre el plan, ha declarado públicamente que desea que la agencia mantenga un perfil más bajo respecto a cómo lleva a cabo la aplicación de la ley en materia de inmigración.
“Desde el primer día, el DHS se ha centrado exclusivamente en expulsar de Estados Unidos a los inmigrantes ilegales criminales más peligrosos y evalúa constantemente los mejores métodos para lograrlo”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado para este artículo. “Estos criminales atroces, una vez arrestados, deben ser expulsados con la mayor rapidez posible, no alojados en territorio estadounidense a costa del contribuyente. El DHS está actuando con celeridad para utilizar el espacio de detención existente en colaboración con nuestros socios estatales y del condado”.
Esta medida se produce meses después de que la agencia de la Sra. Noem, con abundantes recursos económicos, impulsara una idea para cambiar radicalmente la detención de inmigrantes en el país, no solo ampliándola a niveles sin precedentes, sino también transfiriendo la propiedad al gobierno federal en lugar de a contratistas.
Este cambio también plantea interrogantes sobre el proceso de toma de decisiones original que motivó la compra de los almacenes, una empresa costosa que implicaba convertir espacios industriales en lugares capaces de albergar a miles de personas, con capacidad de agua y alcantarillado y ventilación adecuada, y que generó un conflicto casi inmediato con las comunidades locales en todo Estados Unidos.
El ICE se ha visto asediado por demandas judiciales debido a la falta de controles ambientales, y el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional está investigando las compras.
La agencia parece seguir adelante con la compra de cuatro almacenes destinados a centros de detención. No quedó claro de inmediato por qué la agencia decidió utilizar esos cuatro espacios para tal fin. Según documentos, ICE también planea adquirir centros de detención de inmigrantes de empresas penitenciarias privadas con las que ya tiene contratos.
Sin embargo, la decisión de desalojar la mayor parte de los almacenes plantea dudas sobre la capacidad de la agencia para deportar a un gran número de inmigrantes.
Los inmigrantes que van a ser deportados suelen ser arrestados, procesados y detenidos por el ICE antes de ser expulsados del país. Para una agencia cuyo presupuesto aumentó de 8.000 millones de dólares anuales a 28.000 millones gracias a la financiación del Congreso, la detención siempre iba a ser una prioridad. Sin más plazas disponibles, cualquier debate sobre deportaciones a la escala que planteó el Sr. Trump durante su campaña electoral sería impensable.
La aprobación de la emblemática ley de política interna del Sr. Trump convirtió un desafío clave —la falta de camas en los centros de detención— en un problema repentinamente fácil de resolver. Y los funcionarios de la administración Trump se mostraron confiados. Tras la aprobación de la ley, el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, declaró a The Times que el ICE esperaba que la administración contara con 100 000 camas para finales de 2025. La agencia había alcanzado su límite máximo de detención con alrededor de 70 000 inmigrantes a principios de este año.
La falta de espacio para la detención ya había afectado al ICE, que intentaba cumplir con los ambiciosos objetivos de la Casa Blanca de detener a miles de personas al día. Un juez federal dictaminó que la agencia debía reducir el número de personas que mantenía detenidas en una oficina en un edificio de la ciudad de Nueva York el año pasado.
Pero la realidad de crear un nuevo aparato de detención ha sido un desafío, al igual que las promesas de deportación masiva se han topado con la complicada burocracia que supone intentar expulsar a un gran número de personas.
El ICE se centró en la compra de almacenes porque muchos estaban vacíos y podían adquirirse y convertirse en centros de detención. En concreto, la agencia quería algunos de los almacenes para procesar a los inmigrantes detenidos, procesar su información y trasladarlos rápidamente a zonas donde pudieran permanecer detenidos durante periodos más prolongados.
“Los almacenes fueron una idea rápida para ampliar la deportación masiva”, dijo John Fabbricatore, exfuncionario de la administración Trump que hasta hace poco trabajaba como asesor principal en temas de inmigración en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. “Desafortunadamente, debido a la magnitud y el alcance, la izquierda pudo interponer obstáculos de inmediato. La detención de inmigrantes es necesaria para un plan de deportación exitoso, y este fue el punto más fácil para que los demócratas atacaran y detuvieran ese esfuerzo”.
Pero tan pronto como la agencia compró los almacenes, las comunidades locales comenzaron a rebelarse, incluso en zonas conservadoras que temían el impacto negativo en los servicios públicos y la economía local, así como la posibilidad de que se produjeran protestas. Incluso políticos republicanos escribieron a los responsables de seguridad nacional instándolos a descartar la idea en sus comunidades.
Los obstáculos se multiplicaron cuando el inspector general del departamento anunció su investigación. Algunos de los terrenos costaron más de 145 millones de dólares, antes de las costosas renovaciones.
“Es evidente que los almacenes han causado serios problemas, con retrasos debido a litigios estatales, una investigación de la Inspección General y sin fecha de apertura a la vista, a pesar de haber gastado cerca de mil millones de dólares”, declaró Claire Trickler-McNulty, alta funcionaria del ICE en la administración Biden. “Este plan parecía cuestionable desde el principio, y lo único que probablemente lo salva es el cheque en blanco ilimitado que el ICE tiene para la detención”.
Pero el mayor desafío ha sido la proliferación de demandas medioambientales en todo el país.
Durante meses, el ICE se ha enfrentado a serios problemas legales sobre si la agencia cumplió con una ley federal que exige a las agencias federales examinar el impacto de sus proyectos en el medio ambiente local. Las demandas han supuesto un importante retroceso para la agencia.
Un juez de Maryland impidió que el ICE tomara medidas en un almacén del estado que había adquirido por unos 100 millones de dólares. El ICE también comunicó a un juez federal de Nueva Jersey que no emprendería ninguna acción en un almacén de ese estado hasta que realizara más pruebas ambientales. La agencia prometió lo mismo ante un tribunal federal de Michigan. Funcionarios del Departamento de Justicia han expresado su preocupación al ICE por el hecho de que la falta de revisiones haya dejado a la agencia vulnerable a más obstáculos legales.
Según muestran los documentos obtenidos por The Times, la agencia planea ahora deshacerse de almacenes en Michigan y Nueva Jersey.
