Un cártel llamado Morena SDP Noticias

“Cuando el poder deja de administrar, empieza a extraer.”

Peter Mair

“Gobernar para los tuyos también es una forma de saqueo.”

Idea inspirada en Acemoglu & Robinson

El problema no es que hagan negocios; en política, siempre los ha habido. El asunto es cómo y desde dónde se hacen: al amparo del poder, con contratos públicos, con decisiones regulatorias que casualmente benefician a los mismos apellidos que gobiernan. Cuando eso sucede, no es emprendimiento; es extracción.

Por ello, conviene incomodar a la narrativa oficial con algo más que indignación. Daron Acemoglu lleva años explicando que cuando las instituciones dejan de ser inclusivas y se vuelven extractivas, el poder político se convierte en una herramienta para transferir riqueza hacia una élite. No es ideología; es mecánica pura. Y lo que estamos viendo en México se parece demasiado a ese modelo: acceso al cargo como llave de acceso al negocio.

La 4T prometió separar al poder económico del poder político. Los ha fundido totalmente. Pero no en una élite empresarial tradicional, sino en una nueva red donde partido, gobierno y familia se entrelazan hasta volverse indistinguibles.

Peter Mair advertía que los partidos, cuando se vacían de representación real, dejan de mediar entre sociedad y Estado y empiezan a operar como cárteles de poder. No criminales —o no exclusivamente— en el sentido penal, sino estructuras cerradas que se reparten recursos, posiciones y decisiones. Exactamente eso: un cártel que administra el acceso al presupuesto.

Ahí están los signos exteriores de riqueza que no necesitan demasiada explicación, sino contexto: propiedades que aparecen a precios de ganga, casas que no corresponden a trayectorias previas, estilos de vida que florecen justo cuando llega el amigo al cargo público... Fernández Noroña, Rocío Nahle, Manuel Bartlett, Santiago Nieto, Marina del Pilar, Mario Delgado, Layda Sansores… nombres distintos, patrón idéntico. Esto es, no hablamos de un desliz individual; se trata de una regularidad.

Y luego están los negocios. De chocolates a trenes y balastro, de medicinas que no llegan a contratos energéticos, de gasolineras a… casinos. Un catálogo que no nace de la experiencia empresarial acumulada, sino de la proximidad al poder. Familias completas convertidas, de pronto, en proveedoras del Estado. Apellidos que se repiten: López Beltrán, Alcalde, López Hernández, Monreal, Batres. La curva de aprendizaje coincide sospechosamente con la curva de poder.

El caso de los casinos lo ilustra con precisión quirúrgica. Un tribunal administrativo —dicho sea de paso, ya completamente alineado al Ejecutivo Federal— ordena a Gobernación otorgar permisos a redes vinculadas con la familia de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco con Adán Augusto López (y líder de La Barredora, no se nos olvide). Gobernación se lava las manos: “fue mandato judicial”. Como si la obediencia burocrática cancelara la responsabilidad política. Como si el problema fuera el trámite y no la red. Como si de pronto la ley si fuera la ley…

Y cuando la evidencia incomoda, la respuesta es conocida: desacreditar al mensajero. Se dice que “Reforma miente”, aunque la información provenga de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Cambian el blanco para no discutir el fondo. Es más fácil pelear con el espejo que con el reflejo.

Notemos, encima, que la Cuarta Transformación ha hecho lo que ha querido con otras decisiones judiciales (empezando por pasárselas por el Arco de Triunfo). Y de pronto, ¡bam!, hay que cumplir a pie puntillas lo que dice —mi cuate— el juez de lo Administrativo…

Acemoglu lo diría sin rodeos: esto no es una desviación, es un equilibrio. Un sistema que se sostiene porque quienes lo operan se benefician de él. Mair lo completaría: y es un sistema políticamente estable mientras no haya competencia real ni rendición de cuentas efectiva. Traducido a la vida pública mexicana: no estamos frente a escándalos, sino frente a un modelo de gobierno.

Por eso la Secretaría Anticorrupción es decorado, y el mantra de “no mentir, no robar, no traicionar” terminó como eslogan sin contenido. No porque la corrupción haya reaparecido, sino porque se reorganizó.

La 4T no erradicó los vicios que denunciaba; los redistribuyó. Aplicó, con notable eficacia, el “quítate tú, que ahí voy yo”. Y en el camino sustituyó una élite por otra, con la diferencia de que la nueva presume superioridad moral mientras reproduce las mismas prácticas. O peores, porque ahora se justifican en nombre del pueblo.

Mientras tanto, la soberanía —esa palabra tan invocada— se vuelve retórica en territorios donde el crimen organizado fija reglas, cobra rentas y decide quién vive y quién gobierna. No hay soberanía donde el Estado negocia su presencia.

En esa mezcla de extracción, impunidad y autojustificación navega Claudia Sheinbaum. No está fuera del problema: está rodeada por él. Y el dilema es simple, aunque no fácil: o rompe con esa lógica —lo que implica costos reales dentro de su propio movimiento— o terminará administrando la misma cloaca que prometió limpiar.

Cuando gobernar se convierte en un mecanismo para repartir botín, el Estado deja de ser institución y se vuelve mercado. Y en ese mercado, como bien anticiparían Acemoglu y Mair, no compiten los mejores: ganan los más cercanos.

Y esos, casualmente, siempre son los mismos.