América Latina redibuja su mapa político Lopezdoriga.com

Por Daniel Zovatto, director y editor de Radar Latam 360

América Latina atraviesa un giro sostenido hacia la derecha. Si entre 2022 y los primeros meses de 2023, las seis principales economías de la región –Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú y Chile– estaban gobernadas por fuerzas de centroizquierda o izquierda, catorce elecciones presidenciales celebradas en los últimos tres años han reconfigurado de manera significativa el mapa político regional.

El punto de inflexión se produjo en 2023, con los triunfos de Santiago Peña en Paraguay, Daniel Noboa en Ecuador y la irrupción de Javier Milei en la Argentina. En 2024, la derecha consolidó su avance con las victorias de José Raúl Mulino en Panamá, Nayib Bukele en El Salvador y Luis Abinader en República Dominicana. El ciclo se intensificó en 2025, con cuatro elecciones y cuatro triunfos de fuerzas de derecha, entre ellos el de José Antonio Kast en Chile, la reelección de Noboa en Ecuador, y las victorias de Rodrigo Paz en Bolivia y de Nasry Asfura en Honduras. Y, en febrero de 2026, la victoria holgada de la oficialista Laura Fernández en Costa Rica terminó de confirmar esta tendencia.

¿Un nuevo ciclo político?

El balance cuantitativo es claro: once de las últimas catorce elecciones han sido ganadas por fuerzas de derecha –aunque heterogéneas en sus orientaciones–, frente a solo tres triunfos de la izquierda: Bernardo Arévalo en Guatemala (en 2023), Claudia Sheinbaum en México y Yamandú Orsi en Uruguay (en 2024).

Sin embargo, el mapa emergente exige una lectura más desagregada. Aunque la derecha encadena victorias, la izquierda aún retiene el control de las principales economías de la región. Brasil, México y Colombia –junto a Guatemala y Uruguay– concentran, en conjunto, cerca del 70% del PIB regional y alrededor del 60% de su población. Esta asimetría matiza la narrativa de un giro uniforme de cambio de signo político.

Lo que se observa no es únicamente un desplazamiento hacia la derecha, sino también la consolidación de un nuevo ciclo de voto de castigo a los oficialismos. En parte, los electores no están votando solo por afinidad ideológica, sino en respuesta a la frustración acumulada. La inseguridad, el deterioro del poder adquisitivo, la debilidad del empleo y la persistencia de la corrupción han erosionado la confianza en los gobiernos en cuestión, mayoritariamente asociados a la segunda “marea rosa” de gobiernos progresistas. En ese contexto, la derecha emerge como la principal alternativa disponible frente a la demanda de cambio.

Pero el fenómeno no se agota en el castigo. También refleja una transformación en la oferta política. Las nuevas derechas han demostrado una notable capacidad de conexión con el electorado, apalancándose en redes sociales y en mensajes simples, directos y emocionalmente eficaces. Han sabido capitalizar el rechazo a la política tradicional, así como las preocupaciones en torno a la inseguridad y la migración, articulando discursos antisistema que resuenan en sociedades agobiadas y, en algunos países, también entre los votantes más jóvenes.

El factor Trump

A este escenario regional se suma un factor externo de creciente relevancia: la renovada política hemisférica impulsada por el presidente Donald Trump. El respaldo explícito a gobiernos y liderazgos ideológicamente afines, junto con iniciativas como la denominada “Doctrina Donroe” y el “Escudo de las Américas”, ha profundizado la convergencia entre sectores de la derecha latinoamericana y Washington. Este alineamiento comienza a influir en las dinámicas políticas y electorales de la región, como por ejemplo el apoyo de Trump a Javier Milei en las elecciones legislativas argentinas de octubre pasado y su injerencia en las elecciones presidenciales hondureñas, en noviembre último, en favor de Nasry Asfura.

De cara a los próximos ciclos electorales –especialmente en Perú, Colombia y Brasil–, no puede descartarse que este involucramiento vuelva a manifestarse. La agenda electoral de 2027 también será clave: Nayib Bukele y Milei, principales aliados regionales del mandatario norteamericano, podrían buscar sus respectivas reelecciones, mientras Guatemala adquiere creciente importancia estratégica, ya que un eventual triunfo de la derecha consolidaría un mapa político centroamericano alineado con la Casa Blanca, con la excepción de la dictadura de los Ortega–Murillo en Nicaragua.

Cabe señalar una variable adicional de alto impacto: las elecciones de medio término del 3 de noviembre en Estados Unidos. Una eventual pérdida de la Cámara de Representantes –e incluso del Senado– por parte del oficialismo reduciría significativamente el margen de maniobra de Trump en la etapa final de su mandato. Al mismo tiempo, las encuestas muestran un deterioro sostenido de su aprobación, especialmente en temas sensibles como inflación y costo de vida. De consolidarse esta tendencia, el efecto podría traducirse en un retroceso electoral del partido republicano con consecuencias directas sobre la política exterior estadounidense y su relación con América Latina.

Tres elecciones

En este contexto, las elecciones en tres países sudamericanos en los próximos seis meses serán decisivas: Perú, Colombia y Brasil no solo elegirán presidentes: definirán el nuevo equilibrio político de América Latina.

En Perú, Keiko Fujimori (derecha) lidera la primera vuelta con apenas el 17% de los votos, reflejo de la extrema fragmentación política y de la crisis de representación que atraviesa el país. La definición del segundo lugar –entre el izquierdista Roberto Sánchez, cercano al ex presidente Pedro Castillo, y el derechista Rafael López Aliaga, ex alcalde de Lima– continúa abierta al cierre de esta nota. Ambos rondan el 12% de los votos y, dada la estrechez del margen, será la justicia electoral la que termine definiendo el resultado en los próximos días. Con un número residual de actas aún por procesar, Sánchez mantiene una ventaja estrecha pero, en mi opinión, irremontable sobre López Aliaga, quien ha denunciado fraude sin presentar pruebas concluyentes.

La tensión política se agravó tras la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en medio de cuestionamientos por graves deficiencias organizativas y presuntas irregularidades durante la primera vuelta. En respuesta al deterioro de la confianza pública, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ordenó una auditoría del sistema electoral con el objetivo de reforzar la credibilidad y legitimidad del proceso.

En este contexto, el balotaje del 7 de junio entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez –el escenario más probable al cierre de esta edición– se perfila como una elección marcada por máxima incertidumbre, elevada polarización, fragilidad institucional y riesgo de conflictividad postelectoral. La situación se volvió aún más compleja luego de que esta semana la fiscalía solicitara cinco años y cuatro meses de prisión, además de la inhabilitación, de Sánchez, por presuntas irregularidades en los reportes financieros presentados ante la ONPE correspondientes a campañas y ejercicios entre 2018 y 2020.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro no puede aspirar a la reelección por mandato constitucional. La primera vuelta del 31 de mayo entra en una fase decisiva, marcada por una elevada polarización y persistencia de la violencia política.

A solo dos semanas de la primera vuelta, el candidato oficialista de izquierda Iván Cepeda encabeza todas las encuestas con niveles de apoyo de entre 37% y 44%, aún insuficientes para evitar un balotaje. La derecha, en cambio, llega fragmentada entre Abelardo de la Espriella –outsider ultraliberal, de discurso populista y punitivo, admirador de Bukele y Milei– y la uribista Paloma Valencia, en medio de una disputa interna particularmente agresiva. Los sondeos ofrecen señales contradictorias: algunos muestran una ventaja clara para de la Espriella, mientras otros reflejan un empate técnico con Valencia. Todo apunta a que la presidencia se definirá en la segunda vuelta del 21 de junio. En ese contexto, el elevado número de indecisos será decisivo para determinar cuál de los dos candidatos de derecha enfrentará a Cepeda en el balotaje.

En Brasil, la disputa entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva –que busca la reelección– y la derecha bolsonarista se desarrolla en un clima de elevada polarización política y social. La candidatura de Flávio Bolsonaro, lanzada tras la inhabilitación de su padre por su responsabilidad en los hechos vinculados al intento de golpe del 8 de enero de 2023, busca mantener vivo el capital político del bolsonarismo y reinstalar al clan Bolsonaro en el centro de la disputa por el poder.

Pese a los logros económicos de su administración, Lula enfrenta un desgaste político significativo, aunque recientemente se ha visto favorecido –al menos de manera coyuntural– por su exitosa reunión con el presidente Trump. Sin embargo, en un contexto marcado por alta volatilidad, polarización y fuerte incertidumbre, la dinámica electoral podría modificarse sustancialmente en los próximos meses. De cara a la primera vuelta del 4 de octubre, las encuestas muestran una competencia muy cerrada entre ambos candidatos y una alta probabilidad de que la elección se defina en un reñido balotaje el 25 de octubre.

Dado el peso económico, demográfico y geopolítico de Brasil, el resultado de esta elección tendrá implicaciones que trascienden ampliamente sus fronteras y podrían influir de manera decisiva en el equilibrio político regional.

Las tres elecciones comparten rasgos comunes: alta fragmentación y polarización, hundimiento de las opciones de centro, electorados volátiles y resultados estrechos que hacen muy probables definiciones en segunda vuelta. A ello se suma el avance del negacionismo –no aceptar los resultados en caso de derrota– y una mayor judicialización de los comicios, en un contexto agravado por la desinformación en redes sociales. Además, ninguno de los futuros presidentes contará con mayoría propia en el Congreso, lo que anticipa fuertes desafíos en materia de gobernabilidad.

De este ciclo electoral emerge una doble interrogante. La primera: si el proceso derivará en una mayor homogeneidad política –con predominio de gobiernos de derecha– o en una configuración más heterogénea, en la que convivan distintas orientaciones ideológicas entre las principales economías de la región. La segunda: si América Latina está entrando en un ciclo político de derecha prolongado, comparable a lo que fue la primera “marea rosa” a inicios de este siglo, o en una etapa más breve e inestable como las dos últimas de ambos signos ideológicos.

Liderazgos personalistas

En suma, el eje izquierda–derecha sigue siendo una referencia, pero ya no alcanza para explicar electorados pragmáticos que votan menos por identidad ideológica que por evaluación de desempeño. Seguridad, crecimiento, empleo, bienestar y honestidad pesan hoy más que los relatos políticos tradicionales. Y los gobiernos que no entreguen resultados rápidos y tangibles no solo perderán apoyo: enfrentarán crecientes problemas de gobernabilidad y se exponen a ser desalojados del poder con la misma rapidez con la que llegaron a él.

Pero este escenario de volatilidad estructural conlleva un riesgo adicional. La frustración social y el voto de castigo no necesariamente producen alternativas moderadas ni institucionalistas. También alimentan liderazgos personalistas autoritarios, proyectos iliberales tanto de derecha como de izquierda, así como modelos de “eficracia”: gobiernos que combinan –como el de Bukele– mano dura, popularidad y debilitamiento progresivo de los contrapesos democráticos.

En síntesis, el futuro político de América Latina dependerá menos de la ideología que de la capacidad de sus gobiernos para producir resultados concretos sin sacrificar los equilibrios democráticos. Y de esa capacidad dependerá no solo la estabilidad política de los países latinoamericanos, sino también la calidad y resiliencia futura de sus democracias.

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