¿Quién es Piero Corvetto? Perfil del jefe de la ONPE en el centro de la polémica por las elecciones 2026 en Perú Infobae
Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se encuentra bajo intenso escrutinio público tras las irregularidades registradas durante las Elecciones 2026, celebradas el 12 de abril en Perú y extendidas hasta el día 13 debido a problemas de logística en Lima Metropolitana. La jornada electoral estuvo marcada por la falta de material en más de 200 mesas de sufragio, lo que impidió a más de 63 mil ciudadanos ejercer su derecho al voto, según datos oficiales de la ONPE.
La extensión del proceso electoral y las dificultades logísticas han profundizado las tensiones políticas en un país donde la disputa entre la derecha y la izquierda radical mantiene un clima de polarización. Las demoras y exclusiones alimentaron una creciente narrativa de fraude electoral promovida por sectores que cuestionan la integridad del sistema y la transparencia de la autoridad electoral.
¿Quién es Piero Corvetto?
Corvetto fue designado como jefe de la ONPE en agosto de 2020, tras superar un concurso público convocado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), conforme lo establece la Constitución peruana. Su primer periodo abarcó de 2020 a 2024, con la posibilidad de renovación por un periodo adicional de cuatro años.
Cerca de la culminación de su mandato, Piero Corvetto solicitó ser evaluado para la ratificación en el máximo cargo de la ONPE y obtuvo la confirmación para un segundo periodo. Su ratificación se produjo en medio de un contexto político polarizado y bajo permanentes cuestionamientos a la gestión electoral, motivados principalmente por la denuncia de fraude formulada por Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, tras su derrota ante Pedro Castillo, de Perú Libre, en las elecciones de 2021.
En ese proceso electoral y hasta la actualidad, Fuerza Popular ha sostenido que, durante la jornada, varias personas habrían suplantado la identidad de miembros de mesa, que se registraron votos de personas fallecidas y que Perú Libre impugnó votos de manera maliciosa, entre otras acusaciones. El partido presentó numerosos recursos para impugnar actas de votación y solicitó su nulidad, buscando revertir el resultado.
Sin embargo, estas acciones no prosperaron, ya que tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la Misión Especial de Observación Electoral de la OEA, concluyeron que el proceso no fue fraudulento y que no existían pruebas que respaldaran la hipótesis de manipulación de resultados. Las investigaciones oficiales y técnicas descartaron las denuncias.
La polémica de la ONPE en las elecciones 2026
Actualmente, Piero Corvetto continúa al frente de la ONPE, pero enfrenta una denuncia penal presentada por la Procuraduría del JNE, junto a otros funcionarios de la entidad, tras las demoras registradas en la entrega de material electoral durante las elecciones generales de 2026. Esta situación dejó sin votar a miles de ciudadanos en Lima Metropolitana, donde la derecha ultraconservadora de Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, y la derecha de Keiko Fujimori obtuvieron la mayoría de votos.
La denuncia penal se fundamenta en la interrupción del derecho al voto de un sector relevante del electorado, lo que generó cuestionamientos sobre la capacidad operativa de la ONPE en momentos críticos del proceso electoral y reavivó sospechas sobre una presunta confabulación entre la autoridad electoral y determinados candidatos. Algunos postulantes hicieron referencia a supuestos favoritismos, citando además la gestión de la ONPE en 2021, cuando también se reportaron irregularidades que, si bien no fueron consideradas fraude, dejaron dudas en sectores de la opinión pública.
Ante la investigación, Corvetto indicó públicamente que no existió mala fe ni intención de perjudicar a los electores, aunque reconoció una falla operativa en parte del proceso logístico de este año. El funcionario reafirmó su disposición a someterse a todas las instancias de investigación y a cooperar plenamente con las autoridades.
La denuncia de fraude resurgió tras las acusaciones de Rafael López Aliaga quien fue desplazado del segundo al tercer lugar y quedó casi fuera de la segunda vuelta, superado por Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú identificado con la izquierda radical. El clima de polarización y la competencia cerrada incrementaron la presión sobre la ONPE y su máxima autoridad. Diversos grupos empresariales y sectores del ámbito político han comenzado a exigir la salida de Piero Corvetto, argumentando falta de confianza en su gestión y reclamando garantías de imparcialidad en los procesos electorales futuros.
En este contexto, se conoció el hallazgo de cuatro cajas lacradas que contenían actas de votación abandonadas en una calle de Lima Metropolitana. En el sistema electoral peruano, estas actas deben ser entregadas a una dependencia de la ONPE para su verificación, custodia y posterior procesamiento durante el conteo oficial de votos. El hecho de que hayan sido encontradas en la vía pública y no bajo custodia oficial alimentó la narrativa de una gestión inadecuada y cuestionable por parte de la ONPE en uno de los procesos electorales más relevantes del país.
La aparición de estas cajas y la exclusión de miles de votantes han profundizado la desconfianza sobre la integridad del proceso y la actuación de la autoridad electoral, en un escenario donde el escrutinio público y político sobre la ONPE y la figura de Corvetto es cada vez más intenso; mientras, una vez más, la Misión Especial de Observación Electoral de la OEA insiste en que no hubo indicios de fraude, y solo algunas irregularidades.
