TEXTO ÍNTEGRO: 33.1 MILLONES de DELITOS quedan en la IMPUNIDAD; FISCALÍAS ‘CONGELAN’ INVESTIGACIONES Punto Por Punto

De acuerdo con una investigación realizado por Mexicanos contra la Corrupción (MCC), reveló que la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 muestra que de cada 100 delitos que sucedieron el año pasado, el 93.2% no fueron denunciados ni investigados por las autoridades, en lo que se conoce como “cifra negra”.

• Esta cifra aumentó con respecto a los últimos dos años, regresando a los mismos niveles que en 2021 y peor que al inicio del sexenio, lo que muestra un avance nulo con respecto al abatimiento de la impunidad.

La organización aseguró que de cada 1,000 delitos que se cometieron el último año, sólo se denunciaron y se abrió una carpeta de investigación en 68 casos. De estos, en el 85% de los delitos denunciados ante el ministerio público la autoridad no llegó a nada o el asunto sigue en trámite.

• Significa que solo ocho de cada 1,000 casos (0.8%) tuvieron una resolución por parte de las autoridades, ya sea mediante la recuperación de los bienes, la consignación ante un juez, la reparación del daño o el otorgamiento del perdón. En otras palabras, dado que en el último año se cometieron 33.5 millones de delitos en México, 33.1 millones (el 98.8%) quedaron en la impunidad porque la autoridad no los investigó o, cuando lo hizo, no ha resuelto el caso.

En su análisis de los resultados de la ENVIPE en su décima quinta edición. Con cobertura nacional y más de cien mil hogares consultados de forma regular, ofrece un retrato consistente de la victimización y de la “cifra negra”, además de seguir el destino de las denuncias (si producen resultados, quedan “en trámite” o no ocurre nada) y esclarecer por qué muchas no se presentan —pérdida de tiempo, desconfianza, poca importancia asignada al hecho, falta de pruebas, entre otros—.

Además de la visión general, analizamos diferentes delitos específicos, pues hay dinámicas reveladoras como el incremento de la impunidad en la violación o el secuestro. Esta información de interés nacional es fundamental para poner el acento en los verdaderos diques para la justicia, pues la gran mayoría de los casos no llegan ni siquiera a un juez y se quedan en la aduana de las fiscalías, que desde 2019 han pasado por un proceso de transición hacia la autonomía.

Delitos a raudales, investigaciones a cuentagotas

En su gráfica elaborada con información de la ENVIPE mostró cómo el flujo de los delitos estimados avanza en distintas etapas hasta llegar, en pocos casos, a convertirse en carpetas de investigación. En términos prácticos, de cada 100 hechos delictivos estimados en el país en 2024, solo siete avanzaron hasta convertirse en una carpeta de investigación (6.8%), mientras que el resto se perdió en un espacio sin registro oficial.

Esto implica que, aunque el volumen total de delitos varía entre 27 y 33 millones en los años observados —un orden de 75 a 90 mil hechos por día— la proporción que se convierte en investigación formal se mantiene casi inalterada: sólo entre 6.7% y 7.6% del total se convierte en carpeta de investigación. En otras palabras, cerca de uno de cada 13 cruza la puerta del ministerio público; los otros 12 son cifra negra, hechos que nunca ingresan al registro oficial y quedan impunes.

• Casi 25 millones de hechos invisibles en el mejor de los casos (como en 2022) y hasta 31 millones en el peor (en 2024), pero con una tasa de delitos que se convierten en carpeta de investigación que nunca pasa de 7.6%. Es como si la presión de entrada creciera o disminuyera, sin que eso modifique la capacidad de gestión del sistema. Véanse, por ejemplo, los datos de 2019 y 2024: a pesar de que el total de delitos estimados fue casi 3 millones más en 2024, las carpetas que se abrieron fueron casi las mismas, 2.3 millones.

De ahí se desprende una conclusión sugerente: lo que cambia es el tamaño del caudal inicial, pero no la capacidad de las instituciones para transformarlo en investigaciones; el sistema opera como si tuviera un estrechamiento permanente en la entrada, una constante que define la experiencia de las víctimas y, al mismo tiempo, la debilidad de las instituciones de procuración de justicia en el país. Esa asimetría —más delitos estimados sin mayor proporción de carpetas— es el dato que exige explicación y, sobre todo, capacidad para romper un techo que hoy opera como constante.

Nueve de cada diez delitos, fuera del radar

El mapa por tipo de delito reveló una inercia incómoda a lo largo del sexenio: para la mayoría de los delitos, nueve de cada diez hechos no llegan a denunciarse. Entre 2019 y 2024, la extorsión, los fraudes (al consumidor y bancario), el hostigamiento sexual y los robos —en la calle o en transporte público, así como a casa habitación— permanecieron casi inmóviles: por cada caso en que la autoridad abrió una investigación, al menos otros 15 quedaron fuera, año tras año.

La excepción relativa es el robo total de vehículo: su cifra negra se mantuvo alrededor de un tercio en todo el periodo; es decir, dos de cada tres eventos sí derivan en actuación ministerial. El contraste sugiere que, cuando existe un incentivo o requisito tangible para activar al Estado —por ejemplo, hacer válida una póliza de seguro—, la puerta de entrada se ensancha.

• En los delitos sexuales conviven dos mundos: el hostigamiento sigue en opacidad casi total (prácticamente todo queda fuera de los registros, en la cifra negra, en 98.1% de los casos), mientras que la violación, aunque parezca “más baja” en la gráfica frente a otros delitos, empeoró: pasamos de 59.4% casos de violación sexual sin denuncia en 2019 a 87.5% en 2024; se trata de un aumento de 28 puntos en la cifra negra en un sexenio. Algo similar ocurre con el secuestro: de 76% en 2019 subió a 80.3% en 2024, 4.3 puntos más. En síntesis, entre 2019 y 2024 ambos delitos se volvieron menos visibles para el sistema; incluso donde parecería haber más luz, la puerta se estrechó.

La lectura conjunta con los agregados nacionales anteriores es elocuente: aunque el número de delitos ocurridos fluctúa a lo largo del sexenio, la proporción que efectivamente se convierte en investigación por tipo de delito se comporta estable. Allí donde la cifra negra roza el techo, cualquier aumento del universo de casos se traduce casi mecánicamente en más hechos invisibles. Y allí donde existe un incentivo claro —como en el robo de vehículo— la proporción que entra al sistema se mantiene comparativamente alta, recordando que modificar reglas, costos y beneficios de denunciar mueve más la aguja que esperar a que el volumen de delitos que entran al sistema, por sí mismo, haga el trabajo.

El tiempo como muro

La razón principal para no denunciar es práctica: la gente dice que pierde demasiado tiempo, no que tenga miedo. En el tope aparece la “pérdida de tiempo”: ronda un tercio de las respuestas (entre uno de cada tres y uno de cada cuatro), y aunque cedió a comienzos de la serie entre 2020 y 2022, volvió a situarse cerca de 35% al cierre de 2024. Le siguen dos anclajes que, sumados, pesan casi tanto como el primero: “desconfianza en la autoridad” (en torno a uno de cada siete) y la idea de “delito de poca importancia” (también cercana a uno de cada siete–ocho, con una senda ascendente reciente).

El resto de las razones se reparte en bloques medianos: “no tenía pruebas” está en 9.7% y “trámites largos y difíciles” en 10.1%, ambos alrededor de uno de cada diez. En los márgenes, “miedo al agresor” suma 5.8%; la “actitud hostil de la autoridad”, 3.4%; y el “miedo a ser extorsionado”, 0.8%. La conclusión práctica es clara: por cada 100 potenciales denuncias que no se presentan, alrededor de 35 se frenan por costos de tiempo percibidos; otras 15–20 por desconfianza o por considerar el hecho “menor”; y cerca de 10 por falta de evidencia suficiente.

Cuando el número de delitos crece, el motivo que más empuja a no denunciar es la “pérdida de tiempo”. Si denunciar toma horas y el resultado es incierto, muchas personas deciden no ir; si el trámite se acorta y hay seguimiento claro, más gente sí cruza la puerta. En términos de la ENVIPE: cuando “pérdida de tiempo” sube un punto, la no denuncia aumenta más que por razones menores como el miedo o la hostilidad.

El sistema pierde más por fricción que por miedo: por cada cien decisiones de no denunciar, entre 45 y 50 se explican por “pérdida de tiempo”, “poca importancia” y “no tenía pruebas”, mientras miedo y actitud hostil reúnen alrededor de una de cada cuatro. La implicación es directa: reducir tiempos y simplificar procedimientos tiene potencial de mover más casos a investigación formal que cualquier otra variación coyuntural del número total de delitos; si la conversión mejora aunque sea unos puntos porcentuales, el “embudo” de entrada se abriría lo suficiente para impactar miles de denuncias que hoy se quedan en el camino.

Atasco procesal

Si partimos del hecho de que solo 68 de cada 1,000 delitos llegan a carpeta y que, de esas carpetas, 89.7% no concluye (queda sin resultado o en trámite), el balance de resultados tras la denuncia es, en esencia, binario: o no pasa nada, o el expediente queda varado. En cuatro de los seis años, alrededor de uno de cada dos casos terminó sin resultado; en 2024 esa fracción bajó a cuatro de cada diez, pero no porque crecieran las salidas sustantivas, sino porque casi dos de cada cinco quedaron “en trámite” (41.7%).

Las rutas conclusivas siguen en márgenes muy estrechos: poner a disposición de un juez se mueve entre uno de cada veinte y uno de cada veinticinco; la reparación del daño ronda tres de cada cien; y la recuperación de bienes cayó a cuatro de cada cien, aproximadamente la mitad de lo observado al inicio de la serie. Sumadas, estas tres salidas difícilmente alcanzan una de cada diez. La conclusión operativa es clara si pensamos “por cada 100 denuncias”: unas 40 no obtienen nada, 42 no llegan a resolverse a tiempo y 8–10 concluyen con un resultado tangible.

Fiscalías envían uno de cada tres delitos a la “congeladora”

El archivo temporal, una figura legal diseñada para suspender investigaciones en tanto se reúnen elementos suficientes para continuar, se ha convertido en una “congeladora de delitos” que ha permitido a las fiscalías mexicanas salir al paso de la sobrecarga de trabajo.

• De acuerdo con el estudio “Radiografía de las fiscalías en México: evaluar para fortalecer la procuración de justicia”, 34.42 por ciento de todas las carpetas de investigación iniciadas en el país durante 2024 fueron enviadas al archivo temporal, es decir, más de uno de cada tres casos denunciados terminó en el limbo judicial sin una resolución de fondo.

Si bien el archivo temporal está previsto en la ley como una de las decisiones que pueden tomar los fiscales, “esta determinación es una respuesta, pero no una solución”, señala el documento elaborado por la organización México Evalúa. “Lo más grave es que la mayoría de los asuntos enviados al archivo temporal quedan ahí hasta su prescripción”.

• El artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que “el Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación”.

Según la norma, el archivo subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal. No obstante, en la práctica, esa decisión termina siendo un cementerio de casos judiciales.

Esto explica, en parte, el enorme cúmulo de asuntos pendientes de resolver en las fiscalías del país. Datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia revelan que para 2024 habían dos millones 626 mil 029 asuntos pendientes de concluir, lo que representa seis veces más de los que había en 2016.

• El estudio revela fuertes diferencias entre entidades federativas. Mientras el promedio nacional se ubica en 34.42 por ciento, estados como Jalisco y Oaxaca archivaron más del 70 por ciento de los asuntos iniciados durante 2024, una proporción que para los autores del estudio difícilmente puede explicarse sin considerar burocracia, negligencia, incompetencia o falta de recursos humanos y materiales.

Suben al triple carpetas de investigación por el delito de discriminación en CDMX

Por el contrario, la organización considera que estas variaciones reflejan diferencias en capacidades técnicas, lineamientos internos y decisiones organizacionales de cada institución. Entidades como Chiapas, Puebla y Guerrero reportan porcentajes mínimos de archivo temporal, aunque ello también genera interrogantes sobre posibles rezagos acumulados en otras etapas del proceso penal.

A partir de solicitudes de información respondidas por 19 fiscalías estatales, México Evalúa encontró que casi la mitad de los expedientes enviados al archivo temporal corresponden a robos en distintas modalidades, lo que equivale a 81 mil 203 denuncias.

Sin embargo, uno de los hallazgos más preocupantes es que más de 20 mil casos de violencia familiar también fueron archivados, convirtiéndose en el segundo delito con mayor número de expedientes suspendidos.

• La organización advirtió que la inactividad procesal en estos casos puede favorecer la continuidad y escalamiento de ciclos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
• Asimismo, identificó expedientes archivados por amenazas, fraude, abuso de confianza, daños patrimoniales e incumplimiento de obligaciones familiares, asuntos que podrían canalizarse mediante mecanismos alternativos de solución de controversias en lugar de permanecer inactivos.

El informe documenta además que las 19 entidades que entregaron información reportaron 2 mil 308 expedientes por homicidio enviados al archivo temporal, pese a tratarse del delito de mayor gravedad e impacto social.

Impunidad en México alcanza al 89% de los delitos

La impunidad en el país no es un caso aislado dentro del sistema de justicia: es la regla en la mayoría de los casos, según la Radiografía de la Impunidad 2024 de la organización México Evalúa, la cual mostró que alrededor del 93 % de los delitos no se denuncian y quedan fuera de cualquier registro oficial. Es decir, de cada 100 delitos que ocurren, apenas siete se reportan ante las autoridades.

Y para esos pocos casos que sí se denuncian, solo el 12 % de las investigaciones llega ante un juez y, al final, apenas el 5 % termina en una sentencia. Esto significa que la mayoría de los delitos no alcanza una resolución legal.

• En 2024, el 89.4 % de los delitos no tuvo una resolución efectiva. En otras palabras, solo uno de cada diez casos llegó a algún resultado.

“Imaginemos que el sistema es una tubería. Si la mayoría del agua se filtra o se estanca y nunca llega al final, eso es la impunidad”, explicó Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia.

A este rezago se suma que cada vez se acumulan más casos. “Entre 2019 y 2024, el número de casos pendientes se duplicó tanto en fiscalías como en tribunales”, señaló Mariana Campos, directora general de la organización.

• El informe identifica que la etapa de investigación inicial, a cargo de las fiscalías, es el punto crítico donde se concentra la mayor parte de los casos, pero también el mayor rezago.

A pesar del volumen de denuncias, solo una fracción mínima de los casos avanza. El ejercicio de la acción penal —es decir, el momento en que el Ministerio Público lleva el caso ante un juez— apenas alcanza alrededor del 6 % del total. Esto implica que más del 90 % de los casos nunca llegan a tribunales.

El archivo temporal

El informe de México Evalúa identificó al archivo de los casos como uno de los principales motores de la impunidad en el país.

Lejos de ser marginal, es una práctica que se ha extendido. En promedio, representa alrededor de un tercio de los casos y en algunas entidades puede alcanzar hasta el 75 %.

Archivar, advirtió el informe, no es una solución, sino una suspensión del proceso penal. Cuando un caso se archiva, deja de avanzar. Esto significa que no se resuelven, sino que se posponen indefinidamente.

El problema de fondo es que el archivo sustituye la investigación efectiva y alimenta un rezago que crece año con año. Entre 2019 y 2024, el número de casos pendientes en fiscalías se duplicó, pasando de 1.3 millones a 2.6 millones.

Una cuarta parte de los reportes se vuelven carpetas

Otro de los hallazgos es la falta de articulación entre las instituciones de seguridad y justicia.

• En México, las policías reciben un volumen masivo de reportes a través de llamadas de emergencia, pero solo una fracción se transforma en investigaciones formales. En promedio, apenas el 25.9 % de estos reportes se convierten en carpetas de investigación.

El informe identificó esta desconexión como un problema que se replica en todo el proceso: desde la denuncia hasta la judicialización.

Fiscalías y el uso de datos

Fiscales de distintas entidades del país coincidieron en que el uso sistemático de datos y su análisis es clave para mejorar la procuración de justicia, reducir la impunidad y fortalecer la toma de decisiones al interior de las instituciones.

• La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, explicó que en la institución se abren alrededor de 600 investigaciones diariamente, por lo que resulta indispensable contar con información detallada para diseñar políticas públicas efectivas.

En tanto, el fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho, enfatizó que “lo que no es medible jamás será perfectible”./Agencias-PUNTOporPUNTO

Documento íntegro a continuación:

https://mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2026/06/radiografia-fiscalias.pdf