La Fiscalía alerta de un "aumento real" de los abusos económicos a las personas mayores Infobae
Roberto Ruiz Oliva
Córdoba, 22 mar (EFE).- El fiscal delegado de la Sección de Apoyo a Personas con Discapacidad y Mayores en Andalucía, Fernando Santos Urbaneja, ha advertido de un "aumento real" de los abusos económicos a personas mayores, sobre todo por la brecha digital, y ha exigido medidas "mucho más vigorosas" para la protección de este colectivo especialmente vulnerable.
En una entrevista con EFE, este experto ha explicado desde Córdoba que ser mayor implica actualmente una "situación de riesgo" en varios ámbitos, ya que se es proclive a sufrir abusos, tanto en el plano patrimonial como en el personal, como ocurre con los denominados 'abuelos esclavos', que asumen el cuidado forzado de sus nietos.
"Estamos sin duda ante un aumento real de las prácticas abusivas y de los delitos, favorecido por el uso por parte de defraudadores de instrumentos telemáticos complejos que desborda sobre todo la capacidad de comprensión de personas mayores o que ya sufren algún tipo de deterioro cognitivo", ha indicado.
En entornos familiares cercanos hay situaciones diversas, como las de personas mayores que hacen disposiciones voluntarias a favor de algún hijo, aunque los abusos se presentan cuando alguno de los familiares o allegados se propone, de modo consciente y deliberado, "despatrimonializarlas" mediante una estrategia.
Esta pasa por ganarse su confianza para hacerse con documentos como DNI, cartillas, tarjetas o poderes necesarios para efectuar operaciones ante entidades bancarias o administraciones públicas.
La reforma del Código Penal de 2015 permite ahora perseguir conductas entre familiares si hay abuso de la vulnerabilidad por edad o discapacidad.
Pese a ello, ha señalado, el abandono físico y el maltrato psicológico son fenómenos "muy poco perseguidos" y las personas mayores suelen sufrir estos abusos en silencio y se niegan a declarar en juicio cuando la denuncia proviene de terceros.
"Resulta muy difícil obtener prueba suficiente para fundar una condena", ha explicado el fiscal, incluso ante heridas o hematomas que pueden tener explicaciones no delictivas.
A diferencia de lo que pueda creerse, en los centros residenciales son poco frecuentes las defraudaciones y, en general, a la dirección y los profesionales no se les pasa por la cabeza este tipo de conductas que, además, son "fácilmente detectables", teniendo además en cuenta que los bancos son una fuente relevante de información gracias a convenios con la Fiscalía y protocolos supervisados por el Banco de España.
No obstante, hay ejemplos de casos graves, como una reciente apropiación de fondos por parte de la directora de una residencia de una usuaria desvalida que no recibía visitas.
Sobre la situación concreta en las residencias andaluzas, sostiene que se cumplen los servicios básicos, pero muestra su preocupación por tendencias como la generalización de comida proporcionada por empresas de catering en lugar de cocinada en los centros y el posible abuso de las contenciones mecánicas y farmacológicas.
A pesar de que no se detectan problemas muy distintos en el ámbito urbano y el rural en cuanto a conductas defraudatorias, Santos Urbaneja sí apunta a una gran desigualdad en cuanto al acceso a la prestación de bienes y servicios.
En el mundo rural, el cierre de oficinas bancarias y la eliminación de cajeros obligan a los mayores a usar tarjetas o banca telefónica, una situación que fuerza a muchos a recurrir a familiares e implica una "pérdida total de la intimidad económica y financiera".
El fiscal delegado cree asimismo que el sistema judicial no es lo suficientemente rápido para evitar el espolio patrimonial, especialmente cuando se produce "de golpe".
"Lo que se hace en un segundo con un 'clic' en el móvil, puede llevar años para anularlo y recuperar lo apropiado", ha lamentado este representante del Ministerio Público, quien reclama procedimientos de nulidad más rápidos y ventajas probatorias para los vulnerables.
Como avance positivo, destaca la reciente Ley 10/2025 de Servicios de Atención a la Clientela, una norma que obliga a las empresas a facilitar atención telefónica personal a mayores de 65 años, prohibiendo el uso de máquinas.
No obstante, el fiscal considera que el control de la Inteligencia Artificial en la contratación sigue siendo una "asignatura pendiente".
Aunque la Constitución y la legislación reconocen a los mayores como un colectivo especialmente vulnerable, las medidas para corregir sus problemas son escasas: "El diagnóstico es preciso pero el tratamiento es muy pobre, por lo que el pronóstico es malo", ha dicho Santos Urbaneja, que reclama a los poderes públicos medidas "mucho más vigorosas". EFE
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