La CIDH alerta del auge de la violencia política en Colombia y pide más seguridad ante las presidenciales Infobae
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado este viernes su inquietud por el incremento de los episodios de violencia política en Colombia y ha instado a reforzar la seguridad con la vista puesta en las elecciones presidenciales de este próximo domingo, 31 de mayo.
El organismo ha alertado de amenazas, secuestros y ataques contra candidatos y dirigentes en plena campaña durante el actual proceso electoral en Colombia y ha insistido en la necesidad de intensificar las medidas de prevención y protección de cara a la recta final de las elecciones presidenciales, con especial atención a la seguridad de los aspirantes a la Presidencia.
Como ejemplo de candidatos y líderes políticos que han denunciado amenazas y acciones violentas en su contra en contexto de campaña, la CIDH ha referido intimidaciones dirigidas al candidato del oficialismo, Iván Cepeda, al derechista Abelardo de la Espriella o la representante del Centro Democrático --derecha--, Paloma Valencia.
Asimismo, ha recordado el secuestro de la candidata a la Vicepresidencia Aida Quilcué y el asesinato --el pasado 15 de mayo-- de Rogers Mauricio Devia Escobar y Fabián Cardona, miembros de la campaña del movimiento Defensores de la Patria en el departamento de Meta. A estos hechos ha sumado también el atentado sufrido el 20 de mayo por el senador Alexander López tras participar en un acto político junto a Cepeda.
La Comisión ha encuadrado estos incidentes en un escenario marcado por las denuncias sobre el avance de grupos armados y estructuras criminales en distintas regiones del país, una situación que --a su juicio-- dificulta el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía.
En este sentido, ha citado las advertencias de la Misión de Observación Electoral (MOE), que ha identificado riesgos para el normal desarrollo de los comicios en 386 municipios colombianos, alrededor de un tercio del total nacional. De ellos, 139 presentan un nivel de riesgo extremo, mientras que 122 están catalogados en riesgo alto y otros 125 en riesgo medio. Los departamentos más afectados por esta situación son Cauca y Antioquia, seguidos por Arauca, Cesar, Caldas y Chocó.
Así las cosas, la CIDH ha tomado nota de las acciones impulsadas por el Gobierno colombiano para reforzar la seguridad durante el ciclo electoral. Entre ellas destaca el denominado Plan Democracia 2026, diseñado para coordinar la actuación de la Fuerza Pública antes, durante y después de las votaciones, así como para garantizar la protección de personas expuestas a amenazas.
De acuerdo con información trasladada a este organismo por el Estado, el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección (CORMPE) fue activado meses antes del inicio del proceso y ha celebrado ya 18 sesiones. Además, aseguran desde el Ejecutivo, los 26 candidatos inscritos cuentan con esquemas de seguridad específicos.
Las autoridades han reforzado asimismo desde marzo los dispositivos destinados a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales mediante la incorporación de más de 460 agentes de Policía, 260 integrantes de la Unidad Nacional de Protección y 94 vehículos blindados. A ello se añade el despliegue de más de 11.400 efectivos de seguridad en diferentes puntos del país para acompañar las actividades de campaña, unos dispositivos que fueron revisados y ampliados a finales de abril.
La CIDH ha valorado igualmente los avances en materia de investigación de denuncias, la incorporación de una perspectiva de género en las actuaciones institucionales y la apertura de nuevos canales para recibir reportes sobre posibles vulneraciones del derecho a la participación política.
Llegados a este punto, la Comisión ha recordado que el Estado colombiano tiene la responsabilidad de garantizar que los derechos políticos puedan ejercerse en condiciones de seguridad e igualdad. En este sentido, ha incidido en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, protección e investigación frente a la violencia política y de impulsar políticas públicas que contribuyan a la desmovilización de grupos armados y organizaciones criminales.
