Que se vaya la zacatecana SDP Noticias

“El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen veraces y el asesinato respetable."

George Orwell

Basta de pretextos, de matices forzados y de explicaciones que insultan la inteligencia. El mar en Veracruz no está “ligeramente afectado” ni “presenta incidencias menores”: está contaminado, visiblemente dañado, con petróleo y chapopote avanzando sobre costas, ecosistemas y economías locales. Y aun así, Rocío Nahle decide que lo prudente, lo responsable y —según ella— lo técnicamente correcto es llamarle “gotitas”, como si el problema fuera de semántica y no de gestión. No es un desliz: es un patrón. Es la misma lógica con la que, hace apenas unos meses, intentó reescribir un episodio brutal reduciéndolo a un parte médico, negando lo evidente, desestimando lo indignante y rematando con ese clásico autoritario que ya es marca de casa: “les guste o no”.

Gobernar así no es gobernar, es administrar versiones. Es creer que la realidad se puede corregir desde el micrófono y que los hechos se doblan si se repiten lo suficiente con tono firme. Pero hay un problema: la realidad insiste. Insiste en forma de pescadores que pierden su sustento, de playas ennegrecidas, de fauna muerta, de ciudadanos que no están en la lista de invitados a los eventos controlados. Y cuando esa realidad irrumpe sin pedir permiso, la respuesta no puede ser ni la condescendencia ni el desprecio. Sin embargo, eso es exactamente lo que ofrece la gobernadora: frases huecas, incomodidad frente a quien reclama y, cuando la escena deja de ser manejable, la elegante huida. Porque escuchar, de verdad escuchar, implica aceptar que algo se hizo mal, y ahí es donde el sistema muestra que todo es una gran farsa.

Decir que debe renunciar no es una consigna caprichosa ni una rabieta colectiva amplificada por redes sociales; es, o debería ser, una conclusión política frente a una acumulación de señales que apuntan en la misma dirección: pérdida de credibilidad, incapacidad de interlocución y un manejo de crisis que privilegia la negación sobre la solución. La renuncia, en cualquier democracia que se tome en serio a sí misma, no es un castigo simbólico, sino un mecanismo de responsabilidad que permite contener el daño institucional cuando quien encabeza el gobierno deja de estar a la altura de su encargo.

Aquí, en cambio, se ha vuelto una pieza de museo, un gesto exótico que solo aparece en los libros de teoría política, pero que rara vez pisa la realidad mexicana.

Y es precisamente por eso que el caso de Nahle resulta tan revelador, porque exhibe no solo las limitaciones de una gobernadora, sino la lógica de un sistema que ha decidido que el costo político es opcional.

En otras latitudes, una crisis ambiental de esta magnitud, sumada a declaraciones que minimizan el daño y a una relación rota con los sectores afectados, abriría de inmediato una discusión seria sobre la continuidad en el cargo. Aquí, en cambio, lo que se activa es el manual de contención: bajar la intensidad del problema, cuestionar a quien lo señala, encapsular el conflicto en espacios públicos controlados y esperar a que la conversación pública se desgaste. No es incompetencia aislada, es método.

Por supuesto que hay antecedentes que agravan el cuadro. El paso de Rocío Nahle por la Secretaría de Energía ya había dejado suficientes dudas sobre su (in)capacidad de ejecución y sobre el manejo de proyectos emblemáticos como la Refinería Dos Bocas, ese símbolo de voluntad política sobrada y resultados discutibles que se vendió como solución y terminó convertido en referencia obligada cuando se habla de sobrecostos, opacidad y promesas que no aterrizan. Lo que hoy ocurre en Veracruz no surge de la nada; es la continuación lógica de una forma de ejercer el poder donde el discurso va siempre varios pasos adelante de la realidad.

Ahora bien, reducir todo esto a un “que se vaya” sin más sería quedarse a mitad del análisis, porque la verdadera anomalía no es que haya razones para pedir una renuncia, sino que, aun existiendo esas razones, no haya ningún mecanismo real que la haga viable. Morena llegó prometiendo ser distinto, romper con las inercias del pasado y construir un nuevo estándar de responsabilidad pública. Lo que ha terminado consolidando, en cambio, es una versión más eficiente de la impunidad: menos ruidosa, más disciplinada y mucho mejor coordinada en términos narrativos. Aquí no se cae nadie, no porque no haya motivos, sino porque el sistema está diseñado para absorberlos.

Y por eso el problema de fondo no es solo Nahle, aunque hoy tenga nombre y rostro. El problema es que hemos normalizado que un gobernante pueda perder credibilidad, ignorar a los afectados, minimizar crisis y, aun así, permanecer intacto en el cargo como si nada sustancial hubiera ocurrido. Hemos aceptado, casi sin darnos cuenta, que gobernar mal no tiene consecuencias políticas inmediatas, que el desgaste se administra y que la indignación ciudadana se diluye con el tiempo. Y en ese contexto, pedir una renuncia se vuelve un acto casi subversivo, no porque sea extremo, sino porque rompe con la regla no escrita de que aquí nadie se va.

De ahí que la frase “que se vaya la zacatecana” deba leerse con más cuidado. No es solo un grito de enojo, es la expresión de un hartazgo frente a una forma de gobernar que prefiere discutir con la realidad antes que corregirse frente a ella. Es, también, un recordatorio incómodo de que el poder en México rara vez se corrige desde dentro, y que cuando lo hace, no es por convicción, sino por presión insostenible.

Que se vaya, sí. Pero no para cerrar el capítulo con un relevo administrativo que deje intactas las condiciones que hicieron posible esta crisis, sino para abrir, de una vez por todas, la discusión que realmente incomoda: la de un sistema político que ha logrado lo impensable, convertir la falta de responsabilidad en norma y la permanencia en el poder en derecho adquirido, sin importar el costo que eso tenga para quienes están del otro lado de las decisiones.

Giro de la Perinola

(1) El caso de Silvano Aureoles confirma que la degradación del poder no es patrimonio exclusivo de un partido, sino una constante del sistema cuando las instituciones dejan de imponer límites reales. La trayectoria que va del encargo público a las acusaciones penales no debería ser una ruta conocida, y sin embargo lo es, porque la rendición de cuentas en México suele llegar tarde, mal o nunca.

(2) Y mientras tanto, Sergio Mayer vuelve a levantar la mano, recordándonos que en la política nacional no existe el retiro, solo la siguiente candidatura. Aquí no se exige eficacia para permanecer, basta con no desaparecer, con seguir orbitando el poder el tiempo suficiente hasta encontrar la siguiente puerta de entrada. Porque si algo ha perfeccionado el sistema político mexicano no es la rendición de cuentas, sino la capacidad de reciclar a sus protagonistas.