Congreso planea reforma ‘fast track’ para aplazar elecciones judiciales hasta 2028; JUFED ve ‘confesión’ de errores Editorial Aristegui Noticias

El Congreso mexicano prevé aprobar la próxima semana por la vía rápida o ‘fast track‘ una reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar hasta 2028 la próxima elección del Poder Judicial, en medio de críticas por la complejidad y el diseño de la primera votación popular de jueces y magistrados en 2025.

Luego de que Sheinbaum anunciara la iniciativa, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió en conferencia de prensa este lunes que el Congreso enfrenta un plazo límite para aprobar cambios electorales antes de septiembre próximo, cuando inicia formalmente el proceso federal de 2027.

No obstante, la legisladora opositora consideró que la discusión representa “una gran oportunidad para corregir las deficiencias de la reforma judicial (de 2024)”.

Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) afirmó que trasladar la elección judicial hasta el año 2028 “es la confesión más clara del oficialismo sobre la inviabilidad del diseño original” y advirtió que si no se corrige a fondo la reforma del Poder Judicial aprobada en 2024  se va a provocar “un colapso del sistema de impartición de justicia en México”.

 Tal como JUFED lo ha informado con anterioridad, aplazar un año el ejercicio, equivale a posponer un error sistémico sin atender las causas de fondo.

La propuesta de Sheinbaum busca aplazar a 2028 los comicios judiciales previstos para 2027, año en que México celebrará elecciones legislativas y locales en gran parte del país, incluida la renovación de la Cámara de Diputados y las gubernaturas en 17 estados.

Ricardo Monreal

Por su parte, el líder oficialista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que el jueves 21 de mayo la Comisión Permanente definirá la convocatoria a un periodo extraordinario para discutir la iniciativa.

Según el calendario legislativo difundido entre diputados, la reforma sería discutida en comisiones el lunes y votada al día siguiente en el pleno, detalló Monreal.

Posteriormente, sería enviada al Senado y a los congresos estatales para su ratificación antes de que finalice mayo.

Monreal afirmó que el objetivo es aprobar la reforma “antes de la conclusión del mes” para permitir que los congresos estatales participen en el proceso de ratificación constitucional.

El legislador sostuvo además que las modificaciones buscan “perfeccionar y enriquecer” el nuevo modelo de elección judicial, luego de críticas por la complejidad de las boletas y el elevado número de candidaturas en los comicios de 2025.

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Entre los cambios planteados por el Gobierno federal se encuentra una reducción en el número de aspirantes para evitar los llamados “acordeones”, listas de candidatos distribuidas durante la elección pasada para orientar el voto.

También señaló que las autoridades buscan simplificar la votación ante la magnitud de la elección prevista originalmente para 2027, que incluiría cientos de cargos judiciales federales y miles de posiciones locales.

“Todos coinciden en que es conveniente la no concurrencia de la elección, es decir, trasladarla del 27 al 28”, sostuvo Monreal.

Según señaló el líder legislativo morenista, la elección incluiría 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito, 385 jueces de distrito y más de 2 mil jueces y magistrados locales.

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La elección judicial en México de 2025, la primera en la historia del país, registró una participación de alrededor del 13%, lo que generó críticas por la dificultad para identificar a los candidatos en la papeleta, entre otros factores.

Los errores de la nueva reforma 

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) que desde 2024 se opuso a la reforma judicial que obligó al cese masivo de jueces y magistrados, poniendo fin a la carrera judicial con base a un escalafón  y exámenes especializados, advirtió que la “reforma de la reforma” va a generar  “una zona de incertidumbre jurídica que solo incrementará la litigiosidad y la falta de certeza para la ciudadanía que busca justicia”.

Por lo anterior, demandó que la elección judicial de 2027, en caso de darse, se limite exclusivamente “a las vacantes reales generadas por causas naturales” como renuncia, jubilación o fallecimiento, destacando que se debe permitir a jueces y magistrados cesados en 2025 y con experiencia en la impartición de justicia, que regresen a sus cargos “con reglas diferenciadas”.

“Obligar al cese masivo de juzgadores en activo solo para cumplir con un calendario político constituye un despojo que vulnera la profesionalización de la justicia. Es urgente que el Estado reconozca que existe un grupo considerable de personas juzgadoras que desean concluir su ciclo profesional en 2027. La incertidumbre del aplazamiento a 2028 rompe los planes de vida de quienes esperaban las fechas de declinación para retirarse dignamente.

El hostigamiento administrativo actual ha llegado al extremo de forzar renuncias de compañeros que prefieren retirarse antes que seguir soportando la presión institucional”, concluye el comunicado.

(Con información de EFE y Aristegui Noticias)