Entra en su fase final el Caso Audios, la mayor trama de corrupción de los últimos años en Chile

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo martes 13 de octubre, a las 09:00 horas, la audiencia de preparación de juicio oral del Caso Audios y sus múltiples aristas, sin duda la trama de tráfico de influencias y corrupción más extensas en la historia reciente del país, destapada a fines de 2023 con la incautación del teléfono del abogado Luis Hermosilla, cuyos chats salpicaron a empresarios y políticos y provocaron un verdadero terremoto en el Poder Judicial.

El Ministerio Público presentó acusación contra todos los involucrados y pidió penas que van desde los 10 a los 20 años para los empresarios Ariel Sauer Adlerstein, Daniel Sauer Adlerstein, Luis Flores Cuevas, Antonio Jalaff Sanz y la abogada María Leonarda Villalobos.

Para el abogado Luis Hermosilla Osorio, ex hombre fuerte de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, acusado por delitos tributarios reiterados, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias, la Fiscalía pide 17 años y un día.

Pero además, los persecutores informaron la separación de la investigación por el delito de tráfico de influencias contra Andrés Chadwick Piñera, mejor amigo de Hermosilla, primo hermano del fallecido ex mandatario y ex ministro de Interior de su segundo gobierno, cuya arista puede seguir investigándose pues no está imputado en el Caso Audios.

El origen del Caso Audios

El Caso Audios se originó en noviembre de 2023 tras una conversación difundida por el medio de investigación periodística Ciper entre Hermosilla, Daniel Sauer - controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF Capital-, y la abogada María Leonarda Villalobos, quien grabó todo de forma oculta para, según argumentó, proteger a otro socio de Factop, Rodrigo Topelberg, el que finalmente filtró el diálogo.

En dicha reunión, Hermosilla proponía estructurar una “caja negra” con dinero en efectivo para pagarle directamente a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con el fin de borrar deudas, alterar fiscalizaciones y obtener información privilegiada.

“Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra (...) Porque parte importante de esta huevá se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada, porque estamos atrasados. Y pasa por los mismos hueones, yo los conozco, que pasan, que están en el Servicio (de Impuestos Internos)”.

“¿Cuál es la primera huevá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio: cuándo, cómo, cuánta información, qué errores lleva, qué huevá, etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos”, aseveró el abogado, añadiendo luego que “hay un huevón de la CMF al que le debemos plata también. Le debemos 10, 12... no sé. La Leo tiene los números anotados”.

“Te juro, de este hueón dependemos. No tenemos otro filtro antes de la CMF. Y aquí es donde podemos meter manos. Y así se arreglan estas huevás”, insistió a Sauer, encargándole a él la configuración de la mentada “caja negra”, con el fin de juntar 100 millones de pesos entre varios de los involucrados en el caso.

En paralelo, la empresa de factoring Factop (de Daniel y Ariel Sauer, junto a Rodrigo Topelberg) emitía facturas falsas para inflar ganancias, obtener liquidez y financiar deudas de grandes empresarios como los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff (ex controladores del gigante inmobiliario Grupo Patio), quienes utilizaban la “bicicleta” de Factop para financiar sus deudas millonarias.

La investigación acreditó que Hermosilla utilizó sus nexos políticos para destrabar en tiempo récord -dos meses, cuando usualmente toma dos años- certificados habitacionales e industriales que favorecieron a un loteo industrial del Grupo Patio, y el caso también arrastró a importantes administradoras de fondos del sector oriente de Santiago.

La arista política y judicial

Los chats del teléfono de Hermosilla también revelaron que el abogado operaba como un “gestor de contactos” al más alto nivel del aparato estatal chileno, por lo que se abrieron múltiples causas penales que involucraban el tráfico de influencias para la designación de jueces en las cortes del país, asunto que llevó a la destitución de los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Diego Simpertigue, amén de dos jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj y Antonio Ulloa.

Asimismo, el ex director general de la PDI, Sergio Muñoz, fue formalizado y condenado a 3 años y 1 día de presidio bajo libertad vigilada intensiva tras comprobarse que filtraba información secreta a Hermosilla, al igual que el ex fiscal regional Manuel Guerra, quien actualmente cumple prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber -la cárcel para los delincuentes de “cuello y corbata”-, acusado de pasarle al abogado información altamente confidencial sobre causas penales vigentes -como los casos Penta, Minera Dominga, Exalmar, Vitacura y el caso Ossandón-, información que era derivada a Andrés Chadwick y, que atañía, directa e indirectamente, al expresidente Sebastián Piñera.

La reclusión de Guerra marcó un hito histórico, al convertirse en el primer exfiscal regional en la historia de Chile en quedar bajo prisión preventiva, y la audiencia definitiva para discutir una posible salida abreviada, en la que Guerra admitiría su culpabilidad en los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secretos, está programada para el próximo 7 de octubre.

La investigación contra Chadwick

Sin embargo, la Fiscalía aún tienen bajo la lupa al ex ministro del Interior y figura clave de la centroderecha, Andrés Chadwick, quien aparece en varias conversaciones como alguien que presuntamente usaba su influencia en beneficio de la red.

Chadwick ya prestó declaración dos veces en calidad de imputado -y de manera reservada-, en noviembre de 2024 y según una nota de Ex-Ante, las indagaciones apuntaron a los $190 millones (USD 197 mil) -en 17 depósitos-, que Luis Hermosilla le hizo entre marzo de 2020 y marzo de 2023 mientras ambos compartían oficina, pero principalmente a su rol en la llamada arista “Grupo Patio”, en la cual se indagan las gestiones realizadas por Hermosilla para acelerar la aprobación de permisos de construcción para un loteo industrial del holding de ese mismo nombre, propiedad de los hermanos Jalaff.

Hermosilla era el ‘consigliere’ de Álvaro Jalaff y junto a Chadwick tenían un grupo de whatsapp llamado “Amigos”. En una conversación de 2018, Hermosilla le dice a Jalaff:

- “Tienes que mantener como un tesoro tu amistad con ACH. Ese weón va a ser presidente. Cuida un inmenso activo”.

Y al año siguiente le escribía:

- “Tú y ACH son mis únicos hermanos”.

Cuando Felipe Ward asumió como ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Hermosilla le escribió a Jalaff que el nuevo ministro era “amigo íntimo de ACH”, según consigna un reportaje de El Mostrador. “Es mucho más cercano y nos admira”, agregó.

Hermosilla y Francisco Feres -abogado de los Jalaff-, comenzaron a hacer entonces gestiones para destrabar un proyecto del Grupo Patio llamado Parque Capital, en el Minvu, en agosto del año 2020. En dichas conversaciones, Feres le propuso a Hermosilla que Chadwick actuase como un “ministro de fe” en las negociaciones con el ministro Ward y el seremi metropolitano, Manuel José Errázuriz.

Errázuriz confirmó que recibió presiones directas del ministro Ward. “Nadie me dijo que hiciera algo que no correspondía, sino que era ‘apúrense, pueden sacar, por favor, rápido la respuesta’”, declaró Errázuriz.

Finalmente, permisos cuya aprobación llevan hasta dos años fueron tramitados en dos meses y medio y el proyecto inmobiliario, además, se ganó USD 39 millones gracias a un programa del Gobierno de Piñera para revitalizar la alicaída economía post pandemia.

Tras destaparse la noticia, el Minvu ordenó un sumario y la Fiscalía abrió una investigación por esta nueva arista del Caso Audios, en la que el primer damnificado fue Felipe Ward, quien tuvo que renunciar a la vicerrectoría de la Universidad San Sebastián en Santiago.

La llamada a la CMF, los 150 millones para Piñera y el abogado alemán

Lo más probable es que Chadwick haya respondido también otras indagatorias, como la llamada que hizo a Augusto Iglesias, consejero de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y subsecretario de Previsión Social durante el primer gobierno de Piñera, para interceder a favor de la corredora de los hermanos Sauer, suspendida por dicho organismo en marzo del 2023.

Asimismo, de seguro fue consultado sobre las tratativas que hizo el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, con un abogado especialista alemán llamado Kai Ambos, quien asesoró a Chadwick en el juicio político que terminó desbancándolo del segundo Gobierno de Piñera, post estallido social de 2019, y en la que Hermosilla fue su abogado defensor.

Matus logró zafar de un juicio político en el Congreso, a pesar de que la Fiscalía acreditó que en 2019 recibió un pago de $14 millones (USD 14.500) por parte de Hermosilla, fondo que salió nada menos que de las cuentas de los hermanos Sauer.

O, si se reunió o no con Álvaro Jalaff a mediados de 2017, para recibir de sus manos $150 millones (USD 156 mil), destinados a la campaña que llevaría por segunda vez al sillón presidencial a Sebastián Piñera.

El 17 de agosto de ese año, Jalaff le había dicho a Hermosilla que tenía un tema “importante’ que hablar con él, que se había reunido con otros amigos empresarios y que “vamos a pasarle 150, pero quiero pasarlos directo”.

“Ojo con WhatsApp”, le advirtió en esa oportunidad, por vez primera, el abogado. Al día siguiente le dijo que fuera “a su oficina en Apoquindo 3300 piso 18″, como a las 11″.

Aunque mal escrita, la dirección corresponde al histórico cuartel central de Sebastián Piñera y allí, se supone, debía encontrarse con Chadwick. Según reveló El Mostrador, todo apunta a que Álvaro Jalaff acudió a la reunión, pues en el chat dice estar “en un taco de mierda” y hasta le pregunta a Hermosilla por el estacionamiento.

La investigación dirá si esos dineros fueron entregados o no.