Gobierno de México ya presiona a sus propios empleados para registrar sus celulares en el padrón de líneas
05 de Mayo, 2026 09:05A semanas de que venza el plazo obligatorio para registrar líneas celulares en México, la estrategia ha dado un giro, pues el gobierno ya no solo apunta a los usuarios en general, sino también a sus propios trabajadores.
Correos internos, manuales y enlaces directos forman parte de una campaña que busca acelerar un proceso que sigue muy por debajo de lo esperado.
De acuerdo con un reporte de Expansión, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) comenzaron a enviar correos electrónicos a dependencias gubernamentales.
El objetivo es presionar e incentivar a los empleados públicos para que registren sus líneas telefónicas antes de la fecha límite.
{"videoId":"xa6x4te","autoplay":true,"title":"Dreame X60 Max Ultra Complete", "tag":"", "duration":"126"} El mensaje, al que tuvo acceso el medio, describe la iniciativa como una campaña interna “para difundir y orientar al personal respecto al registro”.
Además, incluye soporte técnico mediante mesas de servicio y correos de contacto para resolver dudas durante el proceso.
El movimiento muestra un cambio en la estrategia oficial ante el bajo avance del padrón, que hasta el 19 de abril apenas alcanzaba 30.
2 millones de líneas registradas, es decir, solo el 18.
7% del total nacional.
Un portal intermediario y múltiples operadoresLos correos incluyen un enlace que dirige a un portal que agrupa a distintos operadores móviles.
Desde gigantes como Telcel, AT&T y Telefónica, hasta propuestas más recientes como Bait y diversos Operadores Móviles Virtuales (OMV).
Este sitio no realiza el registro directamente, sino que funciona como intermediario.
Redirige a los usuarios a las plataformas oficiales de cada compañía, además de ofrecer accesos para consultar estatus o reportar fallas.
Junto con el enlace, las autoridades distribuyeron un manual que recomienda documentar cada intento de registro y cualquier error en el proceso, lo que sugiere que los problemas técnicos siguen siendo frecuentes.
Fallas, desconfianza y posibles riesgosLos reportes de usuarios coinciden: aunque el sistema puede indicar que el registro fue exitoso, en la práctica muchas líneas no quedan correctamente vinculadas.
A esto se suman denuncias sobre números registrados a nombre de terceros o múltiples líneas asignadas sin consentimiento.
El propio manual reconoce un punto sensible, no se solicitan datos biométricos, pero existe la posibilidad de filtraciones.
En caso de ocurrir, se aplicaría la Ley de Protección de Datos Personales a los responsables.
Este contexto alimenta la desconfianza.
Como ya reportamos en Xataka México, el padrón comenzó con fallas técnicas, intermitencias e incluso sospechas de vulnerabilidades que expusieron información sensible.
Para muchos usuarios, el problema no es solo cumplir, sino confiar en el sistema.
La industria también presionaAnte la falta de avance, no solo el gobierno ha intensificado esfuerzos.
Operadores y asociaciones como la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales y la Asociación Nacional de Telecomunicaciones han lanzado campañas masivas de mensajes, redes sociales y anuncios.
El llamado “bombardeo” busca acelerar un registro que avanza a un ritmo insuficiente.
Según datos citados por Expansión, México necesitaría registrar cerca de 934,000 líneas diarias para cumplir la meta antes del 30 de junio, pero actualmente apenas se alcanzan alrededor de 346,000.
Sin prórroga y con riesgo de desconexiónLa Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha dicho que no habrá prórroga.
El plazo se mantiene fijo al 30 de junio de 2026.
A partir del 1 de julio, las líneas no registradas serán suspendidas para llamadas, mensajes y datos móviles, aunque conservarán acceso a servicios de emergencia.
El objetivo oficial es eliminar el anonimato en las comunicaciones y facilitar investigaciones de delitos.
Sin embargo, el escenario plantea riesgos importantes: desde una posible desconexión masiva hasta afectaciones en el acceso a la conectividad, considerada un derecho constitucional.
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