Sugiere panista cambios en reforma a pensiones doradas Diario.mx

Héctor Saúl Téllez, diputado del PAN, pidió cambios a la reforma constitucional que prohíbe las "pensiones doradas" de ex servidores públicos, a fin de generar un sistema pensionario más equitativo, justo y sostenible.

Si bien, viene con el apoyo de todas las fuerzas políticas, sostuvo que aún se pueden hacer ajustes a la minuta proveniente del Senado y que en breve será discutida en la Cámara de Diputados, a fin de ampliar su cobertura y garantizar criterios técnicos en el tope de las jubilaciones.

El miércoles pasado, el Senado aprobó por unanimidad de 116 votos, la reforma que reduce el monto de pensiones millonarias que son otorgadas a ex funcionarios del Gobierno federal que se desempeñaban como personal de confianza.

Las jubilaciones o pensiones de personal de confianza de organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales del Gobierno federal, no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente, indica la reforma.

En esta iniciativa se excluyó a personal de las Fuerzas Armadas, así como las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales, y las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios.

El legislador panista, vicecoordinador económico de la fracción blanquiazul, señaló que se debería retirar la exclusión a jubilados de la armada y de líderes sindicales, con el fin de asegurar coherencia y equidad en la reforma constitucional.

"La reforma debe extenderse a pensiones excesivas en las Fuerzas Armadas y liderazgos sindicales, actualmente exentos. Figuras como líderes de sindicatos petroleros o mineros perciben montos desproporcionados, lo que podría incrementar los ahorros estimados más allá de los 5,000 millones de pesos.

"Exigir su revisión mediante auditorías independientes -vía la Auditoría Superior de la Federación- evitaría sesgos políticos y fortalecería la legitimidad de la medida", planteó el diputado federal.

Consideró que la propuesra pone un "tope arbitrario" a las pensiones, la mitad de las remuneraciones del Ejecutivo federal, sin considerar cálculos técnicos o fórmulas que se utilizan, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para calcular pensiones.

"Hay un tope arbitrario: El límite propuesto, equivalente al 50 por ciento del salario presidencial, de aproximadamente 70 mil pesos mensuales, carece de una base actuarial objetiva, y depende de variables políticas volátiles.

"Es preferible adoptar fórmulas parametrizadas que incorporen variables como años de cotización, aportaciones reales al fondo pensionario y naturaleza del cargo desempeñado.

"Esto se alinearía con modelos actuariales estándar, como los del Instituto Mexicano del Seguro Social, asegurando proporcionalidad y reduciendo litigios por arbitrariedad", explicó Téllez.

Además, agregó que otro elemento técnico que debería considerarse para topar "pensiones doradas" es la adopción de la Unidad de Medida y Actualización (UMAs) como métrica alternativa.

Mencionó que la UMA, valorada en 117.31 pesos diarios en 2026 y que se ajusta anualmente por inflación, ofrece un anclaje más robusto y neutral para realizar cálculos de pensión.

Por ejemplo, explicó, un tope de 25 UMAs mensuales (alrededor de 81,000 pesos) proporcionaría indexación automática, evitando distorsiones por decisiones ejecutivas.

Recordó que esta propuesta fue rechazada en el Senado, pero consideró que es viable aprobarla en la Cámara de Diputados en la revisión de la reforma.

Consideró que la propuesta emula sistemas en economías comparables y podría optimizar la tasa de reemplazo pensionaria en un 20-30 por ciento para mandos medios.

"Esta reforma constitucional tiene el potencial de avanzar hacia un sistema pensionario más sostenible y equitativo, corrigiendo pasivos históricos injustos. Sin embargo, su exitosa implementación depende de los ajustes técnicos mencionados para garantizar constitucionalidad, privacidad y objetividad", expuso el legislador.

Señaló que la reforma propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum puede corregir desequilibrios en el sistema pensionario, donde las remuneraciones, con montos que superan los 100 mil pesos e incluso el millón de pesos tal como los casos de ex directivos de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad (CFE), derivan de regímenes especiales y complementarios en entidades descentralizadas.

Estos esquemas son financiados con subsidios públicos que ascienden a unos 5 mil millones de pesos anuales, que no se alinean con principios de proporcionalidad contributiva ni con el artículo 123 constitucional, detalló.

"Es adecuado proceder a su tope y regulación para eliminar procesos onerosos y no equitativos, promoviendo una redistribución fiscal que priorice un correcto gasto público", consideró al avalar la propuesta de la titular del Ejecutivo.

Sin embargo, remarcó que se debe salvaguardar el principio de irretroactividad legal.

Dijo que aunque la reforma modifica el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su aplicación prospectiva, limitada a pagos futuros sin revocar lo devengado, podría mitigar percepciones de violación al principio de irretroactividad, reconocido en el artículo 14 constitucional.

"Este caso podría justificarse como excepción correctiva para terminar con privilegios injustos, respaldado por el consenso unánime en el Senado de 116 votos.

"Sin embargo debe justificarse que el régimen especial complementario de estas pensiones es inequitativo y se contrapone al principio de equidad comparado con las pensiones ordinarias. Este caso no debería crear un precedente para vulnerar el principio de irretroactividad, por lo que el Poder Judicial deberá argumentar la corrección de una injusticia contra un derecho adquirido, ante la posible lluvia de amparos", explicó sobre los impactos de la reforma.

El diputado del PAN cuestionó que a la par de que se aprobase la iniciativa en el Senado, el Gobierno federal haya divulgado listas de pensionados que no están sujetos al cambio.

"Dicha publicación viola potencialmente la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), al exponer información sensible sin anonimato adecuado. Esto genera un escrutinio público exacerbado y pone en un potencial riesgo de inseguridad a las personas exhibidas", destacó el legislador.

A partir de su entrada en vigor, todas las jubilaciones o pensiones que no estén excluidas y que se hayan otorgado con anterioridad deberán ajustarse al límite establecido, incluyendo las que se encuentren vigentes.