¡¡¡No somos iguales!!! Elarsenal.net
Raúl Flores Martínez.
La Fiscalía General de la República quedó bajo cuestionamiento por el tiempo que ha tomado la revisión de la solicitud enviada por el gobierno de Estados Unidos para detener provisionalmente, con fines de extradición, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El caso ocurre en medio de un ambiente político cargado. Mientras la autoridad federal sostiene que el trámite debe cumplir con los cauces legales, desde distintos sectores se acusa que los procedimientos burocráticos podrían terminar por dilatar una decisión de alto impacto.
A la par, la defensa política del mandatario sinaloense no ha tardado en aparecer. Desde la presidenta Claudia Sheinbaum hasta legisladores y gobernadores afines a la cuarta transformación, el mensaje ha sido cerrar filas y rechazar cualquier vínculo con grupos criminales.
La frase “no somos iguales”, usada durante años como bandera política, vuelve a colocarse en el centro del debate. Ahora enfrenta el desgaste provocado por señalamientos contra funcionarios en activo de un estado marcado por investigaciones y presuntos nexos con integrantes de “Los Chapitos”.
El caso representa un golpe político para el movimiento gobernante, que insiste en deslindarse de las prácticas que durante años atribuyó a sus adversarios. Sin embargo, la solicitud de Estados Unidos contra un gobernador en funciones abre una pregunta incómoda: hasta dónde llega la protección institucional cuando el señalado pertenece al grupo en el poder.
La controversia también revive sospechas sobre la influencia del crimen organizado en entidades del Pacífico, una región donde operan células del Cártel de Sinaloa y donde Morena ha consolidado fuerza electoral en los últimos años.
Por ahora, la FGR mantiene el expediente en revisión. Pero cada día sin una respuesta clara alimenta la percepción de que el caso no sólo se mueve en el terreno jurídico, sino también en el político.
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