Organizaciones cuestionan al Congreso por retrasar despenalización del aborto en Guanajuato Periódico Correo
Guanajuato, Guanajuato.- Organizaciones a favor de los derechos de las mujeres advirtieron que la negativa del Congreso del Estado de Guanajuato a despenalizar el aborto, siguiendo el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representa el último intento del Partido Acción Nacional por mantener su ideología conservadora. Esto ha derivado en que, en los servicios de salud pública, se siga criminalizando a quienes buscan decidir sobre su propio cuerpo, pese a que las denuncias terminen siendo desechadas por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
La directora de Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, cuya organización ha realizado 5 mil acompañamientos en los últimos dos años y ha brindado acompañamiento en dos casos que derivaron en denuncia en 2022, consideró que la actitud de la bancada del PAN constituye un exceso de poder al intentar imponer sus creencias. Señaló además que, de forma irónica, ello ha permitido que más mujeres conozcan el acceso a la interrupción del embarazo con medicamentos.
“Desde lo técnico, ya nadie debería estar discutiendo esto: ya existe un mandato judicial que cumplir. El PAN siempre exige el respeto al Estado de derecho, pero en el tema del aborto hace una interpretación ideológica. El hecho de que se legisle o no no inhibe que las personas interrumpan embarazos no deseados. En Guanajuato, desde hace uno o dos años que llevamos en esta discusión, hay más personas acudiendo a redes de acompañamiento; gracias a este debate, más gente se entera de que tiene opciones”, consideró.
Por parte de la Red de Acompañantes de León, que obtuvo en abril un amparo a favor de 60 mujeres para garantizar su derecho y que participa en la discusión para modificar las leyes estatales, se consideró que la estrategia de dilatar el plazo concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a GIRE solo retrasa lo inevitable. Sin embargo, también impide que la legalización del aborto se debata formalmente en el Congreso del Estado de Guanajuato.
Aunque la mayor afectación recae sobre los cuerpos de quienes buscan una interrupción voluntaria del embarazo de forma segura, en el estado persiste la creencia de que pueden iniciarse denuncias penales contra quienes lo realizan de forma autogestiva. En los últimos cuatro años se han abierto 107 carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que aunque no han llegado a juicio por inexistencia de delito, sí han obstaculizado el acceso a la salud en momentos críticos.
“Sabemos que en los espacios de salud pública se amenaza e intimida con denuncias. Guanajuato tiene más carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto que por feminicidio. La prioridad del Estado no es la vida de las mujeres, sino la preservación de sus prejuicios y estructuras patriarcales. Y aunque estas investigaciones no avancen, se afecta a las mujeres. Uno de los casos que acompañamos el año pasado fue el de una joven que llamó al 911 por una hemorragia; le dijeron que podía ir una ambulancia, pero primero debía acudir el Ministerio Público a tomar su declaración porque estaba cometiendo un delito. Condicionaron su derecho a la salud por prejuicios”, compartió María Alcántara, vocera de la Red de Acompañantes de León.
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