Expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez queda absuelto tras 25 años de proceso judicial Infobae
El expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez Echeverría fue absuelto este viernes del delito de peculado en el denominado caso Reaseguros, una de las causas judiciales más extensas y complejas de las últimas décadas en el país, que permaneció abierta durante 25 años y atravesó una serie de retrasos, anulaciones, sobreseimientos y recursos legales.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, con sede en el Segundo Circuito Judicial de San José, luego de un juicio que se extendió desde agosto de 2025 hasta este 29 de mayo de 2026.
Además del exmandatario, quien gobernó Costa Rica entre 1998 y 2002, también fueron absueltos el exjefe de Reaseguros del Instituto Nacional de Seguros (INS), Álvaro Antonio Acuña Prado; el exjefe de Reaseguros del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ronald Bonilla Rodríguez; así como los exfuncionarios del ICE Antonio Corrales Moya y Ramón Lara Molinari.
Todos enfrentaban una acusación por peculado relacionada con supuestos pagos indebidos efectuados en 2001 por compañías reaseguradoras británicas interesadas en convertirse en proveedoras del INS.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) sostenía que dichos desembolsos correspondían a beneficios irregulares o comisiones vinculadas con contratos estatales. En el caso de Rodríguez, el Ministerio Público llegó a solicitar una condena de 132 años de prisión al atribuirle 11 delitos de peculado.
Sin embargo, el tribunal concluyó que el elemento esencial para configurar ese delito no estaba presente.
Durante la lectura del fallo, la jueza Mercedes Muñoz explicó que el análisis de la prueba permitió determinar que los recursos investigados provenían de fondos privados pertenecientes a aseguradoras y corredores internacionales, por lo que no podían ser considerados patrimonio público.
Según expuso la juzgadora, el criterio del tribunal coincidió con informes emitidos anteriormente por la Contraloría General de la República, incorporados al expediente antes de que se presentaran las acusaciones.
“Esta plata, claramente, sale de fondos privados de las aseguradoras y de los corredores. Este criterio del Tribunal coincide con los reiterados informes que constan en el expediente, emitidos por la Contraloría General de la República de previo a que se formularan las acusaciones”, indicó la jueza al justificar la absolutoria.
El delito de peculado se configura cuando una persona funcionaria pública sustrae o utiliza indebidamente dinero o bienes públicos cuya administración o custodia le fue confiada debido a su cargo. Al determinar que los recursos no pertenecían al Estado, el tribunal concluyó que no era posible encuadrar los hechos dentro de esa figura penal.
Un expediente marcado por atrasos y controversias
La investigación del caso Reaseguros inició a principios de la década de los 2000 y se convirtió en uno de los procesos judiciales más prolongados del país.
Originalmente, las pesquisas se dividieron en dos expedientes. Uno analizaba un supuesto pago de 2,1 millones de dólares relacionado con la reaseguradora londinense PWS entre 1998 y 2002. El segundo se enfocaba en presuntas comisiones y viajes financiados por las corredoras internacionales Guy Carpenter y Willis Re durante 2001.
Ambas causas fueron acumuladas en agosto de 2013.
Ese mismo año, un juzgado dictó un sobreseimiento a favor de los imputados al considerar que existían irregularidades en el uso de pruebas bancarias obtenidas en Panamá, Estados Unidos y Reino Unido.
No obstante, un tribunal anuló esa decisión en 2014 y ordenó continuar con el proceso, aunque mantuvo excluida parte de la evidencia cuestionada.
La ruta hacia el juicio también estuvo marcada por múltiples obstáculos. En 2015 se ordenó elevar la causa a debate, pero la resolución fue anulada un año después debido a una recusación planteada por la defensa.
Posteriormente, en 2017 se volvió a ordenar la apertura a juicio y, en junio de 2018, el Tribunal Penal de Hacienda confirmó esa determinación.
Aunque inicialmente el debate estaba previsto para 2021, la pandemia de COVID-19 obligó a suspenderlo. A ello se sumó la necesidad de traducir más de 4.800 folios redactados en inglés, proceso que sufrió nuevos retrasos por dificultades administrativas y la renuncia de uno de los traductores designados.
En 2022, incluso, la Sala Constitucional acogió un recurso de amparo presentado por Rodríguez y condenó al Estado, por medio del Poder Judicial, debido a la excesiva duración del proceso.
Fiscalía anuncia apelación
Pese al fallo absolutorio, el caso aún podría tener nuevos capítulos judiciales.
El Ministerio Público informó que esperará la redacción integral de la sentencia para analizar los fundamentos jurídicos de la decisión y determinar los recursos que presentará.
La Fiscalía recordó que, al inicio del debate, planteó una recusación contra una de las juezas que integró el tribunal, argumentando que anteriormente había participado en una resolución de sobreseimiento dentro del mismo expediente. Sin embargo, la gestión fue rechazada y la jueza continuó formando parte del juicio.
Además, la institución manifestó que identificó afirmaciones en la parte dispositiva de la resolución que, a su criterio, no coinciden con los hechos acreditados mediante la prueba presentada durante el debate.
La Fiscalía también destacó que parte de la evidencia analizada en Costa Rica fue valorada por autoridades judiciales del Reino Unido, donde se dictó una sentencia condenatoria relacionada con los mismos hechos investigados.
Según el Ministerio Público, en ese proceso se determinó que uno de los principales acusados admitió haber realizado pagos a funcionarios públicos costarricenses mediante recursos asociados a fondos administrados por el INS.
Asimismo, recordó que en Estados Unidos varias empresas recibieron sanciones por efectuar pagos y otorgar beneficios, incluidos viajes, a personas vinculadas con la investigación desarrollada en Costa Rica.
Por ello, la Fiscalía aseguró que estudiará cuidadosamente la fundamentación completa del fallo antes de definir las acciones procesales que emprenderá en las próximas semanas.
Con la absolución de este viernes, el Tribunal Penal de Hacienda puso fin, al menos en primera instancia, a uno de los expedientes más extensos y mediáticos de la historia judicial costarricense, una causa que permaneció activa durante un cuarto de siglo y que ahora queda a la espera de una eventual revisión por parte de instancias superiores.
