Esta es la multa por no afiliar a la ARL a una empleada doméstica en Colombia y el riesgo económico que puede enfrentar Infobae
Una tarea que para muchos hogares parece administrativa, casi rutinaria, puede terminar convirtiéndose en un problema jurídico y financiero de grandes proporciones.
En Colombia, tener una trabajadora doméstica sin afiliación activa a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) ya no es visto únicamente como una omisión en los papeles. Para el Ministerio del Trabajo se trata de un incumplimiento que puede comprometer tanto el patrimonio del empleador como la protección integral de quien presta el servicio.
En medio de la implementación de los cambios laborales aprobados en el país, la vigilancia sobre este tipo de contrataciones se endureció. Las autoridades laborales insisten en que los hogares, pequeños negocios y personas naturales que vinculen personal para labores domésticas deben cumplir con las obligaciones del sistema de seguridad social, incluyendo la afiliación a riesgos laborales desde el primer día de trabajo.
El tema ganó relevancia porque todavía persiste la idea equivocada de que estas exigencias aplican únicamente a empresas grandes o empleadores formales. La legislación colombiana, sin embargo, es clara: cualquier persona que contrate a una empleada doméstica asume responsabilidades legales frente a su salud, seguridad y condiciones laborales.
Lo que más preocupa a las autoridades no son únicamente las sanciones económicas. El verdadero riesgo aparece cuando ocurre un accidente dentro del lugar de trabajo o se desarrolla una enfermedad asociada a la actividad laboral y la trabajadora no cuenta con cobertura de la ARL. En ese escenario, la responsabilidad puede recaer completamente sobre el empleador.
Eso significa que, más allá de una multa, la persona contratante podría terminar asumiendo gastos médicos, tratamientos, hospitalizaciones, procedimientos quirúrgicos, terapias de recuperación y, en algunos casos, indemnizaciones derivadas de incapacidades temporales o permanentes. Con la reforma laboral y el fortalecimiento de los mecanismos de inspección, el Ministerio del Trabajo recordó que el incumplimiento de estas obligaciones puede traducirse en procesos administrativos y sancionatorios. La entidad tiene la facultad de imponer multas a quienes incumplan las normas relacionadas con seguridad y salud en el trabajo.
Para 2026, el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) fue fijado en $52.374, base sobre la cual se calculan estas sanciones. En el caso de personas naturales o empleadores clasificados como microempresas, la multa puede ir desde 26 UVT hasta 500 UVT. Llevado a pesos colombianos, el monto puede oscilar entre aproximadamente $1.361.000 y $26.187.000. El valor exacto dependerá de factores como la gravedad del incumplimiento, el tiempo de mora, si existió omisión en la afiliación inicial o si la persona ya fue sancionada previamente por reincidencia.
No obstante, expertos laborales advierten que esa cifra puede ser apenas el comienzo de un problema mucho mayor. Si la trabajadora doméstica sufre una caída, una lesión muscular, una fractura o cualquier accidente relacionado con sus funciones, y no está afiliada correctamente, el contratante podría asumir directamente todos los costos derivados del evento.
En Colombia, las labores domésticas incluyen actividades que, aunque suelen normalizarse, implican exposición constante a riesgos físicos. Subir escaleras, manipular productos químicos, cargar objetos pesados, usar utensilios cortopunzantes o estar expuesta a pisos húmedos son situaciones que pueden generar incidentes laborales.
Por eso, el sistema de riesgos laborales existe como una herramienta de protección tanto para el trabajador como para quien contrata. La afiliación permite activar protocolos de atención médica, incapacidades cubiertas, rehabilitación y acompañamiento clínico especializado si ocurre un accidente de trabajo.
Desde el ministerio también recuerdan que no basta con pagar de forma ocasional o hacer aportes parciales. La mora, los pagos incompletos o las interrupciones en la afiliación pueden generar consecuencias similares frente a una eventual inspección.
Otro punto importante es que muchas familias desconocen que el vínculo laboral con una empleada doméstica, incluso si trabaja por días, puede generar obligaciones formales. El número de jornadas, la frecuencia del servicio o la modalidad de pago no eliminan la necesidad de cumplir con el sistema de protección social. En la práctica, esto implica realizar la afiliación correspondiente, mantener los aportes al día y conservar soportes de pago ante cualquier requerimiento de las autoridades.
