Implicados en desaparición de Yulixa Toloza podrían pagar hasta 40 años de cárcel: estos serían los delitos aplicables a los falsos cirujanos Infobae
Mientras las autoridades intensifican la búsqueda de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años cuyo paradero se desconoce desde el miércoles 13 de mayo tras practicarse un procedimiento estético no autorizado en el sur de Bogotá, los involucrados en dicha cirugía se enfrentan a graves consecuencias.
La última imagen disponible muestra a la víctima siendo cargada casi inconsciente por dos hombres, quienes la subieron a un vehículo tras complicaciones médicas sufridas durante una lipólisis láser realizada en una clínica clandestina.
El caso ha puesto en el centro del debate las consecuencias legales para quienes participaron en su desaparición. Los involucrados —incluida la propietaria del establecimiento, una enfermera venezolana, el falso médico responsable del procedimiento y quienes trasladaron a la paciente— ahora enfrentan posibles sanciones que podrían alcanzar hasta 40 años de prisión.
Quienes participaron en la desaparición de Yulixa Toloza tras un procedimiento estético ilegal podrían ser acusados de desaparición forzada, un delito que en Colombia contempla penas de entre 26 y 45 años de cárcel.
Además, si se comprueba la muerte de la paciente, los responsables podrían enfrentar cargos adicionales, incluyendo homicidio doloso, que agrava la situación penal de los implicados.
Las líneas de investigación y los delitos posibles
El abogado penalista Saúl León señaló a El Tiempo que la investigación principal debería centrarse en la desaparición forzada. Explicó que el simple hecho de mantener a la víctima oculta ya constituye ese delito según la ley colombiana.
“El solo hecho de mantenerla desaparecida ya materializa ese delito”, comentó el jurista al diario nacional.
Además, León advirtió sobre la posible manipulación o desaparición de grabaciones de cámaras de seguridad en la clínica, lo que podría derivar en acusaciones por ocultamiento o destrucción de material probatorio. Esta conducta está penada con entre seis y doce años de prisión.
Asimismo, el penalista Fabio Humar advirtió que los hechos pueden derivar en múltiples delitos, comenzando por lesiones personales, debido a las complicaciones médicas sufridas por Toloza.
Humar también destacó que ofrecer procedimientos médicos sin la debida habilitación profesional constituye una irregularidad grave en la prestación de servicios de salud y también la castiga la justicia colombiana.
En caso de que se confirme el fallecimiento de la mujer tras la intervención, quienes practicaron el procedimiento enfrentarían cargos por homicidio doloso. Según Humar, “cualquier resultado dañino derivado de una intervención ilegal puede ser imputado a título de dolo”.
Una de las claves en la investigación sobre la desaparición de Yulixa Toloza es el vehículo en el que la mujer de 52 años fue vista por última vez al salir de un centro estético que funcionaba sin autorización en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.
Desde que Toloza abandonó ese lugar el 13 de mayo de 2026, las autoridades han intentado reconstruir la ruta del automóvil con placas UCQ-340, que fue registrado por cámaras de peaje en el municipio de Gachancipá, en Cundinamarca, durante la madrugada del 14 de mayo.
El registro en los peajes marca el último punto confirmado en la investigación sobre el destino de Toloza. Según El Tiempo, el automóvil era empleado de forma regular por María Fernanda Delgado Hernández, señalada como propietaria del centro Beauty Láser, y por su pareja, identificada como Edinson Torres. Sin embargo, el propietario legal del vehículo es George Ramírez Cortázar, un comerciante de 33 años que posee un local de comidas cercano al establecimiento estético.
Ramírez Cortázar acudió de manera espontánea ante la Sijín para aclarar su relación con el vehículo. Explicó ante las autoridades que, aunque el automóvil estaba formalmente registrado a su nombre, fue la pareja de origen venezolano, responsable del centro en el que fue vista Yulixa Toloza, quien le solicitó ayuda para gestionar el traspaso de la propiedad, ya que carecían de la documentación migratoria necesaria para completar el trámite en Colombia.
