México quiere que tu celular sea tu nueva cuenta bancaria: abrirla sin RFC sería el primer paso Xataka México

Durante años, abrir una cuenta bancaria en México requería contar con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Sin este registro, simplemente no era posible acceder al sistema financiero formal, lo que dejaba fuera a millones de personas que operaban en la informalidad o que no estaban dadas de alta.
El RFC es una clave que asigna el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para identificar a personas y empresas dentro del sistema fiscal.
Su función permite vincular la actividad financiera con las obligaciones tributarias, además de ser un elemento clave en los controles de prevención de lavado de dinero.
Ahora, ese requisito podría desaparecer.
Existe una propuesta impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, en coordinación con el Banco de México (Banxico) y la banca comercial, que plantea eliminarlo para cuentas de bajo nivel transaccional.
La medida forma parte de una estrategia más amplia de digitalización e inclusión financiera en el país.
El cambio puede parecer menor, pero en el fondo apunta a una transformación más profunda del sistema financiero nacional.
En México ya no necesitarás RFC para abrir una cuenta bancariaLa propuesta plantea que cualquier persona pueda abrir una cuenta bancaria con requisitos mínimos, como CURP e identificación oficial, sin necesidad de estar registrada ante el SAT.
Esto permitiría integrar a sectores que históricamente han quedado fuera del sistema financiero por barreras burocráticas.
De acuerdo con lo que adelantó la propia presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, el objetivo es claro:“Estamos trabajando con Banxico y la Secretaría de Hacienda para que se pueda abrir una cuenta bancaria sin necesidad de registrarse para formalizar la economía… de tal manera que la gente que no tiene su RFC pueda dejar de utilizar el efectivo, para que primero pueda bancarizarse y después formalizarse”.
Este planteamiento va en línea con los cambios regulatorios que Banxico ha puesto sobre la mesa, particularmente en lo relacionado con los límites de las cuentas digitales.
Las cuentas de nivel 2, que hoy funcionan como puerta de entrada, tienen un tope de operación que comienza a quedarse corto frente al uso real de los usuarios.
La nueva propuesta contempla crear una categoría de cuenta adicional que permitiría depósitos mensuales de hasta 15,000 Udis (más de 132,000 pesos), frente al límite actual de 3,000 Udis (alrededor de 26,000 pesos).
“El Banco de México… considera necesario seguir impulsando el uso y aceptación de los medios de pagos digitales… de forma que los usuarios del sistema financiero cuenten con más alternativas… al mismo tiempo que se incentiva el uso de transferencias electrónicas y pagos con tarjeta”señaló el Banco de México en su propuesta.
Es el mismo principio que han aplicado las fintech como Nu o Mercado Pago, donde el usuario inicia con límites bajos y los amplía conforme valida su uso del crédito.
Este modelo busca priorizar la inclusión antes que la formalidad fiscal.
Es decir, permitir que las personas accedan primero al sistema financiero y, posteriormente, integrarlas al sistema tributario.
La diferencia es que ahora esta lógica deja de ser una estrategia privada y se convierte en política pública.
Más allá de la inclusión: el plan para reducir el efectivo en México está en los celularesLa eliminación del RFC no es un fin en sí mismo, sino parte de una estrategia más amplia para reducir el uso de efectivo e integrar a más personas al sistema financiero.
La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha planteado como parte de un plan que busca digitalizar pagos en espacios cotidianos como casetas, gasolineras y pequeños comercios.
Al mismo tiempo, Banxico ha impulsado cambios regulatorios orientados a simplificar el sistema de pagos.
Sus propuestas buscan mejorar la experiencia de usuario en transferencias y facilitar operaciones desde dispositivos móviles, acercando herramientas como DiMo al uso cotidiano.
Uno de los cambios más relevantes está en la forma en que se identifican las cuentas.
Más allá del RFC o incluso la CLABE interbancaria, la propuesta apunta a fortalecer la vinculación con el número celular, lo que permitiría recibir transferencias sin necesidad de compartir datos bancarios complejos.
Este cambio implica trasladar el centro del sistema financiero hacia el teléfono móvil, que deja de ser solo un canal de acceso para convertirse en el identificador principal del usuario.
En un país con más de 150 millones de líneas móviles, esto redefine el alcance de los servicios financieros digitales.
La lógica detrás de este movimiento es clara: si el sistema es más simple, más accesible y más cercano a la experiencia de las aplicaciones, su adopción puede acelerarse.
México quiere incluir a más personas en servicios financieros, pero la informalidad y desconfianza persistenLa estrategia mexicana retoma modelos implementados en países como India o Brasil, donde sistemas como UPI o Pix lograron transformar economías altamente dependientes del efectivo en ecosistemas digitales en menos de una década.
En México, el contexto es similar, pero con retos estructurales.
De acuerdo con la Condusef, cerca del 23.
5% de la población adulta —unos 23.
5 millones de personas— no cuenta con ningún producto financiero formal.
Esta exclusión no sólo responde a la falta de acceso, sino también a factores estructurales como la informalidad laboral, ingresos inestables y desconfianza hacia las instituciones.
Los datos también muestran que una parte relevante de la población sigue utilizando mecanismos informales.
El 43.
7% ahorra fuera del sistema bancario, ya sea en casa o mediante tandas, mientras que el 33.
7% recurre a créditos informales como préstamos familiares o casas de empeño.
A esto se suma una preferencia persistente por el efectivo, no solo por costumbre, sino como una forma de mantener cierto nivel de anonimato financiero, según informes de La Jornada.
En este contexto, la digitalización no es únicamente un reto tecnológico, sino también cultural.
El cambio propuesto busca cerrar esa brecha, aunque también plantea dudas sobre su implementación y la capacidad del sistema para generar confianza en sectores históricamente excluidos.
CURP biométrica, registro de celulares y pagos digitales: las piezas que se empiezan a conectarEl avance hacia un sistema financiero más digital no ocurre de forma aislada.
Se cruza con otras políticas públicas relacionadas con identidad y telecomunicaciones, como la implementación de la CURP biométrica y el registro obligatorio de líneas celulares.
La CURP biométrica es una evolución del documento tradicional de identidad en México.
Además de la clave alfanumérica, incorpora datos como huellas dactilares, fotografía, firma electrónica e incluso el escaneo del iris.
Su objetivo oficial es fortalecer la identificación de las personas, facilitar trámites y mejorar procesos como la búsqueda de personas desaparecidas o la validación de identidad en servicios públicos y privados.
Mientras que el registro obligatorio de líneas celulares exige que los usuarios vinculen su número telefónico con una identidad verificada.
La fecha límite para hacerlo es el 30 de junio de 2026, y quienes no cumplan podrían enfrentar la suspensión de su línea.
Estas medidas no son completamente nuevas.
En 2021, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) planteó un esquema similar que incluía datos biométricos, pero fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte en 2022 por riesgos a la privacidad.
Aunque estas medidas se han planteado para mejorar la seguridad y combatir delitos como la extorsión, su integración con el sistema financiero abre un nuevo escenario.
Si el celular se convierte en el identificador para recibir dinero, ambos sistemas comienzan a converger.
Esto implica que, aunque el objetivo sea inclusión y seguridad, también aumenta la visibilidad de los datos personales y los movimientos financieros.
En países como China, esta integración ha permitido monitorear la actividad de los ciudadanos en tiempo real, lo que ha llevado a cuestionar el control y vigilancia del Estado sobre la población.
La inclusión financiera es clave para el desarrollo, pero también ha generado preocupaciones sobre la privacidad.
La concentración de datos en sistemas centralizados implica riesgos, desde filtraciones hasta posibles usos indebidos de la información y vigilancia.
 Experiencias previas han mostrado que la protección de datos sigue siendo un desafío en México.
Por ejemplo, recientemente un grupo de hackers aseguró tener una base de datos del SAT de 8 GB con RFC, CURP y direcciones de millones de mexicanos.
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