¿Cuál soberanía? El Financiero

En los momentos tan complejos del presente, cuando la violencia y los conflictos internacionales dominan al planeta, es cuando se observan las verdaderas fortalezas o debilidades de los Estados.

Hoy, los Estados Unidos de Norteamérica enfrentan diversos frentes: tensiones con Irán, el conflicto en Palestina y, además, movimientos de protesta interna contra el gobierno federal encabezado por Donald Trump. Se trata, sin duda, de un escenario complicado, propio de una nación que vive un entorno de confrontación.

Sin embargo, y pese a ese contexto, existe una realidad profundamente reveladora, y es que en Estados Unidos subsiste el orden.

No se trata de negar los riesgos o de idealizar una sociedad, sino de reconocer que, incluso en un entorno de presión interna y externa, el ciudadano puede desenvolverse con relativa tranquilidad.

Basta caminar por la capital norteamericana para advertirlo, pues es posible que cualquier visitante transite por sus calles con una sensación de seguridad que, en otros lugares, parece cada vez más lejana.

Es posible ingresar al Capitolio, recorrerlo, observar el funcionamiento del Poder Legislativo; es posible acudir a la Suprema Corte, entrar y conocer el recinto. Sí, existen controles de seguridad, como es natural en cualquier Estado moderno, pero estos no se traducen en un cierre institucional ni en una barrera inamovible para el ciudadano. Hay orden, hay acceso y, sobre todo, hay confianza en las instituciones.

La comparación con México resulta, por decir lo menos, dolorosa. Nuestro país, particularmente después de la reciente reforma al Poder Judicial, ha experimentado un deterioro institucional que no puede ignorarse.

Quienes ejercemos el derecho, lo vivimos todos los días. Lo que antes era un entorno institucional accesible, hoy se ha convertido en una pared burocrática.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en otros tiempos podía ser visitada tanto por ciudadanos como por litigantes interesados en seguir un asunto, hoy se percibe como un espacio cerrado, distante y, en muchos casos, inaccesible.

El ingreso es limitado, condicionado y, en ocasiones, negado. Aun logrando acceder, el seguimiento de un expediente se vuelve una tarea sumamente difícil, pues hay respuestas evasivas, ausencia de personal disponible y una digitalización que, lejos de facilitar, obstaculiza el ejercicio del derecho humano de acceso a la justicia.

No es exagerado afirmar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación comienza a parecerse a una fiscalía. Y si de fiscalías hablamos, la situación es aún más preocupante.

La actual sede de la Fiscalía General de la República en Santa Fe, lejos de representar modernidad y eficiencia, se ha convertido en un recinto inaccesible.

Dar seguimiento a una carpeta de investigación, aun teniendo el derecho para hacerlo, implica sortear obstáculos administrativos que rayan en lo absurdo, como lo son citas electrónicas, validaciones estrictas de datos, esperas prolongadas a la intemperie y una atención ineficiente que elimina cualquier noción de justicia pronta y expedita.

Algunos argumentarán que estas medidas responden a necesidades de seguridad. Y es cierto, México enfrenta una crisis de violencia que no puede minimizarse. Vivimos, en los hechos, una guerra interna contra la delincuencia organizada.

Pero precisamente por ello, resulta aún más alarmante que esa inseguridad haya terminado por justificar la restricción de derechos fundamentales.

En este contexto, no puede pasar inadvertido que el presidente Donald Trump ofreció recientemente su apoyo al gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para combatir frontalmente a la delincuencia organizada. La respuesta fue negativa, bajo el argumento de la “soberanía nacional”.

Aquí surge una reflexión inevitable:

Primero, mientras Estados Unidos enfrenta conflictos externos, su vida institucional interna se mantiene funcional, accesible y ordenada.

En México, en cambio, la guerra es interna y el terreno ha sido, desde hace años, cedido a la delincuencia.

La consecuencia es evidente, pues no podemos garantizar ni siquiera condiciones básicas de seguridad en nuestra propia capital.

Segundo, ¿de qué “soberanía” hablamos? Cuando la violencia ha penetrado estructuras, cuando el acceso a la justicia se ve limitado, cuando la autoridad cede frente a la delincuencia, como ocurrió en su momento con la liberación de Ovidio Guzmán López, es legítimo cuestionar si esa “soberanía” sigue siendo una realidad o si se ha convertido en un discurso vacío.

La soberanía no se declama, se ejerce. Y cuando un Estado no puede garantizar seguridad, justicia y acceso institucional a sus ciudadanos, esa soberanía es, de facto, inexistente.

Negar la cooperación internacional bajo ese contexto no parece una decisión estratégica, sino un acto que merece un análisis más profundo. ¿Qué se pretende proteger? ¿Realmente se trata de “soberanía”, o de otros intereses?

La pregunta es incómoda, pero necesaria. Porque, al final del día, la verdadera obligación del Estado es con sus ciudadanos. Y hoy, en México, esa obligación sigue estando pendiente.