El caso que sacude a Lili Pink: así detectó la Dian el esquema de una presunta red de contrabando Infobae
Una investigación iniciada desde los sistemas internos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) terminó por conectar una presunta red de contrabando textil con un proceso de extinción de dominio que hoy involucra a la marca colombiana Lili Pink, de ropa interior femenina.
El origen del caso se remonta a 2022, cuando un sistema de control digital interno, conocido como “el ojo de la Dian” —que monitorea en tiempo real el comportamiento de sus funcionarios y detecta irregularidades tributarias—, encendió las primeras alertas sobre movimientos irregulares dentro de la entidad.
Las señales aparecieron tras el cruce de información tributaria en tiempo real; de esta manera, el sistema detectó accesos inusuales a bases de datos oficiales y consultas que no coincidían con las funciones asignadas a varios funcionarios y a eso se sumaron solicitudes repetidas de devoluciones del Impuesto al Valor Agregado o Añadido (IVA) que no seguían los patrones habituales; ese conjunto de anomalías llevó a la entidad a concentrar la atención sobre posibles maniobras irregulares dentro del sector textil.
El software de control operó como una vigilancia constante sobre los equipos institucionales y durante meses, el sistema identificó accesos a bases de datos que no correspondían con los cargos asignados y solicitudes que no seguían el flujo habitual de fiscalización. En varios casos, esas coincidencias conectaron a los funcionarios con empresas ubicadas en una misma dirección en Barranquilla, punto que terminó por orientar la investigación hacia una posible red de contrabando y manejo irregular de devoluciones tributarias para 2022.
El análisis posterior reveló que en esa dirección se constituyeron más de 30 empresas del sector textil durante dos décadas y es que todas compartieron un comportamiento similar: funcionaron como proveedoras, tramitaron devoluciones de IVA y luego dejaron de operar sin continuidad visible; ese ciclo se repitió como una constante dentro del mismo punto geográfico.
Así habría operado la marca de ropa, de acuerdo con los hallazgos de la Dian
En el caso de la reconocida marca Lili Pink, el presunto esquema se entiende como una cadena de engaños que se apoyaba en documentos falsos para mover dinero del Estado. Primero aparecían las llamadas “facturas de papel”, que eran documentos emitidos por empresas que no tenían actividad real o que solo existían en el registro, en esas facturas se hacía ver la venta de telas, insumos o servicios que nunca ocurrieron.
Luego venía la simulación de operaciones, en esas facturas incluían un IVA como si se hubiera pagado dentro de una compra legítima, pero al sumarlas en la contabilidad, las empresas mostraban gastos elevados y pagos de impuestos que en realidad no existían. Con ese soporte falso, al parecer se hacía la solicitud de devolución ante la Dian y el argumento era que la empresa había pagado ese impuesto en su cadena de producción y, por tanto, el Estado debía devolver ese dinero. Así, recursos públicos terminaban saliendo por operaciones inexistentes.
Esas mismas facturas también habrían servido para dar apariencia legal a mercancía de contrabando, sobre todo textiles que habrían ingresado al país sin cumplir los requisitos aduaneros. Al mezclarse con papeles contables, la ropa ‘ilegal’ quedaba registrada como si hubiera sido producida o comprada de forma formal.
La Dian denunció este caso y otros ante la Fiscalía General de la Nación cuatro años atrás
Con esos indicios, la entidad ordenó la verificación de una de las compañías aún activas. El operativo terminó con un allanamiento que permitió encontrar una libreta con anotaciones detalladas; en ese registro aparecieron pagos asociados a presuntos sobornos dirigidos a funcionarios de la Dian. Los apuntes incluyeron cifras, porcentajes y nombres que señalaron una dinámica repetida de coimas.
Las evidencias permitieron a los investigadores reconstruir un modelo de operación que unía varias piezas, por lo que el esquema combinó el ingreso irregular de textiles al país, la creación de empresas de papel, la facturación con IVA simulado y la solicitud posterior de devoluciones tributarias sin respaldo real en la operación comercial.
Dentro de esa estructura también apareció la participación de funcionarios de la Dian, por lo que los registros apuntaron a su intervención en trámites que facilitaron la salida de recursos por devoluciones no justificadas, a cambio de pagos ilegales y fue ese componente interno lo que fortaleció la hipótesis de una red articulada.
Toda la información recopilada pasó a la Fiscalía General de la Nación en 2022; la entrega incluyó los hallazgos del software, los patrones detectados en las consultas y los resultados de los operativos. Sin embargo, las decisiones judiciales solo avanzaron cuatro años después.
