Sin medicamentos, la salud deja de ser un derecho Infobae
Hay decisiones de política pública que no solo impactan en indicadores sanitarios, sino que moldean la forma en que una sociedad se piensa a sí misma. El Programa Remediar es uno de esos casos. Nació en 2002, en el contexto de una de las crisis económicas, sociales y políticas más profundas de nuestra historia reciente. Aquella crisis golpeó con fuerza la seguridad alimentaria, pero también el acceso a la salud. En ese escenario, el Estado nacional decidió garantizar algo básico: que los medicamentos imprescindibles llegaran a quienes más los necesitaban.
Hoy, más de dos décadas después, empiezan a verse señales que remiten, con preocupación, a aquel momento. El crecimiento de la inseguridad alimentaria en niñas, niños y adolescentes, el endeudamiento de las familias y la fragilidad económica de amplios sectores de la sociedad configuran un escenario que no puede ser ignorado. Y es justamente en contextos así donde las políticas públicas deben fortalecerse, no retirarse.
A partir de 2003, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Remediar dejó de ser una respuesta de emergencia para convertirse en una política estructural del sistema de salud argentino. Llegó a distribuir cerca de un centenar de medicamentos en todo el país, garantizando tratamientos para enfermedades crónicas como las cardiovasculares, respiratorias o endocrinológicas, para patologías agudas frecuentes y también para acciones de prevención como la suplementación durante el embarazo o el acceso a anticoncepción.
Su impacto fue mucho más profundo que la provisión de medicamentos. Durante 24 años, generaciones enteras de trabajadores de la salud y de ciudadanos crecimos con una certeza: en la Argentina, enfermarse no era una condena económica ni una sentencia de exclusión. El acceso a medicamentos esenciales estaba garantizado, incluso en los lugares más alejados, donde muchas veces ni siquiera hay farmacias comerciales. Esa construcción colectiva es parte del pacto social que define a nuestro país.
La interrupción de este programa, sumada a las restricciones en el acceso a medicamentos para jubilados a través de PAMI, no solo pone en riesgo tratamientos indispensables, también erosiona algo más profundo: la idea de seguridad social, la convicción de que existe un Estado que protege, cuida y garantiza derechos.
El impacto sanitario es evidente. La falta de acceso a tratamientos crónicos se traduce en complicaciones evitables, en internaciones que podrían prevenirse, en mayor sufrimiento para las personas. Pero el daño simbólico es, quizás, aún más grave. Porque cuando se debilita la idea de que la salud es un derecho, se rompe un consenso social que llevó décadas construir.
Además, Remediar no era una política aislada. Llegaba a los centros de salud, no a los hospitales, fortaleciendo la estrategia de atención primaria. Permitía resolver la mayoría de los problemas de salud en el primer nivel de atención, cerca de los hogares, evitando la saturación de las guardias y organizando de manera más eficiente todo el sistema. Su ausencia también desordena esa lógica, empujando a la población hacia niveles de atención que deberían estar reservados para la urgencia.
Es necesario decirlo con claridad: ninguna provincia puede reemplazar una política nacional de la magnitud y la trayectoria de Remediar. No obstante, desde la provincia de Buenos Aires hemos decidido no quedarnos de brazos cruzados. Por eso impulsamos el Programa Medicamentos Bonaerenses, política integral enmarcada en el Plan Quinquenal de Salud 2023-2027, que tiene como objetivo de sostener el acceso a tratamientos para las enfermedades más prevalentes y acompañar a nuestra población en los centros de salud de cada municipio. Es un esfuerzo significativo, en un contexto adverso.
En esta oportunidad, estamos sumando 74 medicamentos a los 91 ya entregados por diferentes programas bonaerenses a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, con una inversión de $24.500.000 millones.
En este envío se distribuirán 45 medicamentos para el abordaje de patologías cardiovasculares (Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardiaca), dislipemias, enfermedades respiratorias (ASMA-EPOC), hipotiroidismo, infecciones respiratorias, etc, marcando el comienzo de una nueva etapa en la política de acceso a medicamentos.
Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cuidar a nuestra gente. Y también vamos a dar la discusión de fondo. No se trata solo de recuperar un programa, sino de defender un principio: que la salud es un derecho, no un privilegio. Que no puede depender de la capacidad de pago de cada persona ni de decisiones coyunturales. Que es una conquista de nuestro pueblo y una responsabilidad indelegable del Estado.
En momentos de incertidumbre, las sociedades necesitan más protección, no menos. Por eso, vamos a seguir trabajando y luchando para que ese derecho vuelva a estar plenamente garantizado en cada rincón de la Argentina.
