Santiago del Estero le transfirió más de $1.200 millones a una empresa vinculada al tesorero de la AFA Infobae
El gobierno de Santiago del Estero transfirió más de $1.243 millones en dos años a una empresa de seguridad llamada SEGON SRL, vinculada al círculo íntimo de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino. La firma ganó en junio de 2024 una licitación para proveer vigilancia en el Hospital Regional Ramón Carrillo, el mayor establecimiento sanitario de la capital provincial, por $380.160.000 a doce meses. Pero las transferencias comenzaron cinco meses antes de la firma del decreto de adjudicación y superaron ese monto: $633.550.169 en 2024 y otros $609.385.635 en 2025, según surge del requerimiento de instrucción firmado la semanada pasada por el fiscal federal Pedro Eugenio Simón.
Ese documento, de 181 páginas, identifica a SEGON como el eje de una maniobra de lavado de activos que el fiscal atribuye al círculo íntimo de Toviggino. El requerimiento fue presentado ante el juez federal Sebastián Argibay, a quien el propio Simón le pidió que se aparte de la causa.
La investigación, en efecto, se abrió a partir de una denuncia recibida en diciembre de 2025 en la que se señalaba que el gobernador Gerardo Zamora habría desviado fondos provinciales para beneficiar presuntos negocios de Toviggino.
La cuenta que se vaciaba en menos de dos días
El análisis de los extractos bancarios de SEGON en el Banco de Santiago del Estero es uno de los elementos centrales de la hipótesis fiscal. Según el dictamen, el dinero que ingresaba a esa cuenta rara vez permanecía más de 48 horas. “La cuenta del Banco Santiago del Estero funciona como una ‘cuenta puente’ ya que recibe fondos públicos y de la AFA, que rara vez permanece más de 48 horas en la cuenta y el 95% de los fondos netos (descontando impuestos) se transfiere a SEGON SRL (misma titularidad). Esto sugiere que la operatoria comercial real, el pago a empleados o el gasto operativo final no se realiza desde esta cuenta, sino que esta se utiliza solo para percibir los cobros y derivarlos inmediatamente a otra entidad financiera, dificultando la trazabilidad directa del destino final del dinero desde este extracto en particular”, escribió Simón.
El dinero no provenía únicamente del gobierno provincial. La Municipalidad de Frías también figura como fuente de ingresos para SEGON. La propia AFA transfirió fondos directamente a la empresa: 22 operaciones en 2024 y 14 en 2025, con montos de entre $36 millones y $62 millones por operación. En total, la AFA giró a la cuenta de SEGON en el Banco de Santiago del Estero “$1.328.266.369,20, discriminadas en el año 2024: $653.622.369,20 y en el 2025: $674.644.000,00”, según consignó el fiscal.
El crecimiento de la firma es otro dato que el requerimiento subraya. SEGON no registró actividad entre 2010 y 2021. En 2012, sus acreditaciones bancarias anuales sumaban $11.592. En 2024 esa cifra fue de $5.806.148.962. “Esto representa un crecimiento del 54.363.113%, lo que quiere decir que las acreditaciones bancarias son más de 543.000 veces mayores que en 2012”, calculó Simón. La empresa declaró empleados por primera vez recién en 2025: 134 en enero, número que cayó a 69 en noviembre. Los únicos vehículos registrados a su nombre son un camión Volvo y un semirremolque.
El objeto social de SEGON también llamó la atención del Ministerio Público. La empresa empezó en 2022 con las actividades de “venta al por mayor de combustibles y lubricantes”, “servicios de alojamiento en hoteles” y “servicios de sistemas de seguridad”, pero en 2025 sumó rubros como “pompas fúnebres y servicios conexos”, “extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos”, “explotación de minas y canteras” y “servicios de peluquería”, entre otros.
SOMA SRL: el vínculo con Toviggino
La conexión entre SEGON y el tesorero de la AFA no aparece en los registros societarios de manera directa. Está mediada por SOMA SRL, la firma que en diciembre de 2025 adquirió el 94% del capital de SEGON. El requerimiento describe esa operación como el punto de llegada de una cadena de transferencias societarias que el fiscal atribuye al mismo núcleo de control.
SOMA fue constituida en 2015. Pablo Toviggino fue uno de sus socios originales junto a María Julia del Castillo Orellana. Ese mismo año cedió formalmente sus cuotas a Gabriel Leonardo Gorosito, iniciando un ciclo de cambios de titularidad que el fiscal describe como un mecanismo para mantener el control sin que el nombre del tesorero figure en los registros. “El 03 de agosto del 2023, Peña cede sus cuotas sociales a favor de Darío Fabián Toviggino, quedando la sociedad a cargo de él, de López y de Mauro Paz como gerente”, consignó el requerimiento. Desde entonces, Darío Fabián Toviggino -hermano de Pablo- controla el 90% de SOMA. El 10% restante corresponde a Orlando Martín López, quien aparece como socio o autorizado en varias de las firmas investigadas. Mauro Javier Paz figura como gerente.
Fue precisamente SOMA quien adquirió las cuotas de SEGON en diciembre de 2025. Pero la vinculación entre ambas firmas es anterior a esa compra formal. El requerimiento detectó que “el 11 de julio del año 2022, SOMA SRL le transfirió a SEGON SRL la suma de $1.200.863,4” y que en febrero de 2023 SOMA le emitió a SEGON “una factura a favor de SEGON SRL por $284.350.000,00”. Las transferencias cruzadas entre ambas se repiten a lo largo de 2024 y 2025, con SOMA girando fondos a SEGON y SEGON devolviendo facturas a SOMA en sentido inverso.
A eso se suma que los mismos nombres aparecen como autorizados en las cuentas bancarias de las dos firmas en el Banco Coinag. Según el requerimiento, en SOMA figuran como socios gerentes Orlando Martín López y Mauro Javier Paz, con María Florencia Sartirana como apoderada. La misma tríada aparece en las cuentas de MALTE y CARBELLO, otras firmas del entramado.
María Florencia Sartirana es identificada en el requerimiento como “ex encargada de finanzas de la AFA y actual pareja de Toviggino”. Figura como apoderada en las cuentas del Banco Coinag de MALTE SRL, SOMA SRL, CARBELLO SRL y SERVICIOS LINDOR SA.
El propio crecimiento de SOMA replica el patrón de SEGON. La empresa “recién empezó a facturar en el año 2022 por un total de $45.547.600,76 pero en el año 2023 facturó un total de $1.223.836.010,99, lo que implica un crecimiento de aproximadamente 2.587%, (más de 25 veces la facturación original), que evidencia una expansión muy agresiva, mientras que en el año 2024 facturó un total de $3.483.552.687,13 (crecimiento del 184,6%) y en el año 2025 $5.822.716.162,66 (crecimiento del 67,2%), lo que refleja un crecimiento total del 12.684%”, describió el fiscal. Entre sus activos registra una aeronave -la LV-FUT- y un parque automotor que incluye un Audi Q8, dos vehículos Polaris utilitarios y varios modelos BMW.
Los que figuran y los que mandan
Una de las características que el fiscal identifica como típica del esquema es la utilización de personas que figuran formalmente como titulares durante períodos acotados para luego devolver esa posición al círculo original. En el caso de SEGON, los socios formales durante gran parte del período investigado fueron Alejandro Sebastián Taborda Magallanes y Rosalía Argañaraz -pareja de Darío Fabián Toviggino, hermano de Pablo-, quienes en diciembre de 2025 vendieron sus cuotas a SOMA y a López.
Sobre Taborda Magallanes, el dictamen es preciso: “su rol se asemeja a un ‘tenedor temporal’ que permite que la propiedad de la empresa salga del círculo íntimo y regrese meses después, dándole una apariencia de operación entre terceros.”
El fiscal extiende esa lógica al conjunto de la estructura. “Este entrecruzamiento prueba que existe una unidad de dirección y administración, lo que sugiere que la voluntad social de todas estas firmas es manejada por un mismo equipo contable o directivo, facilitando la creación de gastos ficticios y el movimiento circular de dinero”, sostuvo el requerimiento. Y agregó: “existe una repetición y rotación de los mismos socios en todas las estructuras, que permiten afirmar que Pablo Toviggino ejecuta el verdadero comando de las empresas".
El requerimiento también señala que “SOMA S.R.L., controlada por Darío Toviggino y Orlando Martín López, adquirió MALTE, CARBELLO, LINDOR, SEGON, NORTE ARGENTINO y, en tales oportunidades, designó como gerente a Mauro Javier Paz, persona de íntima confianza de Toviggino, con lo cual se creó una unidad de gestión bajo nombres jurídicos distintos".
ARCA incluyó a varias de las firmas en su base de contribuyentes apócrifos. “La calificación como contribuyentes sin capacidad económica de parte del Fisco Nacional constituye un indicio objetivo y calificado de inexistencia de actividad económica real”, concluyó Simón.
La AFA, Tapia y el resto del esquema
El requerimiento plantea que la AFA transfirió al conjunto de empresas investigadas al menos $4.961.280.195 entre 2022 y 2025, pagos que habrían sido justificados con facturas por servicios que el fiscal presume nunca prestados. Todas son del tipo destinado a pequeñas y medianas empresas, aunque ninguna de las firmas califica como tal dado el volumen de sus operaciones. En total, “entre SOMA SRL, CARBELLO SRL, SERVICIOS LINDOR SA, SERVICIOS NEURUS SA Y SERVICIOS LINDOR SA, emitieron facturas a la AFA por un total de $15.011.490.769,97 y USD 2.675.740.461,35, montos inconcebibles para una ‘PYME’ como se auto-declararon las firmas”, expresó el fiscal.
En ese marco, el dictamen atribuye al presidente de la asociación, Claudio Tapia -también imputado-, haber “convalidado y permitido la sustracción de fondos de la Asociación al autorizar las transferencias a favor de las empresas de Toviggino, con presunto conocimiento del motivo real por el que se giraba el dinero.”
El Banco Central instruyó además un sumario administrativo contra Toviggino por no liquidar divisas durante su gestión como tesorero. La infracción fue cuantificada en USD 54.514.026,44 y Euros 80.000.000.
Simón solicitó la apertura de una investigación penal por lavado de activos agravado y asociación ilícita agravada contra 25 personas. Toviggino es imputado como jefe de la organización. La pena mínima del concurso entre ambos delitos, según el propio dictamen, es de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo.
