La UE acuerda reducir la entrada de acero sin arancel y gravar un 50% el resto para frenar el exceso global Infobae
Los negociadores del Consejo (gobiernos) y Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo político para reforzar la protección del acero europeo frente al impacto de la sobreproducción global, que pasa por recortar en un 47% el volumen de importaciones que puede entrar sin arancel y por elevar, hasta el 50%, el impuesto sobre el acero que supere ese límite.
El pacto, que deberá ser formalmente adoptado por ambas instituciones, establece un nuevo marco para sustituir a las actuales salvaguardas vigentes desde 2018, que expirarán en junio de este año, con el objetivo de proteger al sector europeo frente a la presión derivada del exceso de oferta en los mercados internacionales.
En concreto, el nuevo sistema fija en 18,3 millones de toneladas anuales el volumen de acero que podrá entrar sin arancel en el mercado comunitario, mientras que las importaciones por encima de ese umbral estarán sujetas a un arancel del 50%, frente al 25% actual.
Una medida que, según Bruselas, permitirá hacer frente a los efectos del exceso de producción mundial, que podría alcanzar los 721 millones de toneladas en 2027, más de cinco veces el consumo anual de acero de la UE.
Por otro lado, el acuerdo introduce nuevos requisitos para mejorar la trazabilidad del acero importado, de modo que se pueda identificar el país donde fue producido originalmente y tener en cuenta este factor al asignar las cuotas.
Los colegisladores han acordado también reforzar el sistema de revisión de la norma, de modo que la Comisión evaluará en un plazo de seis meses si es necesario ampliar el alcance de los productos cubiertos, con nuevas revisiones periódicas en función de la evolución del mercado.
El nuevo marco mantiene la compatibilidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y prevé cierta flexibilidad para las empresas, como la posibilidad de trasladar cuotas no utilizadas entre trimestres durante el primer año de aplicación.
Tanto el Parlamento y el Consejo como la Comisión han subrayado que el objetivo es garantizar la viabilidad a largo plazo de un sector estratégico para la economía europea que, según señalan, emplea a cientos de miles de trabajadores y que consideran clave para ámbitos como la defensa o la transición energética.
