En México sacrificaron a más de 10,000 perros y el problema es que era legal: ahora el gobierno quiere cambiar eso Xataka México

Durante años, el control de animales en situación de calle en México ha operado bajo una combinación de normas sanitarias desactualizadas, decisiones administrativas cuestionables y una crisis de abandono que pocas veces llega al centro del debate público.
Sin embargo, eso cambió tras la polémica generada por el caso de Tecámac, donde se reconoció la eutanasia de miles de perros durante una sola administración municipal.
La discusión escaló rápidamente hasta el nivel nacional.
No se trata solo de una decisión local, sino de un cuestionamiento más profundo sobre qué tan actualizado está el marco legal que regula el trato a los animales en México.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó algo que hasta hace poco parecía improbable: modificar la norma que permite el sacrificio “humanitario” de animales.
La norma que permite sacrificar animales en México entra bajo revisiónEl punto de partida de esta discusión es la NOM-033-SAG/ZOO-2014, una norma oficial que regula los métodos para el sacrificio humanitario de animales domésticos y silvestres.
Bajo este marco, la eutanasia no solo es legal, sino que forma parte de las herramientas permitidas para controlar poblaciones animales, especialmente en casos de enfermedad, agresividad o abandono extremo.
De acuerdo con lo señalado por la propia presidenta —retomado por La Jornada—, la actuación de autoridades locales como la exalcaldesa del municipio de Tecámac en el Estado de México, Mariela Gutiérrez Escalante, no violó la ley, ya que se realizó conforme a esta normativa vigente.
Sin embargo, el hecho de que algo sea legal no necesariamente lo vuelve aceptable en términos sociales o éticos.
En palabras de Sheinbaum, el siguiente paso no es sancionar bajo la norma actual, sino replantearla.
La mandataria planteó que “hay que cambiarla” y generar condiciones para garantizar una vida digna a los animales.
Este posicionamiento se alinea con cambios recientes en el marco legal, donde la protección animal fue elevada a rango constitucional.
No obstante, aún falta una pieza clave: la Ley General de Cuidado Animal, que sigue en proceso de revisión dentro del gobierno federal.
Modificar una norma como la NOM-033 no implica solo ajustar protocolos veterinarios.
También obliga a replantear la forma en que el Estado enfrenta problemas de salud pública vinculados al abandono animal.
El sacrificio de más de 10,000 perros reabrió el debate sobre el trato animal en México El detonante de esta discusión fue el reconocimiento de que, entre 2019 y 2024, alrededor de 10,000 perros fueron sometidos a eutanasia en Tecámac.
Según explicó la propia exalcaldesa y actual senadora, estas decisiones se tomaron bajo criterios de salud pública, al tratarse de animales desahuciados o con antecedentes de agresión.
Más de 7,300 de estos animales habrían sido entregados por sus propios dueños, mientras que otros provenían de contextos de abandono, enfermedad terminal o comportamiento agresivo.
En este sentido, la narrativa de la senadora insiste en que no se trató de sacrificios arbitrarios, sino de procedimientos regulados bajo la ley.
Sin embargo, el caso no tardó en generar polémica.
Activistas y organizaciones de protección animal han señalado posibles irregularidades, incluyendo la falta de diagnósticos previos en algunos casos y cifras que podrían ser mayores a las reportadas.
Algunas estimaciones elevan el número a más de 14,000 animales.
Además, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una investigación para determinar si hubo delitos relacionados con maltrato animal, lo que introduce la posibilidad de responsabilidad penal, incluso cuando existe una norma que respalda ciertas acciones.
Más allá de las cifras, el caso expone un problema persistente en México: la distancia entre lo legal, lo ético y lo socialmente aceptable en el trato hacia los animales.
México enfrenta una crisis de abandono animal que ya no puede ignorar El abandono animal en México no es un fenómeno nuevo, pero sí uno de los más visibles y persistentes.
El país ocupa el primer lugar en Latinoamérica en población de perros callejeros, con cerca de 23 millones, de los cuales alrededor del 70% vive en situación de calle.
Tan solo en la Ciudad de México se estima que hay más de 1.
2 millones de perros sin hogar, muchos de ellos expuestos a hambre, enfermedades y maltrato.
Se trata de un problema estructural que combina factores como la falta de cultura de adopción, bajos niveles de esterilización y políticas públicas fragmentadas.
A esto se suma que, durante años, el reconocimiento de los animales como sujetos de protección ha sido limitado o desigual en la legislación mexicana.
En ese contexto, la eutanasia ha servido como una respuesta inmediata ante la sobrepoblación.
Sin embargo, las condiciones están cambiando.
La presión social —amplificada por redes sociales— ha comenzado a modificar la conversación pública.
La discusión ya no se centra únicamente en controlar poblaciones, sino en prevenir el abandono y garantizar condiciones dignas.
Parte de este giro responde a cambios recientes en el marco legal.
En diciembre de 2024, México avanzó en una reforma que elevó la protección animal a nivel constitucional.
A partir de ello, el Senado trabaja en la aprobación de la Ley General de Bienestar, Cuidado, Conservación, Preservación y Protección de los Animales, que busca homologar criterios en todo el país.
De concretarse, esta ley establecería el reconocimiento de los animales como seres sintientes, la obligación de garantizar condiciones básicas de bienestar y la prohibición de prácticas de crueldad.
También contempla sanciones a nivel nacional y una regulación más estricta en la crianza y comercio.
En este escenario, la propuesta de modificar la NOM-033 va más allá de un cambio técnico.
Implica replantear la forma en que México maneja a los animales en situación de calle o abandono.
El resultado de esta polémica podría marcar un antes y un después.
No solo en las leyes, sino también en la responsabilidad del Estado y los gobiernos municipales frente al bienestar animal.
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