EEUU vincula al gobernador de Sinaloa con el narcotráfico

En un movimiento que escala las tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha formalizado acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de la administración estatal y federal.

Los detalles de la acusación

Según el pliego acusatorio presentado ante una corte federal, las autoridades estadounidenses sostienen que los señalados habrían brindado protección institucional y facilitado operaciones logísticas para diversas facciones del crimen organizado que operan en la región del Pacífico.

La investigación, liderada por agencias de inteligencia en conjunto con la DEA, apunta a tres ejes principales:

Obstrucción de la justicia: Presunta manipulación de investigaciones locales para favorecer a líderes de carteles.

Lavado de dinero: Uso de redes de funcionarios para blanquear capitales a través de contratos de obra pública.

Corrupción sistémica: Recepción de sobornos a cambio de información sobre operativos de fuerzas federales.

Funcionarios bajo la lupa

Aunque la lista completa de los otros nueve funcionarios se mantiene bajo reserva parcial en algunos documentos, se ha filtrado que entre los implicados figuran mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y excolaboradores cercanos a la oficina del ejecutivo sinaloense.

”Esta acusación es el resultado de años de recopilación de evidencia técnica y testimonios protegidos. Nadie está por encima de la ley cuando se trata de la seguridad nacional de los Estados Unidos y la crisis de fentanilo”, declaró un portavoz del Departamento de Justicia.

Postura oficial del Gobierno

Hasta el momento, el Gobierno de Sinaloa ha calificado las acusaciones como “políticamente motivadas” y carentes de sustento jurídico. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no ha emitido un comunicado oficial sobre si se atenderán las posibles solicitudes de extradición que podrían derivarse de este proceso.

Este caso representa uno de los golpes más contundentes a la clase política mexicana en funciones desde el juicio a Genaro García Luna, poniendo en entredicho la estrategia de seguridad en uno de los estados clave para el comercio internacional y la estabilidad interna de México.

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