Advierten colapso de IMSS e ISSSTE por nuevo sistema Diario.mx

Sin recursos para fortalecer al sector con un billón de pesos adicionales, el nuevo Servicio Universal de Salud colapsará al IMSS y al ISSSTE, alertó el diputado del PAN Éctor Jaime Ramírez Barba.

Condenó que sin hacer una reforma legal de fondo, el Gobierno federal haya publicado ayer el decreto para crear el Servicio Universal de Salud, cuyo objetivo es que la población pueda atenderse en cualquier institución pública por cualquier padecimiento.

"Se trata de un modelo improvisado, sin suficiencia presupuestal, sin claridad operativa y sin base legal para fusionar de facto a las instituciones públicas de salud.

"No constituye una reforma seria ni una solución real a la crisis de salud del País. No garantiza atención real, no aclara quién pagará los servicios ni define cómo operará la compensación financiera entre instituciones", condenó Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud.

Médico de carrera y experto en gestión hospitalaria, el diputado del PAN señaló que el Sistema Universal de Salud no aparece en el Plan Nacional de Desarrollo ni en el Programa Sectorial de Salud del Gobierno de Claudia Sheinbaum, por lo que, consideró, es un plan electorero por el proceso de 2027.

"Al igual que la 'Megafarmacia' y las 'Farmacias del Bienestar', es otra burla hacia los mexicanos que siguen esperando sus tratamientos en las instituciones de salud", acusó.

Indicó que si bien el decreto del Ejecutivo establece que el Servicio Universal de Salud será un mecanismo obligatorio de coordinación e integración operativa entre las instituciones públicas federales que prestan servicios de salud, no hay cambio alguno en las leyes del IMSS, del ISSSTE y de Pemex, que siguen reservando la atención médica a sus poblaciones aseguradas.

Expuso que el decreto presidencial no está por encima de las leyes vigentes del País.

"En consecuencia, un decreto presidencial, por sí solo, no puede ampliar el universo de personas con derecho a recibir atención en
sus hospitales ni modificar el régimen de financiamiento de esas instituciones, pues se trata de materias reservadas a la ley y, por tanto, a la competencia del Congreso", aclaró Ramírez Barba.

En su opinión, se trata de un modelo de "dictadura sanitaria" que busca imponer la Presidenta Sheinbaum.

"La salud, la seguridad social y la estructura legal del IMSS, ISSSTE y Pemex no pueden reformarse por ocurrencias presidenciales ni por una simple narrativa política con fines claramente electorales.

"La universalidad prometida se vuelve entonces una farsa: todos tendrán credencial y se les prometerán servicios de salud, pero no todos recibirán atención oportuna, integral y de calidad", alertó el legislador.

Dijo que el Gobierno sigue prometiendo la emisión de una credencial, portabilidad y universalidad, pero sin resolver la pregunta más básica: quién paga y cómo.

"El mayor riesgo es que las instituciones con mejor infraestructura, especialmente el IMSS, terminen absorbiendo la demanda de un sistema que hoy ni siquiera puede responder con suficiencia a su propia población derechohabiente", sostuvo.

Criticó que el Gobierno pretenda universalizar los servicios de salud sin considerar recursos adicionales para aplicar las medidas que impulsa.

"El decreto presidencial es muy claro: las instituciones deberán garantizar, con cargo a sus presupuestos autorizados, las erogaciones para cubrir los adeudos derivados del intercambio de servicios.

"Es decir, no habrá un solo peso adicional de inversión. Es claro que el IMSS-Bienestar no podrá cubrir los mismos paquetes de servicios que las instituciones de seguridad social, por lo que la población seguirá buscando atención en el IMSS, el ISSSTE y Pemex", explicó.

Señaló que si el Gobierno obliga a estas instituciones a a atender a población no asegurada, sin ampliar sustancialmente el presupuesto, se terminará usando el dinero de las cuotas obrero-patronales y la infraestructura de las instituciones de seguridad social.

"Eso implicaría más tiempos de espera, menos disponibilidad de especialistas y un deterioro adicional en la calidad de la atención", estimó.

Resaltó que el decreto establece que la implementación del Servicio Universal de Salud se llevará a cabo de forma progresiva, conforme se generen las herramientas administrativas, presupuestarias, normativas y digitales necesarias para su operación.

El proyecto considera que a partir del 1 de enero de 2027 se priorice la atención de urgencias, embarazos de alto riesgo, código infarto, código cerebro y la vacunación universal.

"Es decir, acciones que la ley ya reconoce como servicios básicos de salud y que, por tanto, deberían estar garantizadas de manera gratuita para cualquier persona, sin necesidad de firmar un mecanismo de intercambio de servicios que hará más complejo su financiamiento", detalló.

En su opinión, la credencialización no tiene razón de ser para acceder a un servicio básico de salud, por lo que solo tiene una finalidad política.

"En cambio, para otro tipo de intervenciones médicas, el decreto carece de claridad y quedará sujeto a la firma de un convenio de compensación que no tiene fuente de financiamiento.

"Estamos frente a un anuncio construido más con fines políticos hacia las elecciones de 2027 que para corregir las carencias del sistema de salud", remarcó.

Por eso, agregó, acciones como el levantamiento de datos, la credencialización, la operación territorial y la disponibilidad de 3 mil 500 millones de pesos quedaron en manos de la Secretaría de Bienestar y de los llamados "Siervos de la Nación", en lugar de centrarse en la Secretaría de Salud.

Resaltó que actualmente, el IMSS atiende a más de 53 millones de personas y el ISSSTE a cerca de 9 millones, a lo que tendrán que sumar casi 48 millones de personas sin afiliación, pero sin recursos adicionales para atenderlas.

"La presión sobre la infraestructura sería inevitable: el ISSSTE tiene 1.6 camas por cada mil personas y Pemex 5.2, mientras IMSS-Bienestar apenas cuenta con 1 cama por cada mil personas, pese a atender a una población mucho mayor.

"Esta supuesta universalidad solo provocará más saturación en las instituciones públicas sostenidas con el dinero de los trabajadores.

Reclamó que se prometa salud universal, pero la Presidenta ve suficiente que el IMSS y el IMSS-Bienestar cuenten con apenas 2 profesionales de la salud por cada mil personas y menos de 3 profesionales de enfermería.

"No basta con decir que podrás atenderte en cualquier institución. No basta con una credencial. Se requiere invertir en infraestructura, hospitales y más personal de salud".

Agregó que México invierte apenas 2.6 por ciento del PIB en salud, cuando para hablar en serio de un sistema universal se requeriría al menos duplicar el esfuerzo financiero actual.

Para ello, se tendría que pasar de 900 mil millones de pesos de presupuesto actual a más de 2 billones de presupuesto.

Sin embargo, dijo, el aumento presupuestario planteado por el Gobierno federal para 2027 es de apenas 3.4 por ciento, un incremento que ni siquiera compensa los costos operativos ni el crecimiento poblacional.

Dijo que para el PAN, cualquier modificación a los derechos de la derechohabiencia y al régimen de servicios del IMSS, del ISSSTE y Pemex requiere una reforma legal aprobada por el Congreso.

Señaló que se bancada exige que el Gobierno garantice que las cuotas obrero-patronales no serán utilizadas para financiar la atención de la población no asegurada, ni se pondrán en riesgo otras prestaciones como guarderías y pensiones.
También se pedirá al Gobierno una ruta presupuestaria seria para ampliar la cobertura de la población sin seguridad social, sin deteriorar los servicios de salud existentes; y que de hacer propaganda electorera con el sistema de salud.