Plantea EPISD mayor recorte de personal de su historia El Diario de Chihuahua

Si el Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) declara una emergencia financiera y autoriza al superintendente Brian Lusk a eliminar cientos de puestos en las próximas semanas, el distrito podrá actuar con rapidez para recuperar la salud económica, informó la junta escolar el martes por la mañana.

A la junta se le presentó un plan de recortes profundos para evitar un déficit de más de 40 millones de dólares en el presupuesto de 2026-27, luego de acumular un déficit de más de 50 millones de dólares durante el año en curso.

Los siete miembros votarán el jueves por la noche sobre el plan, que declararía una emergencia financiera para el resto del año presupuestario —que concluye el 30 de junio— y para todo el ciclo 2026-27. La propuesta —que parece destinada a aprobarse dado que no se discuten alternativas— otorgaría a Lusk amplios poderes para cancelar contratos, incluyendo acuerdos laborales, y para aplicar otros cambios que reduzcan costos.

"Diré esto, y lo digo públicamente: lo haremos mejor. Vamos a enderezar el barco, y en octubre planeo regresar ante esta junta y solicitarles que den por terminada la emergencia financiera. Así de confiado estoy en este punto", declaró el subsuperintendente David Bates ante la junta.

Los recortes serán profundos y dolorosos. El plan de emergencia contempla la eliminación de 410 puestos —250 en planteles y 160 administrativos— mediante una combinación de despidos, bajas por desgaste natural y plazas vacantes que no se cubrirán. Es la reducción de empleo más grande que haya experimentado en una sola ocasión cualquier distrito escolar del condado de El Paso.

"Quiero ser claro: esto no es culpa de ningún miembro del equipo de este distrito, en el sentido de que esté en una posición que pueda resultar redundante", dijo Lusk sobre los empleados que perderían su puesto si la junta aprueba el plan de emergencia financiera el jueves.

La presidenta de la junta, Leah Hanany, calificó la votación del jueves como "la decisión más desgarradora que jamás tendremos que tomar como fideicomisarios, como funcionarios electos".

"Cada número y cada línea presupuestaria representa una familia, representa un hogar, representa posiblemente padres e hijos. Por eso, cada decisión que tomemos esta semana debe ser sensible y compasiva, reconociendo que no contamos con fondos suficientes para seguir como hemos presupuestado en el pasado. Es algo muy delicado", dijo Hanany en una breve conferencia de prensa tras la reunión de una hora celebrada el martes por la mañana.

Los recortes presupuestarios se concentran principalmente en la nómina porque esta representa casi nueve de cada diez dólares que gasta el EPISD. Durante años, el porcentaje de gastos operativos destinado a nómina en el distrito ha estado muy por encima del promedio estatal, según un análisis de El Paso Matters con datos de la Agencia de Educación de Texas.

Los otros dos grandes distritos de El Paso, Socorro y Ysleta, también destinaron más del 87 por ciento de sus fondos operativos a nómina el año pasado y presupuestaron hacerlo de nuevo este año, más de cinco puntos porcentuales por encima del promedio estatal.

Bates informó a la junta que los administradores ya habían eliminado 209 puestos administrativos y cerca de 600 en total, principalmente mediante la supresión de plazas vacantes sin cubrir.

Lusk dijo a El Paso Matters la semana pasada que el número de empleados del distrito disminuiría un 10 por ciento si los recortes propuestos son aprobados. Bates señaló el martes que el presupuesto aprobado por la junta en la primavera pasada contemplaba 7,768 puestos, y que en diciembre se habían añadido otros 145, para un total de 7,913 en ese momento.

En la reunión del martes por la mañana, la junta revisó individualmente varios contratos con proveedores —por un total de casi 3 millones de dólares— que históricamente se aprueban en lo que se conoce como agenda de consentimiento, donde dichos contratos se votan en bloque sin debate. Las agendas de consentimiento son un mecanismo habitual en las juntas de gobierno para agilizar contratos rutinarios, aunque poco es rutinario en el EPISD en estos días.

La junta aprobó la mayoría de los contratos tras escuchar una descripción de los servicios. Sin embargo, votó 4-3 en contra de un contrato de hasta 318,000 dólares con el Centro de Servicios Educativos de la Región 19 para impartir la capacitación estatal obligatoria a maestros de lectura. Actualmente, dos empleados del distrito reciben un salario combinado de 180,000 dólares anuales para proveer dicha capacitación. Los administradores, incluido Lusk, argumentaron que el contrato con la Región 19 permitiría capacitar a los 109 maestros que lo requieren durante el próximo ciclo escolar, mientras que mantenerlo internamente llevaría dos años.

La declaración propuesta de emergencia financiera llega después de que funcionarios del EPISD revelaran el mes pasado una crisis presupuestaria mucho más profunda de lo que se sabía hasta entonces. El distrito enfrenta un déficit de 52.8 millones de dólares en el año fiscal en curso y proyecta un faltante de aproximadamente 42 millones el próximo ciclo si no se aplican reducciones de gasto significativas.

Bates dijo esperar que ambas cifras disminuyan ligeramente antes de la reunión del jueves. La aprobación esperada del plan de emergencia financiera permitirá al distrito eliminar el déficit de 2026-27, pero no afectará el déficit del año en curso, que se cubrirá con el fondo de reserva del distrito.

Los líderes del distrito han atribuido la crisis a años de crecimiento en el gasto, una matrícula en descenso y lo que consultores externos describieron como problemas sistémicos en el seguimiento de las finanzas.

Los problemas financieros salieron a la luz pública esta primavera después de que el distrito contratara a la firma consultora MoakCasey para revisar sus finanzas. La revisión encontró gastos de nómina que superaban en aproximadamente 22 millones de dólares los montos presupuestados, y otros 11.2 millones en gastos que no habían sido debidamente contabilizados. Lo que inicialmente parecía una brecha presupuestaria de alrededor de 6 millones de dólares creció hasta convertirse en un déficit mucho mayor, lo que llevó a los líderes del distrito a considerar medidas de emergencia.

Los consultores y Lusk recomendaron declarar una emergencia financiera, una figura legal disponible para los distritos escolares de Texas que atraviesan una situación de grave deterioro económico. De acuerdo con la ley estatal, dicha declaración permite a los distritos reducir personal y cancelar contratos laborales como parte de una reducción de fuerza. La declaración propuesta estaría vigente hasta el final del ciclo escolar 2026-27.

Los administradores del distrito propusieron reducir la plantilla en más de 400 puestos mediante una combinación de despidos, jubilaciones, renuncias y la eliminación de plazas vacantes. Documentos de la agenda dados a conocer previo a la reunión señalan que aproximadamente 250 puestos a nivel de plantel y alrededor de 160 en la oficina central están considerados para recorte, lo que según estimaciones del distrito generaría un ahorro de aproximadamente 28 millones de dólares anuales.

Los recortes afectarían planteles y departamentos en todo el distrito.

Las reducciones de personal son parte de un paquete más amplio de medidas de ahorro. Los administradores también propusieron reducir la aportación del distrito a las cuentas de ahorro para salud de los empleados, revisar los bonos por posible ajuste, disminuir los gastos de viaje y mejorar los sistemas de reporte financiero y de recolección de datos ante el estado.

Si los fideicomisarios aprueban finalmente la declaración de emergencia financiera en la reunión del jueves, el EPISD se convertiría en el décimo noveno distrito escolar de Texas en dar ese paso en la última década. (Robert Moore/El Paso Matters)

Próxima reunión de la junta del EPISD

Cuándo: Jueves 4 de junio, 5 p.m.

Dónde: Oficinas centrales del EPISD, 1014 N. Stanton St.

Qué: La junta escolar votará si declara una emergencia financiera, lo que permitiría al superintendente aplicar recortes de personal y otras reducciones presupuestarias para eliminar un déficit de 42 millones de dólares del presupuesto 2026-27. La junta debe adoptar el presupuesto antes del 30 de junio.