¿Becas o maestros? Parte 1 Heraldo de Aguascalientes
Uno pensaría, con las mejores intenciones, que la “basificación” masiva de docente que hubo en el sexenio anterior aseguraría, por lo menos, la demanda de profesoras y profesores en todo el país. Estamos hablando de poco más de 600 mil bases que se otorgaron a lo largo del mandato de López Obrador (sin mencionar, que 80 mil de esas plazas se le asignaron a profesores sin licenciatura), sin embargo, recientemente han salido a la luz diferentes reportajes que reflejan una realidad diametralmente opuesta. En estados como Veracruz y Guerrero, por mencionar algunos, han tenido manifestaciones por parte de asociaciones de padres de familia quienes exigen que se envíen docentes a sus comunidades. Por ello, en esta ocasión abordaremos cómo estos sucesos revelan que la Política Educativa Nacional está comprometiendo la garantía del derecho a la educación de las y los estudiantes más pobres del país.
En los reportajes elaborados por “N Más”, podemos apreciar cómo madres y padres de familia tomaron una Telesecundaria de Amatlán de los Reyes, Veracruz por falta de maestros, asimismo una de las manifestantes apuntó que “la Supervisora Escolar les dijo que no está en sus manos decidir o disponer de los maestros”; en otro reportaje, entrevistan a un Director de una Secundaria del municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero, quien señaló en conjunto con sus estudiantes que en 20 años nunca han tenido una plantilla completa de docentes, faltando profesores de Español, Cívica y Ética, Artes, etc., y también se suman otros municipios de dicha entidad como lo son Tlapa, Acapulco entre otros. Por lo tanto, existe una fuerte demanda social por parte de las familias quienes buscan que sus hijos tengan docentes en sus aulas, pero ¿por qué faltan maestros? ¿Qué no se supone que se efectuó una ampliación significativa de la base magisterial?
Desafortunadamente, estas escuelas se encuentran en comunidades marginadas y expuestas al crimen organizado, por lo tanto, es complicado que voluntariamente una profesora o profesor decida acudir a dichas localidades. En ese tenor, estas zonas generalmente de entornos rurales dependen de los líderes educativos del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), así como de la participación de activa de su comunidad. Sin embargo, la falta de recursos y atenciones por parte de las autoridades educativas locales y federales expone el desinterés por focalizar la política educativa (nacional y local) hacia las comunidades que más lo necesitan.
Esto último no es nuevo, toda vez que existe una tendencia hacia la universalización de los programas sociales en miras de generar una mayor rentabilidad política, se descuidan o desaparecen las políticas públicas enfocadas en mejorar las condiciones de las personas que viven en las zonas más distantes o marginadas del país. Ejemplo de ello fue la desaparición del programa “Escuelas Tiempo Completo” (ETC) en el sexenio pasado, cuyo recurso fue redireccionado al programa “La Escuela es Nuestra”, sin que a la fecha se haya comprobado si lograron su compromiso de mejorar las condiciones de los 3.5 millones niñas y niños que fueron afectados por dicha decisión (sin mencionar que, indirectamente, también perjudicaron a sus familias).
En ese tenor, a pesar de que el Programa Sectorial de Educación plantea la incorporación de estrategias para mejorar la atención en la primera infancia y, recientemente, el Secretario de Educación Pública acaba de ratificar un acuerdo de colaboración con la Unicef para atender dicha problemática; lo cierto es que no existe una estrategia integral y directa que busque mejorar las condiciones de las escuelas en zonas rurales e indígenas, así como tampoco que promueva la incorporación de docentes a estas áreas. ¿Por qué? Porque un plan de este calado requiere un respaldo presupuestal significativo y, con ello, darle prioridad a la focalización sobre la universalidad. Algo que esta administración no puede, política y materialmente, comprometer.
Finalmente, debemos entender que las “soluciones milagrosas” suelen ser las más costosas. Repartir apoyos sin condicionamiento dejará, siempre, desprotegidos institucionalmente a quienes más lo necesitan, y ahora que los programas sociales se han convertido en un derecho fundamental reconocido en el artículo 4° de la CPEUM, tenemos una colisión entre el principio del interés superior de la infancia y la universalidad de los apoyos, ¿será necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie? Esta discusión queda pendiente para la próxima semana.
