Cámara de Diputados aprobó, por mayoría calificada, reforma constitucional para anular elecciones por intervención extranjera Entrelineas

Con la mayoría calificada de 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó con cambios el dictamen de reforma constitucional que introduce como una nueva causal de nulidad de elecciones cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.

El dictamen, que adiciona un inciso d) a la base VI del artículo 41 de la Constitución Política, deriva de una iniciativa presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena). Se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Acreditar actos intervención o injerencia extranjera

En lo particular se aceptó la reserva presentada por el diputado Jorge Luis Sánchez Reyes (Morena) para que la redacción quede: “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.

Sánchez Reyes mencionó que más allá de los partidos políticos está la patria, la nación y se debe entender que la soberanía recae en el pueblo, y en México no permitimos injerencia extranjera. La soberanía debe ser absoluta, indivisible y centralizada, y el soberano tiene autoridad total para mantener el orden interno y proteger al Estado de amenazas externas”.

Por su parte, el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, detalló que esta modificación precisa que cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales sea declarada la nulidad del proceso electoral.

Enfatizó que “no hay ninguna intención de desvirtuar el precepto fundamental de no permitir que gobiernos extranjeros o que cualquier agente del exterior intervenga en nuestros procesos comiciales. Ese es el fin, ese es el fondo. Se pretende acuñar en la Constitución y que evite que cualquier intervención extranjera o de agentes extranjeros puedan ser válidas en el país”.

El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) señaló que esta reserva es categórica, clara y con una técnica legislativa constitucional precisa, al establecer que cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extrajera que influyan en los resultados de los procesos electorales se declarará la nulidad de una elección, lo cual permitirá garantizar la soberanía y la autodeterminación.

Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado del PAN, comentó que por horas se dijo que cuatro renglones que modifican el artículo no eran peligrosos; se corrige y ahora se entregan tres renglones “peores a los anteriores”, por lo que es una simulación, ambigua, sin límites ni conceptos, discrecional, indeterminada y selectiva. “Sigue siendo lesiva y censura la libertad de expresión”.

El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe (Morena) comentó que la democracia mexicana no se puede quedar expuesta a gobiernos extranjeros, poderes económicos internacionales, plataformas digitales manipuladoras o campañas de desinformación para alterar la voluntad popular.

Del PRI, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez dijo que con la redacción de esta propuesta ahora se tendrá que pensar cómo se va a adecuar la ley reglamentaria o una legislación secundaria. “Se está descuidando la soberanía interna, un tema al que no le han querido entrar”.

En su intervención, el diputado Arturo Ávila Anaya (Morena) mencionó que el artículo 40 de la Constitución ya contemplaba desde 2025 como una causal de nulidad la injerencia del extranjero.

Del PAN, el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez señaló que el verdadero riesgo de la democracia es la intervención del crimen organizado en las elecciones de todos los estados. “Nos piden anular elecciones si hay intervención extranjera, pero la pregunta es clara: cuándo vamos a legislar para que el crimen organizado no esté en las elecciones y trabajar para que esos delincuentes estén en la cárcel”.

En el régimen transitorio el dictamen señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco normativo para adecuarlo al contenido de este decreto, antes del 5 de junio de 2026.

Además, el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales de las entidades federativas revisarán y adecuarán sus disposiciones normativas y administrativas para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el decreto.

El objetivo es fortalecer la protección constitucional de la soberanía nacional y la independencia política del Estado mexicano frente a posibles actos de injerencia externa; garantizar que la renovación de los poderes públicos derive exclusivamente de elecciones libres, auténticas y ajenas a cualquier influencia extranjera, y reforzar el sistema de nulidades electorales mediante mecanismos orientados a preservar la legitimidad democrática y la libre manifestación de la voluntad popular.

Expone que la injerencia extranjera en procesos democráticos se ha convertido en uno de los principales desafíos para la estabilidad institucional y la protección de la soberanía de los Estados modernos.

Refiere que organismos internacionales han advertido que dichas intervenciones pueden manifestarse mediante campañas de desinformación, manipulación digital, corrupción, espionaje, ciberataques, y la influencia manipuladora en la participación o las opiniones de la ciudadanía, a través de campañas y manipulación en línea.

Por ello, la Comisión de Puntos Constitucionales coincide con el promovente en que resulta necesario fortalecer los mecanismos constitucionales de protección electoral frente a posibles actos de intervención extranjera que puedan comprometer la autenticidad del sufragio, la equidad de la contienda y la legitimidad democrática del Estado mexicano.

Especifica que la intervención extranjera puede manifestarse mediante financiamiento, ciberataques, campañas de desinformación coordinadas o presiones diplomáticas, conductas que buscan vulnerar la independencia política del Estado mexicano.

Deja en claro que la ausencia de una causal específica dentro del texto constitucional genera una laguna normativa que podría dificultar la actuación pronta y eficaz de las autoridades jurisdiccionales electorales frente a actos de injerencia externa que afecten la voluntad popular o la soberanía nacional.

En la discusión en lo particular, diputadas y diputados de Morena, PAN, PT, PRI y MC presentaron diversas reservas, las cuales fueron retiradas, se pidió publicar en el Diario de los Debates, o bien no se admitieron a discusión y, por lo tanto, se desecharon.

La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Kenia López Rabadán, instruyó que las propuestas de modificación que no fueron presentadas en tribuna sean inscritas íntegramente en el Diario de los Debates.