Feminicidio: la ley que viene y la deuda que persiste

El martes 14 de abril del presente año, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 constitucional, con la finalidad de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio que establezca el tipo penal y sus sanciones, permitiendo una adecuada articulación de acciones que garanticen, desde los distintos órdenes de gobierno e instituciones, el acceso a una vida libre de violencias de las mujeres y niñas. Por lo que fue enviada a la Cámara de Diputados, en donde se espera que igualmente sea respaldada.

Ahora bien, cabe señalar que, para poder expedir una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, debe reformarse primeramente el artículo 73 constitucional, debiéndose adicionar a la fracción XXI la materia de feminicidio y delitos vinculados, para que posteriormente el Congreso pueda expedir dicha ley general.

Y usted se preguntará: ¿cuál es la necesidad de expedir una ley general si el feminicidio se encuentra ya tipificado en los códigos penales de las entidades federativas? Pues precisamente para homologar las penas, describir con claridad el tipo penal y sus agravantes, porque no todos los estados lo tipifican de la misma manera. Por ejemplo, en el caso de Chihuahua, se establece una penalidad de cuarenta a sesenta años de prisión, en contraste con Baja California, que establece una penalidad de 20 a 50 años de prisión, y Chiapas, que establece de 55 a 100 años de prisión, solo por mencionar algunos estados.

Por lo que se pretende establecer en esta nueva ley una pena para el delito de feminicidio de 40 a 70 años de prisión. Además, se constituyen nueve razones de género, tales como signos de violencia sexual, antecedentes de violencia, delitos motivados por estereotipos o prejuicios y la existencia de relaciones de poder. Asimismo, se establecen 21 agravantes, entre ellas: que la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor, o que viva con alguna discapacidad; que se encuentre en situación de movilidad; que el delito se cometa frente a hijas o hijos; o que sean miembros de pueblos originarios, entre otros.

Adicionalmente, se tiene la intención de homologar estándares de investigación con perspectiva de género, fortalecer la coordinación entre la Federación y las entidades federativas, garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y la reparación del daño, así como fortalecer la coordinación de instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia.

Otro punto muy importante que introduce esta nueva ley es que, en este delito, la acción penal, la sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles. También, la persona responsable perderá derechos sucesorios, la patria potestad de hijos e hijas, así como la tutela, curatela, guarda y custodia, y será destituida e inhabilitada para el desempeño de cualquier cargo público.

Por lo tanto, una vez que se apruebe esta ley, las legislaturas de las entidades federativas deberán hacer las modificaciones correspondientes en sus códigos penales y demás legislación aplicable, a fin de adecuarse a lo establecido, teniendo un plazo no mayor a noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto de ley.

A la par, la presidenta de la República está impulsando otras políticas que poco se han comentado, como lo es el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, el cual es impulsado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Dicho registro permitirá identificar oportunamente a las víctimas indirectas del feminicidio para garantizar su protección, atención integral y la restitución plena de sus derechos. Por lo que esperamos que se cuente con una asignación presupuestal que permita materializar tanto la ley como el registro y la reparación integral a las niñas y niños huérfanos, porque a la fecha no han sido atendidos de manera adecuada y oportuna.

Así tenemos el caso de los hijos de Leslie Godínez Carrillo, víctima de feminicidio en esta ciudad, a quienes ni siquiera se les ha inscrito en el Registro Estatal de Víctimas, y mucho menos se ha atendido a su hijo Eithan, quien fue diagnosticado con plagiocefalia posicional y a la fecha no se le ha dado el seguimiento oportuno. Más bien, el Departamento de Víctimas del FBI se ha acercado con la víctima indirecta para proporcionarle asistencia médica al bebé; verdaderamente, es muy lamentable que no se apoye a las víctimas en su propio país.

Porque la deuda no es solo con las mujeres asesinadas, sino con sus hijas e hijos, como los de Leslie, a quienes el Estado ha dejado en el abandono.
Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla