La factura de la 4T; pensiones en riesgo Unomasuno
Por Karina A. Rocha Priego
La llamada Cuarta Transformación llegó al poder prometiendo corregir décadas de injusticias sociales, rescatar a los más vulnerables y construir un Estado más justo, sin embargo, conforme avanzan los años, cada vez son más visibles las contradicciones entre el discurso oficial y la realidad que enfrentan miles de trabajadores mexicanos, particularmente aquellos que han dedicado gran parte de su vida al servicio público.
Mientras el gobierno presume reformas históricas al sistema de pensiones y asegura haber puesto fin a viejos abusos, detrás de los anuncios existe una creciente preocupación entre empleados federales, trabajadores de organismos públicos y personal de empresas productivas del Estado que observan con incertidumbre cómo se deterioran sus condiciones laborales
y se reducen las garantías para su retiro.
Paradójicamente, quienes más años han trabajado son también quienes hoy sienten que tienen más que perder.
Durante años, la narrativa gubernamental se ha concentrado en señalar los errores de administraciones anteriores, pero poco se habla de las consecuencias que están generando algunas decisiones adoptadas durante los últimos años, la reforma pensionaria fue presentada como una conquista social sin precedentes, una medida destinada a garantizar mejores ingresos para millones de jubilados, el problema es que la propaganda política suele ser mucho más sencilla que la realidad financiera. Prometer es fácil, pagar durante décadas es otra historia.
Problema de recursos
Uno de los temas que más inquietud genera es la sostenibilidad financiera del nuevo esquema pensionario, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar fue presentada como la solución definitiva a un problema histórico, pero persisten dudas legítimas sobre la capacidad real del Estado para sostener esos compromisos en el largo plazo.
México enfrenta una realidad demográfica compleja, cada año aumenta la esperanza de vida y disminuye la proporción de trabajadores activos que sostienen los sistemas de retiro, esto significa que habrá más jubilados y menos personas aportando recursos para financiar sus pensiones y hoy se preguntan: ¿de dónde saldrá el dinero dentro de diez, veinte o treinta años?
Las obligaciones pensionarias no son temporales, son permanentes, los gobiernos cambian, los sexenios terminan, pero los compromisos adquiridos permanecen durante décadas.
La experiencia internacional demuestra que numerosos países han enfrentado crisis financieras precisamente por ignorar esta realidad, los beneficios políticos se cosechan de inmediato, pero las consecuencias suelen recaer sobre las generaciones futuras.
Lo preocupante es que el debate nacional parece concentrarse exclusivamente en los beneficios inmediatos y no en la viabilidad de largo plazo.
Presión sobre trabajadores
Mientras tanto, miles de trabajadores del sector público enfrentan condiciones cada vez más complicadas.
En diversas dependencias federales y empresas públicas existe un creciente malestar entre empleados de confianza que denuncian sobrecarga laboral, falta de incentivos y mayores responsabilidades sin una compensación proporcional.
Particularmente preocupante resulta la situación que describen trabajadores de organismos estratégicos del Estado, quienes aseguran que la presión operativa ha aumentado significativamente mientras se reducen las posibilidades de acceder a condiciones dignas para su retiro.
La narrativa oficial habla constantemente de justicia laboral, pero en los hechos muchos empleados perciben un escenario distinto, más trabajo, mayores exigencias y menos certezas sobre el futuro.
La situación se agrava cuando se observa el panorama financiero nacional, Petróleos Mexi-canos continúa enfrentando una pesada carga económica, mientras el Gobierno Federal busca recursos para sostener programas sociales, megaproyectos y compromisos presupuestales cada vez más costosos.
La pregunta inevitable es si el Estado tendrá capacidad suficiente para mantener todas esas obligaciones simultáneamente.
Una reforma con rentabilidad política
Resulta imposible ignorar el enorme valor político que tiene el tema de las pensiones, pues pocas propuestas generan tanto respaldo ciudadano como aquellas que prometen mejorar el ingreso durante la vejez, millones de trabajadores viven preocupados por su futuro económico y cualquier iniciativa que ofrezca una jubilación más digna resulta atractiva desde el punto de vista electoral, de ahi que la reforma se convirtiera en una poderosa herramienta política.
Sin embargo, una política pública de esta magnitud debería evaluarse por su sostenibilidad financiera y no únicamente por su popularidad.
Las preguntas fundamentales siguen sin responderse plenamente, cuánto costará mantener el sistema en las próximas décadas, qué ocurrirá cuando aumente el número de jubilados, quién absorberá los déficits futuros y qué medidas se adoptarán si los recursos resultan insuficientes.
Herencia que viene
La historia política de México está llena de programas que comenzaron con entusiasmo y terminaron convertidos en problemas financieros de enormes dimensiones.
El riesgo es que la reforma pensionaria siga el mismo camino.
Nadie discute que millones de mexicanos merecen una vejez digna, tampoco se puede negar que durante décadas existieron errores graves en el diseño del sistema pensionario, lo que sí debe discutirse es si las soluciones actuales están construidas sobre bases sólidas o sobre cálculos políticos de corto plazo.
Porque las pensiones no se medirán por los aplausos de hoy, sino por la capacidad de pagarlas mañana.
La verdadera prueba de la reforma no ocurrirá en conferencias de prensa, actos oficiales o campañas de promoción gubernamental, ocurrirá dentro de algunos años, cuando el número de jubilados aumente, cuando la presión financiera sea mayor y cuando los recursos deban seguir llegando puntualmente.
Sólo entonces se sabrá si la Cuarta Transformación construyó una solución de Estado o si simplemente heredó a las próximas generaciones una nueva factura imposible de pagar.
