La violencia ‘incel’ en México: entre la radicalización digital y la negación de la realidad | Por Juan Martín Pérez Editorial Aristegui Noticias

Por Juan Martín Pérez García

El feminicidio de dos maestras en una escuela mexicana a manos de un adolescente que previamente subió videos de grupos ‘incel’ y un rifle de uso exclusivo del ejército no puede ser leído como un hecho aislado ni como una “desviación individual inexplicable”; por el contrario, se inscribe en un ecosistema de violencias que articulan machismo estructural, radicalización digital y omisiones institucionales persistentes, en un país donde la respuesta pública suele oscilar entre el pánico securitario y los reclamos al pasado, sin construir aún un enfoque integral que reconozca la especificidad de estas violencias emergentes.

En la Ciudad de México un joven asesinó a un adolescente en el CCH sur de la UNAM realizando un patrón similar: anuncio de la agresión en redes sociales, alusión a discursos de odio y vestimenta performativa. Otro joven en el Estado de Puebla anunció un ataque con dinámicas similares. Estos hechos llevaron a la conversación pública el término INCEL (célibe involuntario) asociado a episodios de violencia escolar y amenazas digitales con una gramática de odio relativamente consistente.

En este contexto, en los últimos meses se ha denunciado la difusión de miles de imágenes y videos “deep face pornográficos” generados con inteligencia artificial donde las víctimas son adolescentes de secundarias, bachilleratos y mujeres con liderazgo público. Las colectivas feministas han alertado la presencia de varias dimensiones: ideológica, conductual e institucional invitando a evitar reduccionismos que individualizan e invisibilizan la violencia machista implicada en estos hechos.

Asumiendo los riesgos de que se imponga el “pánico moral” frente a estos ataques, resulta particularmente preocupante que estas expresiones de violencia se produzcan en contextos educativos, espacios que deberían constituirse como entornos seguros, pero que hoy evidencian fracturas profundas en los sistemas de prevención, escucha y acompañamiento de adolescentes, especialmente hombres que atraviesan procesos de construcción identitaria en condiciones de precariedad económica, escasas habilidades sociales, aislamiento y exposición intensiva a entornos digitales.

La llamada machosfera —entendida como un entramado de comunidades digitales que promueven discursos antifeministas, dominación masculina y legitimación de la violencias machistas— no opera en el vacío, sino que encuentra terreno fértil en sociedades donde el patriarcado sigue estructurando relaciones de desigualdad, donde la violencia armada está normalizada y donde las instituciones han sido incapaces de generar alternativas de socialización no violentas para los hombres jóvenes .

En este sentido, el fenómeno INCEL no puede reducirse a una etiqueta mediática ni a un perfil psicológico individual, sino que debe comprenderse como una identidad digital misógina que convierte el agravio personal en ideología política y la violencia en performance identitario, particularmente en adolescentes que encuentran en estos espacios una narrativa de pertenencia y validación social. La evidencia muestra que estos procesos suelen estar mediados por sistemas algorítmicos que, bajo lógicas de maximización de atención, pueden conducir a jóvenes hacia contenidos cada vez más extremos, configurando lo que sociológicamente puede describirse como cavernas digitales: entornos cerrados donde se refuerzan creencias, se deshumaniza a las mujeres y se normaliza la violencia como respuesta legítima .

Sin embargo, reducir el problema a la tecnología sería un error analítico; el algoritmo no produce violencia por sí mismo, sino que amplifica condiciones preexistentes de desigualdad, exclusión y crisis de sentido. En México, estas condiciones se agravan por la convergencia entre precariedades, ausencia de políticas públicas de salud mental, disponibilidad de armas y una cultura política que privilegia el castigo sobre la prevención, lo que genera un escenario de alta letalidad cuando la radicalización digital se traduce en acción.

Los casos recientes en Michoacán, Puebla y Ciudad de México, donde no solo ejecutan ataques sino que previamente lo escenifican mediante videos con estética de violencia y referencias explícitas a comunidades incel, evidencia que estos actos no son impulsivos, sino procesos performativos que buscan reconocimiento, validación y notoriedad.

Frente a este escenario, la respuesta institucional en México ha mostrado patrones preocupantes de omisiones o falta total de compresión del tema. Predomina un enfoque reactivo que se activa tras la tragedia o la amenaza viral, basado en medidas de seguridad física como cierres de escuelas, vigilancia o control de accesos, mientras que los componentes estructurales —salud mental, educación en igualdad, detección temprana de riesgos— permanecen ausentes o fragmentados.

Este enfoque no solo resulta ineficaz para prevenir nuevos casos, sino que además reproduce una lógica adultocéntrica que excluye a niñas, niños y adolescentes como sujetos políticos capaces de participar en la construcción de soluciones, reforzando la idea de que la protección se ejerce desde arriba y no desde el diálogo intergeneracional.

El adultocentrismo constituye, en este contexto, un obstáculo crítico. La falta de espacios genuinos de escucha hacia adolescentes impide comprender las formas contemporáneas de socialización digital, las tensiones identitarias que atraviesan y las narrativas que consumen. Al mismo tiempo, las respuestas institucionales suelen oscilar entre la criminalización y la patologización, sin reconocer que la violencia emerge de entramados sociales complejos donde confluyen factores culturales, tecnológicos y estructurales.

Esta omisión no es ingenua: al no incorporar la voz de las infancias y juventudes, se pierde la posibilidad de construir estrategias de prevención situadas, legítimas y efectivas.

Aún estamos a tiempo de evitar una escalada de ataques similares, superar la idea de casos individuales, resulta imprescindible reconfigurar la política pública desde un enfoque de derechos humanos que articule tres dimensiones fundamentales.

En primer lugar, la prevención estructural, que implica incorporar educación sexual integral, formación en igualdad de género, alfabetización mediática crítica y pedagogías de educación contra la violencia machista como componentes centrales de la seguridad escolar.

En segundo lugar, la detección temprana y gestión de riesgos, mediante la creación de mecanismos institucionales intergeneracionales y equipos multidisciplinarios en escuelas con herramientas para identificar señales de alerta —como amenazas, publicaciones de armas o discursos de odio— y activar protocolos de intervención que prioricen la protección de potenciales víctimas y el acompañamiento psicosocial a los presuntos responsables.

En tercer lugar, un amplio debate nacional sobre la regulación y corresponsabilidad de plataformas digitales, que debe ir más allá de la tendencia punitiva prohibicionista y más allá de la moderación reactiva, para incluir mecanismos de transparencia algorítmica, prevención de amplificación de discursos de odio, criterios para atender las tensiones entre libertad de expresión y tolerancia a la monetización de estos contenidos; para avanzar a una cooperación efectiva con todas las autoridades implicadas.

A estas dimensiones se suma un elemento que el debate público ha evitado abordar con suficiente contundencia: la circulación de armas y su vínculo con la violencia juvenil. La evidencia es clara en señalar que la letalidad de estos episodios se incrementa de manera significativa cuando existe acceso a armas de fuego, lo que convierte el control de armas en un componente ineludible de cualquier estrategia de prevención. Ignorar esta variable, en un país atravesado por economías ilícitas y militarización, implica aceptar tácitamente la posibilidad de que la radicalización digital se traduzca en violencia machista extrema.

Diversos análisis coinciden en que es necesario problematizar el papel de las élites políticas y económicas en la reproducción de este escenario de violencia y los incentivos que tienen para no tomar medidas estructurales. Es decir, siguen apostando por la militarización, el populismo punitivo y la gestión de la seguridad basada en el espectáculo mediático; lo que no solo resulta ineficaz, sino que refuerza las condiciones que permiten la repetición de estas violencias, al priorizar el control sobre la transformación estructural.

En este sentido, el fenómeno “incel” en México no es únicamente un problema de adolescentes radicalizados, sino un síntoma de un modelo de sociedad que ha normalizado la violencia, precarizado las condiciones de vida de las juventudes y desmantelado los mecanismos comunitarios de cuidado colectivo.

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Lo que está en juego no es solo la seguridad en las escuelas, sino la posibilidad de construir un país donde las infancias y juventudes puedan desarrollarse en entornos libres de violencia, con acceso a herramientas de alfabetización digital críticas, acompañamiento emocional y participación efectiva en las decisiones que afectan sus vidas. Sin esta transformación, cada nuevo caso seguirá siendo interpretado como una anomalía, cuando en realidad forma parte de una tendencia de radicalización de la machosfera que ya ha comenzado a consolidarse.