Axe Ceremonia | Denuncian estrategia de exadministradores de Parque Bicentenario para frenar proceso judicial Editorial Aristegui Noticias

Por: Brandon J. Celaya Torres

Una empresa imputada por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas en el Axe Ceremonia 2025 ha retrasado el proceso judicial con una estrategia jurídica, en coordinación con abogados que dicen representar a una de las víctimas, acusó este martes la colectiva #HoySomosTodoPorMiguel.

Durante una conferencia de prensa realizada a pocos días de que se cumpla un año de la tragedia, la organización conformada por defensores de Derechos Humanos, periodistas, así como familiares y amigos de Miguel Ángel Rojas acusó que Operadora Eclectic ha tramitado aproximadamente 15 juicios de amparo, de los cuales 13 han tenido como objetivo impedir la celebración de la audiencia inicial.

Además, los abogados Fabián Alejandro Victoria Rangel y Gerardo Guzmán Jiménez, quienes en el proceso representan a la familia Giles, han interpuesto recursos legales en virtual sintonía con Operadora Eclectic no solo para retrasar la audiencia, sino incluso para deslindar a esta compañía y que se le quite la calidad de imputada en el proceso penal, pese a tener que velar por los intereses de las víctimas y públicamente decir que buscan que se investigue a todas las partes.

Una revisión hecha por Aristegui Noticias a documentos judiciales contenidos en el expediente muestra que tanto Fabián Victoria como Gerardo Guzmán han ingresado escritos que buscan eximir de responsabilidades a Operador Eclectic, propiedad de los antiguos administradores del Parque Bicentenario, pese a que esta compañía fue la encargada del Programa Especial de Protección Civil del festival y se encuentra entre las imputadas.

Los abogados de la colectiva señalaron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya está enterada del actuar de los abogados Victoria Rangel y Guzmán Jiménez, pues el Código Penal de la CDMX castiga con hasta cuatro años de prisión y la suspensión para ejercer abogacía a quien “asista o ayude a dos o más contendientes o partes con intereses opuestos” en un mismo proceso.

Operadora Eclectic es propiedad de los hermanos George y Charles Edward Mc Phail Trouyet, quienes, a su vez, son socios de Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, con la cual tenían la concesión de las instalaciones del Parque Bicentenario en el momento de la muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.

Los dos asesores jurídicos de la familia de Berenice han presentado escritos formales ante el Ministerio Público en los que sostienen que Operadora Eclectic “solo participa de manera indirecta dado que únicamente dio el uso temporal de las instalaciones del Parque Bicentenario, pero no participa en la organización”.

Esta argumentación es casi idéntica a la que presentó el representante legal de Operadora Eclectic, George Mc Phail Trouyet, a la Fiscalía mediante un escrito propio.

No obstante, los abogados de la familia Rojas señalaron que hay suficientes pruebas para que la compañía tenga la calidad de imputada en el proceso penal. pues sería parte de la cadena de omisiones que derivó en el colapso de la grúa decorativa que costó la vida de los jóvenes fotógrafos.

Las grúas no formaban parte del Programa de Protección Civil del Axe Ceremonia celebrado el 5 de abril de 2025. A pesar de esto, las grúas se colocaron por instrucciones de la compañía O.N. Producciones Creativas, conocida comercialmente como Obra Negra y perteneciente a Grupo Eco, los dueños del festival.

Foto: Archivo Cuartoscuro

Según los abogados de la familia Rojas, Operadora Eclectic sabía que las grúas no estaban autorizadas. Esto supondría omisiones de la empresa encargada de realizar el plan deProtección Civil y de supervisar su puntual ejecución la cual justamente es Operadora Eclectic.

Responden sobre Ocesa y Lobo

Los abogados de la familia Giles han argumentado, en línea con la estrategia legal de Operadora Eclectic, que buscan llevar todos los actos de investigación antes de celebrar la audiencia inicial, específicamente las relacionadas con Ocesa y su empresa de seguridad, Servicios de Protección Privada Lobo.

Los abogados de la familia de Giles mantienen una campaña legal y mediática para que se impute a Ocesa y Servicios de Protección Privada Lobo, lo que no ha ocurrido hasta este momento. 

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha imputado formalmente a tres empresas por la muerte de los jóvenes periodistas: Operadora Eclectic, la encargada del Programa Especial de Protección Civil del festival; O.N. Producciones Creativas (Obra Negra), responsable de colocar las decoraciones y Agencia de los Socios, mejor conocida como Grupo Eco o Eco Live, dueña del Axe Ceremonia.

La representación de Berenice afirma que buscan la imputación de Ocesa y Lobo para que se investigue a todas las partes, pero omiten mencionar que también buscan deslindar a Operadora Eclectic y que la estrategia legal de esa misma empresa, en el proceso judicial, ha sido, justamente, acusar directamente a Ocesa y Lobo.

Foto: Archivo Cuartoscuro

Por otro lado, los abogados de la familia Rojas señalan que no es necesario dilatar la audiencia inicial para que se formulen nuevas imputaciones en el caso.

“Dicen que si no se sube a estas empresas no va a pasar nada. Esto es mentira“, afirmó el abogado Edwin Alán Piñón en la conferencia de prensa de este martes y ejemplificó con el caso Ayotzinapa, en el cual se han formulado múltiples imputaciones a lo largo de los años y conforme las investigaciones han evolucionado.

“La pregunta es ¿por qué retrasar la audiencia inicial cuando ya tenemos las pruebas contra las empresas y personas particulares? Más bien creo que los intereses son distintos y ajenos a que las familias tengan justicia en este caso”, añadió ante una pregunta de Aristegui Noticias. 

A su vez, negaron que tengan algún interés en defender a Ocesa y Lobo o que estén “comprados” por estas compañías, como han señalado los representantes de la familia Giles.

Los abogados de la familia Rojas consideraron que este tipo de descalificaciones provienen directamente de Operadora Eclectic en sincronía, una vez más, con los representantes de Berenice.

Según explicaron los abogados de la colectiva, las acusaciones penales son específicas a las omisiones y responsabilidades de la grúa que costó la vida a los jóvenes fotoperiodistas, pues en el Axe Ceremonia participaron más de 100 empresas, incluidas Ocesa y Lobo, en múltiples actividades no relacionadas con estas estructuras.

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Por su parte, la Fiscalía capitalina también “determinó que Ocesa no fue organizadora del evento ni tuvo calidad de garante. Su participación se limitó a servicios de control de accesos y a la comercialización de patrocinios, sin relación con la estructura que colapsó ni con el Programa Especial de Protección Civil”.

Si bien la Fiscalía deslindó a Ocesa y su empresa de seguridad y, en efecto, sus nombres no aparecen como responsables de las estructuras que colapsaron en el programa de Protección Civil, la gigante de los espectáculos sí fue aliada de Eco Live en el Axe Ceremonia y lo ha vuelto a ser en eventos posteriores.

Exigen a Clara Brugada y director de Aguas una postura por servidor público que busca deslindar a Operadora Eclectic

Uno de los abogados que dice representar a la familia de Berenice y ha presentado escritos para que no se celebre la audiencia inicial, en línea con Operadora Eclectic, también es funcionario de la Ciudad de México. Se trata de Gerardo Guzmán Jiménez

De acuerdo con una respuesta a una solicitud de transparencia y los registros públicos del gobierno capitalino, Guzmán Jiménez trabaja en la Secretaría de Gestión Integral del Agua, adscrito a la Unidad Departamental de Mantenimiento, desempeñándose como Administrativo de Control Presupuestal.

Según los representantes de la familia de Miguel Ángel, Guzmán Giménez se ha presentado a audiencias por el caso del Axe Ceremonia en lo que serían horarios laborales del servidor público.

Por lo anterior, los abogados de la familia Rojas exigieron a la Secretaría de Aguas y a la jefa de gobierno, Clara Brugada, una explicación.

“Que un funcionario público en ejercicios de sus funciones esté protegiendo a una de las empresas, además de que puede ser un delito, habla de corrupción”, señaló el abogado Alan Piñón.

“Tiene que investigarse por el Órgano Interno de Control. A estas alturas ya debería haber una investigación de qué está pasando con este funcionario público“, añadió.