Crisis por F-16: nuevos ministros de Defensa y Relaciones Exteriores se presentarán ante la Comisión de Defensa Infobae
La Comisión de Defensa del Congreso citó para este lunes 27 al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, al ministro de Defensa, Amadeo Flores, y al canciller Carlos Pareja, con el objetivo de que informen sobre el proceso de compra de aviones de guerra para la Fuerza Aérea del Perú.
La sesión se realizará en medio de la crisis política generada por la adquisición de los F-16, luego de que el presidente José María Balcázar afirmara públicamente que la compra no se concretaría durante su gestión. Pese a esa posición, el contrato ya fue firmado, lo que ha generado cuestionamientos sobre la conducción del Ejecutivo.
Según la agenda del grupo de trabajo parlamentario, los representantes del Gobierno deberán detallar el estado actual de las negociaciones y explicar las decisiones adoptadas en torno a la adquisición. La presentación se produce en un contexto en el que el Congreso ha cuestionado el repentino cambio en el Gabinete, originado por las discrepancias en torno a la compra de los aviones.
En la citación original figuraban el excanciller Hugo de Zela y el exministro de Defensa Carlos Díaz. Sin embargo, ambos renunciaron tras desacuerdos con el mandatario.
Precisamente, esta crisis en el Ejecutivo fue criticada desde el Congreso, sobre todo porque el gabinete encabezado por Arroyo había obtenido la confianza apenas cinco días antes de las dimisiones. El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, calificó esta situación como una burla.
“No sabemos quienes se presentarán el lunes en la Comisión de Denfensa”, señaló Rospigliosi antes de las juramentaciones.
Anuncio presidencial y firma del contrato: el origen de la crisis
La controversia se remonta al viernes 17 de abril, cuando el presidente Balcázar anunció en televisión que la compra de los aviones F-16 no se realizaría y que la decisión sería trasladada al próximo gobierno. La posición fue reiterada en los días siguientes, consolidando la idea de una suspensión de la operación.
Sin embargo, el lunes 20 de abril, el entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz, autorizó la firma del contrato. Este hecho marcó un punto de quiebre dentro del Ejecutivo, ya que la decisión se concretó pese a la postura pública del jefe de Estado.
La contradicción se hizo más evidente cuando se confirmó que el acuerdo había sido cerrado mientras el presidente continuaba afirmando que la compra debía ser evaluada por la siguiente administración. Esta falta de alineamiento entre el discurso político y la ejecución administrativa desencadenó una crisis que rápidamente escaló.
El episodio expuso tensiones internas en el Gobierno y abrió cuestionamientos sobre la capacidad del mandatario para ejercer control sobre su gabinete.
Bloqueo del pago y tensiones dentro del Ejecutivo
Tras la firma del contrato, el conflicto se trasladó al ámbito financiero. El presidente Balcázar dispuso que el Ministerio de Economía y Finanzas no realice el desembolso correspondiente al primer pago, lo que generó un nuevo nivel de contradicción dentro del Ejecutivo.
Mientras el acuerdo avanzaba en términos contractuales, la decisión de bloquear el pago evidenció una ruptura en la ejecución de la política gubernamental.
En paralelo, se intensificaron las críticas desde distintos sectores. El recnunciante ministro de Defensa, Carlos Díaz, defendió el proceso y sostuvo que la firma del contrato se realizó conforme al cronograma establecido. Según indicó, la decisión había sido tomada con anterioridad y no existía una comunicación oficial que ordenara su suspensión.
Renuncias y reacciones políticas
La crisis derivó en la salida de dos ministros clave del gabinete. Carlos Díaz dejó el Ministerio de Defensa, mientras que Hugo de Zela también renunció a la Cancillería y cuestionó directamente al presidente Balcázar, a quien acusó de haberle mentido al país.
Estas dimisiones profundizaron la percepción de una fractura interna en el Gobierno. A ello se sumaron reacciones desde el Congreso, donde el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, advirtió sobre las posibles consecuencias políticas de la situación.
En paralelo, se comenzó a evaluar la posibilidad de una moción de censura, lo que evidenció el impacto del caso en el escenario legislativo. Mientras tanto, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió un pronunciamiento señalando que el Perú honraría sus compromisos internacionales respecto a la compra de los aviones.
Este mensaje contrastó con el discurso del jefe de Estado, quien reiteró que la adquisición debía ser revisada por el próximo gobierno. La coexistencia de ambas posiciones consolidó la crisis y alimentó el debate sobre el debilitamiento de la investidura presidencial.
