SAVE Act: cómo vaciar el voto de las mujeres sin prohibirlo El Financiero
Entre sectores de la ultraderecha estadounidense circula un ejercicio revelador: mapas electorales por estado calculados sin el voto de las mujeres. La conclusión es transparente: sin su sufragio, los republicanos dominarían el mapa político nacional.
Este es el telón de fondo ideológico de una ofensiva concreta: la Safeguard American Voter Eligibility Act, conocida como SAVE Act, ya aprobada en la Cámara de Representantes y todavía sin los votos necesarios en el Senado. La iniciativa podría convertirse en uno de los mayores retrocesos para el sufragio femenino en generaciones.
La ley obligaría a presentar prueba documental de ciudadanía para inscribirse en el padrón electoral federal gringo. En principio, la propuesta parece sensata.
¿Quién podría oponerse a verificar que solo los ciudadanos participen en las urnas? El problema no está en la necesidad de acreditar la ciudadanía, sino en obstáculos concretos, costosos y desigualmente distribuidos para millones de mujeres en Estados Unidos.
La barrera obvia, pero subestimada, está en el nombre. En ese país, una amplia mayoría de mujeres casadas adopta el apellido del esposo o una fórmula compuesta.
El acta de nacimiento, documento primario para probar ciudadanía, conserva el apellido de soltera, mientras que la licencia de conducir, la nómina, las cuentas bancarias y el resto de la vida administrativa operan bajo otro nombre.
Con la SAVE Act, esa discrepancia permitiría bloquear el registro de la electora, salvo que presente una cadena adicional de documentos: certificado de matrimonio, decreto de divorcio, orden judicial de cambio de nombre o lo que corresponda para probar que todas sus identidades pertenecen a la misma persona.
Un trámite razonable puede convertirse para millones de mujeres en un laberinto. Si una mujer se casó hace décadas, si se divorció, si volvió a casarse, si extravió documentos, si nació en una zona rural con registros precarios o si simplemente no tiene a la mano copias certificadas, el derecho al voto deja de ser garantizado y dependerá de su capacidad para reconstruir burocráticamente su propia biografía.
Estimaciones apuntan a que decenas de millones de mujeres podrían enfrentar ese problema. En algunos cálculos, hasta 69 millones de mujeres casadas en edad de votar no tienen acceso inmediato a un documento de ciudadanía que refleje su nombre legal actual.
Obtener actas y certificados cuesta. Lo mismo trasladarse a las oficinas públicas, perder horas de trabajo, pagar cuidado infantil y navegar por la burocracia.
Para una profesionista con recursos puede ser una molestia. Para una madre soltera, una trabajadora por horas, una adulta mayor o una mujer rural, puede ser una barrera decisiva.
Por eso, organizaciones de derechos civiles como la League of Women Voters califican la iniciativa como un impuesto al voto: no se cobra por sufragar, se obliga a gastar para poder votar.
Las sobrevivientes de violencia doméstica suelen perder documentos por el control de sus agresores o pueden haber cambiado de nombre por seguridad.
Las mujeres mayores llegan a tener sus archivos extraviados por décadas. Las afroamericanas del sur rural, las indígenas, las naturalizadas y las mujeres trans enfrentarían obstáculos adicionales en un clima de verificación agresiva.
La ley no menciona a las mujeres como blanco explícito, pero no lo necesita.
Le basta con imponer una regla aparentemente neutral que castiga más a quienes, por razones sociales, legales y económicas, cargan con mayores discontinuidades documentales.
Los promotores de la SAVE Act afirman que buscan impedir el voto de no ciudadanos, pero votar sin ser ciudadano ya es un delito federal en EU y los casos comprobados son escasos.
Cuando el remedio es tan desproporcionado frente a la enfermedad, la sospecha es inevitable, en un entorno ideológico que la refuerza.
En la nueva derecha estadounidense emerge el cuestionamiento frontal al sufragio femenino. El movimiento digital #repealthe19th pide abiertamente revocar la enmienda 19 que garantizó el voto de las mujeres.
Al mismo tiempo, resurge la idea del “voto por hogar”, según la cual el jefe de familia —el hombre— debería representar políticamente al resto. Esa tesis es defendida por la Communion of Reformed Evangelical Churches, red evangélica ultraconservadora asociada con el nacionalismo cristiano.
Su teólogo Doug Wilson describe el sufragio femenino como un error. Pete Hegseth, actual secretario de Guerra de Trump, ha mostrado simpatía pública por contenidos de ese universo religioso.
Por eso la SAVE Act no es solo una medida administrativa sobre el registro electoral. Cuando un sistema obliga a las mujeres a demostrar con papeles lo que a los hombres reconoce por defecto, ya no protege el voto. Decide quién merece ejercerlo.
Lectura sugerida: “Vanguard: How Black Women Broke Barriers, Won the Vote, and Insisted on Equality for All” de Martha S. Jones (Basic Books).
Gracias, LGCH.
