Diputados alertan crisis por hackeo masivo de datos en Fiscalía y salud de Guanajuato Periódico Correo
Guanajuato, Guanajuato.- La vulneración masiva de datos en la Fiscalía y el sistema de salud revela una crisis de seguridad estatal. Legisladores advierten que la falta de protocolos no es solo técnica, sino una falla política que deja a los ciudadanos indefensos ante extorsiones.
La vulneración sistemática de información en dependencias de Guanajuato, incluyendo la Fiscalía General del Estado, las Secretarías de Salud y Seguridad, y el C4 de León, ha puesto en entredicho la capacidad de las autoridades estatales para resguardar datos personales. Ante este escenario, legisladores locales advirtieron que la falta de protocolos de seguridad y la desaparición de los institutos de transparencia han dejado a la ciudadanía en una posición de indefensión.
Rolando Fortino, integrante de la Comisión de Seguridad Pública, señaló que los hackeos no solo representan una falla técnica, sino un riesgo directo de intimidación y extorsión para la población. "Es un tema que apura, por supuesto, porque sí nos vuelve muy vulnerables y tan nos vuelve vulnerables que al final de cuentas siempre nos están haciendo actos de intimidación o de extorsión", declaró. El diputado subrayó que, ante la eliminación de instancias como el IACIP, las instituciones estatales han perdido la transparencia necesaria para notificar adecuadamente a los usuarios cuando sus datos son filtrados, dejando el proceso de protección en manos de unidades internas de acceso a la información que no ofrecen garantías de autonomía.
Por su parte, el diputado Antonio Churand, presidente de la Comisión de Salud, enfatizó que la normalización de estos ataques es inaceptable. Tras la exposición de datos de servicios prehospitalarios, el legislador calificó la situación como una "desgracia" y subrayó que el costo de la digitalización sin blindaje recae en la integridad de las personas. "Se puede intentar normalizar por la frecuencia con la que ha estado sucediendo, pero de ninguna manera debemos de hacerlo. Es como normalizar la violencia", afirmó, demandando mayores inversiones en tecnología de detección y sanciones severas para los responsables de las intrusiones.
Vulnerabilidad de las bases de datos es un síntoma de una administración deficiente
Finalmente, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, presidente de la Comisión de Justicia, vinculó la fragilidad de los sistemas estatales con la inacción política de la mayoría legislativa. Al recordar el rechazo al exhorto para remover al Fiscal General, Ramos Sotomayor señaló que la vulnerabilidad de las bases de datos es un síntoma de una administración que no prioriza la seguridad de la información.
"Si desde ahorita vemos indicios de que los panistas desechan un exhorto... imagínate qué nos espera en alguna otra secretaría del gobierno del estado", cuestionó. El legislador advirtió que, mientras las dependencias estatales continúen operando bajo la misma inercia administrativa, los ataques a la información seguirán expandiéndose: "Si empezaron con la fiscalía general, vamos a ver dónde más van a seguir estos hackeos de información".
Al abordar el nuevo registro telefónico federal, que implica una masiva recopilación de datos, el diputado Rolando Fortino expuso una contradicción fundamental ante la desconfianza de los usuarios: se pretende obligar a la población a entregar información sensible mientras los sistemas públicos han demostrado ser incapaces de proteger la que ya poseen. "Nuestros datos están más vulnerados que nada", sentenció al explicar por qué gran parte de la ciudadanía se resiste a registrar sus líneas ante el temor de que la base de datos sea vulnerada, tal como ha ocurrido con otros registros. Aunque el legislador reconoce en el registro un mecanismo potencial para identificar extorsionadores, advirtió que la exigencia de datos es inviable en un entorno de desconfianza total.
"Yo mi opinión este sería que sí registramos las líneas, pero que a la par exijamos hacia nuestras autoridades que de verdad se cumpla con el cometido", afirmó, condicionando la eficacia del programa federal a que la autoridad deje de ver la recopilación de información como un fin en sí mismo y comience a tratarla como un mecanismo de protección que requiere protocolos de seguridad inexistentes hasta hoy.
