Juez impuso medida de aseguramiento a los hermanos Gómez Cardozo por secuestro y hurto en el caso Diana Ospina en Bogotá Infobae
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, señalados como presuntos responsables del secuestro y hurto de una mujer en Bogotá bajo la modalidad conocida como ‘paseo millonario’.
El hecho ocurrió el 22 de febrero de 2026, cuando la víctima, identificada como Diana Ospina, fue retenida ilegalmente y despojada de una suma considerable de dinero. Las capturas de los hermanos Gómez Cardozo se realizaron en un operativo conjunto entre la Fiscalía y unidades del Gaula de la Policía Nacional en las localidades de Kennedy y San Cristóbal, ubicadas al sur de la capital.
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Durante las diligencias, los investigadores recolectaron elementos materiales probatorios que permitieron reconstruir el recorrido de la víctima y la logística empleada por los asaltantes. Según la investigación, la mujer abordó un taxi conducido por Juan Pablo Gómez en el sector de Chapinero con destino a su residencia. Durante el trayecto, el taxi fue seguido de cerca por un vehículo particular en el que se desplazaba un grupo de hombres, entre ellos Diego Armando Gómez. La coordinación entre ambos permitió que, al llegar al barrio Santa María del Lago, el taxi fuera interceptado y la pasajera abordada violentamente.
La víctima fue sometida bajo intimidación permanente, obligada a entregar dinero en efectivo y a facilitar el acceso a sus cuentas bancarias y productos financieros. Los asaltantes lograron apropiarse de aproximadamente 40 millones de pesos durante el tiempo que la mantuvieron en cautiverio. El secuestro se prolongó por más de 40 horas, al cabo de las cuales la mujer fue abandonada en una vía que comunica Bogotá con Choachí, en el departamento de Cundinamarca.
Ante los hechos, una fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los hermanos Gómez Cardozo los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Durante la audiencia, ambos aceptaron los cargos que les fueron formulados y, por decisión judicial, deberán permanecer privados de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso.
Testimonios clave en la reconstrucción del caso
Durante la audiencia, la fiscal presentó los testimonios de la víctima que permitieron reconstruir los hechos. Diana Ospina relató que la noche del 21 de febrero de 2026, tras salir de la zona de Theatron, tomó un taxi para regresar a su vivienda en Engativá. Al llegar al barrio Santa María del Lago, pidió al conductor, Juan Pablo Gómez, que la dejara cerca de su edificio.
Según la fiscal, en ese momento dos sujetos más subieron al vehículo, la agredieron físicamente y la obligaron a entregar las claves de su celular, que tenía desbloqueo por huella. Los agresores la llevaron por diferentes partes de la ciudad, deteniéndose en cajeros electrónicos para retirar dinero. Posteriormente, la retuvieron en una vivienda en el sur de la ciudad durante unas cuarenta horas y la liberaron el 23 de febrero en la vía a Choachí.
Ospina detalló que fue sometida con violencia. Uno de los sujetos la tomó del cabello y la obligó a agachar la cabeza, mientras el otro le exigía las claves bancarias y el conductor preguntaba por tarjetas. Al no recibir toda la información, la golpearon y la amenazaron de muerte si no cooperaba.
Seguimiento de las transacciones y hallazgos digitales
La Fiscalía presentó el rastreo digital de las transacciones bancarias hechas durante el cautiverio. Amigos de la víctima, al notar su ausencia, revisaron su correo electrónico y encontraron comprobantes de transferencias eliminadas. También observaron que el teléfono seguía encendido, aunque sin localización activa, y detectaron notificaciones de movimientos bancarios. El monto total de los retiros y transferencias fue cercano a cuarenta millones de pesos.
Finalmente, los testimonios y evidencias digitales permitieron a la Fiscalía identificar a los responsables y solicitar la medida de aseguramiento, que fue aceptada por el juez.
