Tribunal dictaminó que Texas puede arrestar a las personas que crucen ilegalmente la frontera con México El Diario de Chihuahua

Un tribunal federal de apelaciones autorizó el viernes a Texas a aplicar una extensa ley estatal de 2023 que faculta a los agentes de policía estatales y locales para arrestar a los migrantes que cruzan ilegalmente desde México. Este es el último acontecimiento en un caso de larga duración que podría tener implicaciones de gran alcance para la aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos.

En una decisión de 10 votos contra 7, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos dictaminó que los demandantes carecían de legitimación para impugnar la ley, conocida como Proyecto de Ley del Senado 4 , y levantó una orden judicial provisional que había estado vigente desde 2024.

Ese año, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió brevemente que la ley entrara en vigor y devolvió el caso al Quinto Circuito, que rápidamente la suspendió. En julio de 2025, un panel de tres magistrados del Quinto Circuito ratificó la orden judicial de 2024. Desde entonces, Texas ha continuado defendiendo su postura y, el viernes, la mayoría del pleno del Quinto Circuito falló a favor del estado y anuló la orden judicial.

Sin embargo, el tribunal no abordó la cuestión fundamental de si la ley infringe de manera inconstitucional el poder del gobierno federal para establecer y hacer cumplir la ley de inmigración.

El fallo no entrará en vigor hasta el 15 de mayo, y los demandantes, entre los que se incluyen grupos de derechos civiles e inmigrantes y el gobierno del condado de El Paso, han indicado que tienen la intención de apelar la decisión.

“Esta lucha está lejos de haber terminado”, declaró Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que presentó la demanda en nombre de los demandantes, en un comunicado.

La Legislatura de Texas aprobó la ley en 2023, en un momento en que los cruces fronterizos estaban en aumento. La administración Biden impugnó la ley, pero la administración Trump posteriormente retiró la participación del gobierno federal en la demanda.

Los legisladores de Texas han declarado que diseñaron la SB 4 para que se ajustara estrictamente a la ley federal, que ya prohíbe la entrada ilegal. Esta medida permite a los agentes del orden público de todo Texas llevar a cabo lo que, hasta ahora, era responsabilidad de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. La ley también autoriza a los jueces estatales y locales a ordenar la expulsión de personas que no sean ciudadanas estadounidenses.

Los críticos han señalado que la ley podría propiciar un aumento de la discriminación racial y la detención de personas a cientos de kilómetros de la frontera. El gobierno mexicano también ha declarado que no aceptará a ninguna persona deportada por agencias locales o estatales.

Texas había argumentado que su ley era necesaria para disuadir a los migrantes de cruzar ilegalmente la frontera. La administración Trump intensificó la aplicación de las leyes federales de inmigración, lo que provocó una fuerte disminución en los cruces fronterizos.

Pero la disputa sobre la ley podría tener implicaciones más amplias. Expertos legales han señalado que es probable que el caso termine ante la Corte Suprema. De ser así, podría permitir que la mayoría conservadora de la corte revise una decisión histórica de 2012 que ratificó el amplio poder del gobierno federal para establecer políticas de inmigración, y podría afectar los recientes esfuerzos de las legislaturas estatales controladas por los republicanos para crear sistemas estatales de control fronterizo.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, que se postula para desbancar al senador John Cornyn, celebró la decisión del tribunal de apelaciones como una "gran victoria para la seguridad pública y el orden público".

Edna Yang, codirectora ejecutiva de American Gateways, una de las demandantes, declaró que la decisión dejaría a "familias inmigrantes de todo Texas viviendo con el temor de una ley que un panel anterior consideró, con razón, inconstitucional".