Listas sanitarias y retrasos judiciales, quejas al Defensor que persisten en el tiempo Infobae
Madrid, 19 may (EFE).- Las dilaciones judiciales, las listas de espera sanitaria, las homologaciones de estudios o la atención al ciudadano a través de cita previa son algunos de los problemas que "persisten en el tiempo" expuestos en las quejas que presentan los ciudadanos ante el Defensor del Pueblo.
El defensor Ángel Gabilondo ha detallado este martes en el Congreso de los Diputados, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, el informe de la institución correspondiente a 2025.
"Este informe no es aséptico, está imbuido de la coyuntura actual reflejada a través de las quejas de aquellos ciudadanos que, a pesar del desasosiego y de situaciones difíciles, confían en las instituciones y en este caso en el Defensor del Pueblo, para hallar respuestas con las que paliar situaciones injustas o inapropiadas", ha asegurado Gabilondo.
En 2025, la institución tramitó 38.762 expedientes, de los que 38.144 fueron quejas, 253 actuaciones de oficio ante las diferentes administraciones y 365 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Además, atendió personalmente a 44.278 ciudadanos: 42.785 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.493 de forma presencial.
Los asuntos que protagonizaron más quejas ciudadanas ante el Defensor el pasado año estuvieron relacionados, principalmente, con Administración de la Justicia, Sanidad y Política Social, Seguridad Social y Empleo, Migraciones, Asuntos de Interior y Educación.
El mayor número volvió a llegar de las comunidades autónomas más pobladas, entre ellas, la Comunidad de Madrid (8.766), Andalucía (4.374), Cataluña (3.702) y la Comunidad Valenciana (3.458), ha señalado el defensor.
Gabilondo ha incidido en algunos asuntos que le preocupan especialmente como la falta de personal sanitario en los centros penitenciarios, los retrasos en expedientes de nacionalidad, la protección de los menores o la falta de apoyo, y las dificultades que encuentran las personas mayores en el ejercicio de sus derechos en la justicia civil o en el acceso a la pensión de jubilación.
También, los inconvenientes que se encuentran los solicitantes de protección internacional tras la reforma del Reglamento de Extranjería, el trato desigual que sigue sufriendo la comunidad gitana, las cuestiones relacionadas con la valoración del grado de discapacidad y cuestiones relacionadas con Educación; el medio ambiente o las devoluciones en el IRPF a mutualistas.
Ha recordado que la institución sigue sin recibir de algunas comunidades los datos de casos de explotación sexual de menores tutelados que requirió en 2023 para emitir una resolución global. Sí lo han remitido: Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Murcia, Melilla y Navarra, así como las diputaciones forales vascas de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa y los conselles insulares de Ibiza, Mallorca y Menorca.
Sobre el problema de la vivienda, ha señalado que "requiere una respuesta estructural y coordinada para garantizar el derecho en España a una vivienda digna". "Solo un acuerdo entre las distintas administraciones podría lograr un avance sustantivo para abordar la situación", ha añadido.
"Los derechos fundamentales hay que defenderlos, supervisarlos y exigirlos cada día", ha destacado Gabilondo en el Parlamento. EFE
