Nunca fue orden, fue terror SDP Noticias

Hace cincuenta años, Argentina no fue rescatada: fue tomada. No hubo salvación institucional ni operación de emergencia para corregir el rumbo de un país en crisis. Hubo, en cambio, una ruptura deliberada del orden democrático para imponer un régimen que convirtió al Estado en maquinaria de persecución. Conviene decirlo sin rodeos, porque el tiempo suele suavizar lo que en su momento fue brutal: no se trató de un “proceso” ni de una “reorganización”, sino de un golpe que instaló el terror como método.

Quienes aún intentan envolver aquel episodio en matices complacientes olvidan —o prefieren olvidar— que la dictadura no administró una coyuntura, sino que desmanteló derechos, instituciones y vidas. No fue un gobierno duro: fue un sistema que secuestró, torturó y desapareció a miles de personas bajo la lógica de que el fin justificaba cualquier medio. Y cuando el Estado decide que todo está permitido, la sociedad queda indefensa.

A medio siglo de distancia, el riesgo es claro: que la memoria se desgaste, que el horror se vuelva relato distante, que la indignación pierda filo. Es el terreno ideal para los revisionismos cómodos, esos que sugieren que “no todo fue tan grave” o que “algo había que hacer”. Ese tipo de argumentos no solo distorsionan la historia: la vuelven peligrosa, porque abren la puerta a que lo inadmisible encuentre nuevas justificaciones.

El golpe de 1976 no ocurrió en un vacío. Argentina atravesaba una crisis profunda, marcada por la violencia política, la inestabilidad económica y una polarización que parecía no tener salida. Pero esa realidad, por compleja que fuera, no convierte en legítima la decisión de suprimir la democracia. Pensar lo contrario equivale a aceptar que, ante el conflicto, la solución puede ser la anulación de libertades.

Y ahí está el punto incómodo: las dictaduras no surgen solo por la voluntad de quienes las ejecutan, sino también por las condiciones que las hacen posibles. Hubo sectores que aplaudieron, que justificaron, que prefirieron mirar hacia otro lado mientras el aparato represivo se desplegaba. Ese componente social no puede borrarse del análisis, porque es parte de la explicación y, sobre todo, de la advertencia.

Lo que siguió al golpe fue una estrategia sistemática para borrar al adversario. No solo se persiguió a quienes representaban una amenaza real o percibida, sino a cualquiera que pudiera encajar en esa categoría difusa. La arbitrariedad se convirtió en regla. La sospecha bastaba. La vida dejó de tener garantías.

Las desapariciones no fueron un exceso ni una desviación: fueron una política. La clandestinidad no fue un error, sino un mecanismo diseñado para negar la evidencia, impedir el reclamo y prolongar el sufrimiento. Porque no hay violencia más devastadora que aquella que no deja rastro visible, que condena a las familias a la incertidumbre permanente.

Hablar de cifras, aunque necesario, siempre será insuficiente. Detrás de cada número hay historias interrumpidas, proyectos truncados, vacíos que no se llenan. Pero también hay una dimensión colectiva: la degradación del tejido social, la normalización del miedo, la imposibilidad de confiar en el otro. Eso también es herencia del autoritarismo.

Algunos insisten en que la discusión debería superarse, que mirar hacia atrás impide avanzar. Es una salida fácil, pero profundamente irresponsable. Las sociedades que optan por el olvido no cierran heridas: las esconden. Y lo que se esconde, tarde o temprano, reaparece.

Más inquietante aún es observar cómo, en distintos contextos actuales, resurgen discursos que relativizan la democracia o que la presentan como un obstáculo para la eficacia. Se habla de mano dura, de decisiones sin contrapesos, de liderazgos que no se detienen ante las reglas. Ese lenguaje, que puede parecer atractivo en momentos de frustración, tiene antecedentes claros. Y los antecedentes, en América Latina, no son precisamente alentadores.

En la llamada democracia más influyente del mundo, la de Estados Unidos bajo la era de Donald Trump, han emergido dinámicas que, sin ser equivalentes, sí resultan peligrosamente familiares: descalificación sistemática de las instituciones, presión sobre el sistema electoral, uso político de la justicia y una narrativa que convierte al adversario en enemigo.

No es una dictadura. No es, ni de cerca, el horror que vivió Argentina en 1976. Pero es, precisamente por eso, el momento en el que más importa entender la advertencia: los procesos de erosión democrática no comienzan con desapariciones ni con tanques en las calles. Comienzan con la normalización del abuso, con el desprecio por las reglas, con la idea de que la ley es un estorbo cuando no favorece al poder.

Cuando se instala la noción de que el liderazgo está por encima de las instituciones, cuando se legitima la mentira como herramienta política y se desacredita todo contrapeso, el terreno empieza a inclinarse. Y la historia demuestra que esas pendientes, una vez iniciadas, rara vez se detienen por sí solas.

Argentina es la prueba de hasta dónde puede llegar una sociedad cuando cede ante la tentación autoritaria. Estados Unidos, hoy, es el recordatorio de que incluso las democracias más sólidas no son inmunes al desgaste.

La conclusión, a medio siglo del golpe, debería ser inapelable: no hubo orden, hubo terror; no hubo corrección, hubo imposición; no hubo salvación, hubo destrucción.

Y la advertencia para el presente es igual de clara: ninguna crisis, por grave que sea, justifica renunciar a la democracia. Porque cuando un país acepta que la fuerza sustituya a la ley, lo que sigue no es estabilidad: es silencio.

Y el silencio —como ya se sabe— nunca es neutral.

Siempre termina siendo cómplice.

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